El Gobierno ha puesto en marcha una nueva vía que permitirá anticipar la jubilación a aquellos trabajadores de profesiones que registren altos niveles de bajas laborales y siniestralidad.
La medida, que fue aprobada el pasado martes 27 de mayo en el Consejo de Ministros y publicada un día después en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece un procedimiento que aplica coeficientes reductores en determinadas actividades, facilitando el retiro de quienes desarrollan empleos especialmente exigentes y peligrosos.
Este mecanismo no es completamente nuevo. Hasta ahora, ya existían coeficientes reductores para colectivos como mineros, marineros o policías autonómicos (excepto en Canarias), lo que les permite jubilarse antes porque, a efectos de cómputo, un año trabajado en esas condiciones se contabiliza como más tiempo cotizado.
Sin embargo, con la nueva norma, se amplía el alcance de esta medida y se fija un sistema de evaluación basado en indicadores objetivos que analizan la siniestralidad y la duración de las bajas laborales en cada puesto (tanto por contingencias comunes como las bajas profesionales).
Análisis por puestos concretos y no por sectores
La principal novedad del sistema es que dependerá directamente de fórmulas que relacionan los niveles de mortalidad, incapacidad temporal y duración de las bajas con el número total de trabajadores de cada profesión. Estas variables permitirán determinar si una actividad justifica el acceso anticipado a la jubilación.
El Ministerio de Seguridad Social subraya que el análisis se llevará a cabo siempre por puestos concretos, y no por sectores completos, para garantizar que solo accedan a este derecho aquellos empleos donde no sea posible una adaptación que reduzca la carga física o el riesgo.
No obstante, los sindicatos advierten de que, en la práctica, la mayoría de los trabajadores de determinados sectores cumplirán los requisitos, ya que las condiciones laborales afectan de forma generalizada.
Este será el proceso para solicitarlo
La solicitud de aplicación de coeficientes reductores podrá iniciarse a través de un acuerdo entre los sindicatos y las patronales del sector. Si no se alcanza ese consenso, los representantes de los trabajadores podrán presentar la petición por su cuenta ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Esta entidad, junto con la Inspección de Trabajo, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral y, en caso de empleados públicos, el Ministerio de Función Pública, elaborará varios informes sobre las condiciones laborales del colectivo solicitante.
Toda esta documentación será analizada por una comisión de evaluación, encargada de aceptar o rechazar las solicitudes en función de los criterios técnicos establecidos. El Gobierno dispondrá de un plazo máximo de cuatro meses para constituir la comisión, que, a su vez, tendrá otros seis meses para estudiar cada caso.
Sectores que ya han mostrado interés
Entre los sectores que ya han anunciado su intención de solicitar la aplicación de coeficientes reductores están la construcción, la atención a la dependencia, las camareras de piso, los mozos de equipaje, los auxiliares de vuelo y el transporte tanto de mercancías como de pasajeros.
De momento, solo las patronales del transporte han mostrado su respaldo a estas demandas sindicales, mientras que otras organizaciones empresariales recelan de los costes adicionales que supondrá la medida.
Un pacto inusual entre Gobierno, sindicatos y patronal
La reforma cuenta con un amplio respaldo social: ha sido fruto del acuerdo entre el Ministerio de Seguridad Social, los sindicatos UGT y CCOO, y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. Se trata de uno de los pocos consensos alcanzados en los últimos años en materia de pensiones.
Límite de edad
El anticipo de la jubilación no podrá permitir a los trabajadores jubilarse antes de los 52 años. En el caso de puestos con mayores índices de siniestralidad y bajas, podría aplicarse ese límite. En otros casos, la edad de retiro se acercará a la edad ordinaria de jubilación (actualmente 65 años si se tienen los años cotizados suficientes).
¿Cómo afecta a las arcas públicas?
Para evitar que la medida impacte negativamente en las arcas públicas, el Gobierno ha establecido que su coste sea neutro para la Seguridad Social. Para ello, se incrementarán las cotizaciones sociales, una carga que recaerá especialmente en las empresas. Este punto ha generado tensiones dentro del propio tejido empresarial, a pesar del apoyo general de las grandes patronales al acuerdo.