Al Gobierno de Pedro Sánchez le está costando que Europa acepte considerar el catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales de la Unión Europea. Y es que, para que esta iniciativa salga adelante, es necesario que todos los países miembros den su visto bueno, los cuales han debatido este martes sobre la medida española. El problema es que, al menos, dos de los Veintisiete, Letonia y Lituania, se han mostrado abiertamente en contra de aceptar esta propuesta y con ello modificar el reglamento de uso de lenguas oficiales de la UE.
El debate sobre la propuesta española continuará a nivel técnico, ya que la gran mayoría de los socios se han mostrado dispuestos a seguir discutiendo si España detalla algunos puntos claves de esta medida como el coste que conllevará o cuál será su encaje legal. Esto pone en evidencia que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez no atendió la petición de los Estados miembros que solicitaron durante la anterior reunión, quienes pidieron una evaluación del impacto económico, práctico y legal.
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Es decir, todo parece indicar que gran parte de los países miembros de los Veintisiete están dispuestos a estudiar a fondo la propuesta y, por ello, consideran que es necesario conocer todos los aspectos de esta. Aunque el hecho que finalmente vaya a aceptarla es otro derrotero.
Antes de la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores de Letonia, Krisjani Karins, ya dejaba claro cuál es la postura de su país, dado que aseguró ante la prensa que no esperaba grandes cambios en las reglas sobre las lenguas oficiales. ¿El Motivo? Porque los Veintisiete tienen “otros problemas” geoestratégicos en su agenda “a los que dedicar el tiempo y en los que centrarse”. Al concluir el encuentro, tanto Karins como el lituano, Gabrielius Landsbergis, mostraron su rechazo a la propuesta debido al “impacto político” que la medida puede tener respecto a otros Estados como en su caso.
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Albares se muestra positivo
El ministro de Asuntos Exteriores se ha mostrado positivo tras finalizar la reunión y ha defendido que el resto de ministros que España está dispuesta a asumir los gastos que suponga el reconocimiento de las tres lenguas cooficiales. Además, España distribuirá los documentos que atiendas las preocupaciones expresadas por los Estados miembros. También se ha encargado a la Comisión Europea que presente una evaluación del cote que supondría cada una de las lenguas. “Otras lenguas no podrán ampararse en este reforma si el Estado miembro no lo desea”, ha explicado Albares.
Este también ha celebrado que, a excepción de las discrepancias de Letonia y Lituania, ningún país haya pronunciado un veto ante la medida y que la iniciativa continúe avanzando por los cauces oficiales. Paso a paso, aunque el hecho de aprobarse parece que todavía queda muy lejos.