El Gobierno analiza de qué forma saldar la deuda que se acumula todos los meses con el sistema eléctrico y que según estimaciones privadas ya supera un equivalente a USD 2.000 millones. Las restricciones fiscales que implican el plan de déficit cero innegociable que lleva adelante la administración libertaria otorgan menos opciones para regularizar esos pasivos por la vía de subsidios.
El Poder Ejecutivo debe cubrir con transferencias la diferencia que hay entre el costo de generación de la energía y el que pagan efectivamente los usuarios. Esos envíos se direccionan a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), la empresa que administra el suministro mayorista eléctrico y con las productoras de gas, a través de programas de subsidio como el Plan Gas.
Según datos de la consultora Economía y Energía, en el primer trimestre del año la cantidad de subsidios devengados a estos sectores clave en la cadena de suministro de energía a lo largo del primer trimestre del 2024 fue 71% menor que en comparación con el mismo lapso del año pasado.
“En el primer trimestre del presente año, se devengaron subsidios al sector energético por 666 millones de dólares, un 71% menos que en idéntico período del año anterior. La retracción de los subsidios dirigidos al sector energético durante el primer trimestre de 2024 condujo a un aumento de la deuda del Estado Nacional con los generadores de energía eléctrica y los productores de gas natural, entre otros”, plantearon desde esa consultora.
Esos pasivos se van acumulando y ponen presión sobre las cuentas fiscales del Estado nacional, que puede abultar la cuenta de deuda flotante –es decir, los pagos atrasados y que consta de la diferencia entre los gastos devengados y los que son efectivamente pagados–, lo que implicaría un compromiso que en algún momento del año tiene que saldar. Otra opción, que fue publicada este martes por el portal Econojournal, es que el Ministerio de Economía emita un bono del Tesoro para otorgar a esos acreedores.
Ante consultas de Infobae, desde la Secretaría de Energía no confirmaron que esa fuera la alternativa elegida pero que los funcionarios del área analizan de qué manera regularizarán esos pasivos. El título del Tesoro le permitiría una “diagonal” para evitar el uso de presupuesto que presione el déficit primario, aunque la emisión de un bono a las empresas y que devengue intereses en el tiempo podría incrementar la carga financiera futura.
En el Gobierno aseguran que no se trata de deuda que corresponde a la administración actual, sino que en buena parte se trata de pasivos del mandato anterior, ya que en el caso de Cammesa, por ejemplo, los pagos se realizan a 60 días. Ese rezago, argumentan, implica que la deuda de enero y febrero corresponde a los meses de noviembre y diciembre. En marzo, de todas formas, cuando ya se contempla el pago de las transferencias que corresponden a enero, tampoco registró un cambio de tendencia.
El corte casi total de transferencias a Cammesa comenzó a tensionar el mercado energético, que empezó a temer un corte en la cadena de pagos, tal como reflejó Infobae. Transener, cuyo principal accionista es el Estado Nacional, había anticipado en marzo que analizaba reclamos administrativos y judiciales para perseguir el cobro de esa deudas que reclaman a Cammesa.
Otro elemento que hace más complejo el proceso de cancelación de esa deuda hacia el sector tiene que ver con que se trata de un sector dolarizado: el salto del tipo de cambio de diciembre abultó todas las cuentas y la sospecha que circula en algunas empresas es que el Gobierno busque algún tipo de quita sobre esos pasivos.
Lo que las empresas tienen por cierto es cuál es la intención del equipo energético hacia adelante. El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo considera que que Cammesa tiene que volver a ser administradora y que los jugadores del mercado en cada eslabón de la cadena (generación, transporte y distribución) negocien entre ellas por el suministro. Antes de que esa situación pudiera cristalizarse, queda por resolverse esa masa de transferencias atrasadas.
Infobae había publicado ya que los últimos datos disponibles de la Tesorería mostraban cómo la deuda flotante creció de un mes a otro, lo que implica que crecen los pagos pisados. Los últimos datos oficiales que corresponden a febrero, muestran que ese número es de 1,6 billones de pesos, de los cuales unos $900.000 corresponden a gastos postergados que pertenecen al ejercicio 2024, mientras quedan $710.000 millones de 2023. Un mes antes, por caso, la deuda flotante de 2024 era de $505.000 millones, lo que implica de un mes a otro un aumento de casi 80 por ciento.
“Este es el primer default con el sector privado del Gobierno. ¿Quién va a invertir para generar los megas de energía que necesita el país?”, se preguntaron desde una de las grandes empresas del sector, en referencia a la falta de pago o una conversión a bono del Tesoro. En el Gobierno juran, por lo pronto, que el monto total adeudado al sistema energético sea superior a los USD 2.000 millones pero ante consultas de este medio no contrapusieron cuál es la cifra cierta.