El enfrentamiento del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con Javier Milei por la coparticipación se suma a la larga lista de conflictos económicos y políticos que vivió el territorio patagónico en los últimos años. Algunos de ellos por corrupción y planteos ambientales por la megaminería.
La motosierra de Milei está pasando por los fondos de las provincias y generando disputas con los mandatarios. Tras el rechazo de la Ley Ómnibus, la pelea llegó a su punto álgido cuando el viernes, en el acto por el 123° aniversario de Comodoro Rivadavia, Torres le dio un ultimátum al gobierno nacional por la retención de unos $13.500 millones de coparticipación federal.
“Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver”, afirmó Torres.
La decisión fue acompañada y apoyada por todos los gobernadores, a excepción del tucumano Osvaldo Jaldo. Cabe recordar que las cajas provinciales ya se vieron golpeadas también por la eliminación del Fondo Compensador de las tarifas del transporte público, cuyos recursos provenían del impuesto a los combustibles.
Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo alegó que el recorte fue producto de una deuda que mantenía Chubut con Nación y que estaba siendo descontada de la coparticipación.
Ahora bien, la provincia patagónica viene de años con un alto grado de conflictividad por distintos eventos:
Casos de corrupción: “El embrujo”
En 2017, luego de la muerte del gobernador Mario Das Neves, se descubrieron casos de corrupción en el marco de la causa conocida como “El embrujo”. El ex secretario del jefe provincial, Diego Miguel Correa, fue hallado culpable por la Corte Suprema por la creación de sociedades que, mediante su intervención, fueron beneficiadas por la adjudicación de contrataciones en detrimento de la administración pública. La asociación ilícita se completaba con la participación de otros tres funcionarios: Diego Luthers, Daniela María Souza y Juan Carlos Ramón.
Conflictos salariales
El vicegobernador de Das Neves, Mariano Arcioni, completó su mandato y luego fue reelegido como candidato del Frente Renovador para el período 2019-2023. Arcioni protagonizó un fuerte conflicto con los empleados públicos por la incapacidad para hacer frente al pago de sueldos ante una compleja situación financiera. Enfrentó manifestaciones de los gremios estatales que llegaron a paralizar casi por completo el estado provincial.
En medio del conflicto, y mientras que los empleados públicos cobraban de manera escalonada, Arcioni presentó un proyecto de ley en la legislatura de la provincia para que se apruebe un aumento de sueldo a toda la planta política, incluido el del gobernador, vicegobernador y todo el gabinete.
Para poder cumplir con las distintas obligaciones, entre ellas los salarios públicos, Arcioni pidió préstamos a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. El monto, según el ministro de Economía Luis Caputo, asciende a $119.000 millones. Son justamente las cuotas de esa obligación las que Nación le descontó a la provincia. La posibilidad de retener fondos para saldar deuda había sido acordada entre Arcioni y el ex candidato presidencial Sergio Massa dos semanas antes del balotaje en noviembre pasado.
Ataque a Alberto Fernández e incendio de la legislatura provincial
En marzo de 2021, un grupo de manifestantes ambientalistas atacó con golpes y piedrazos el vehículo del ex presidente Alberto Fernández, quien se había trasladado a la localidad chubutense de Lago Puelo en el marco de los incendios forestales que se produjeron en la zona.
La protesta se había realizado en rechazo de la megaminería. Resulta que por aquel entonces la legislatura provincial buscaba aprobar la Ley de Zonificación, a través de la cual se permitía la minería metalífera química, de plata, cobre y plomo en Telsen y Gastre.
Con esta normativa, la empresa canadiense Pan American Silver iba a estar habilitada para explotar el denominado proyecto Navidad en la meseta. Se trata de un yacimiento de plata considerado como uno de los más importantes del mundo.
Si bien desde la compañía aseguraban que no iban a utilizar cianuro para la extracción, la opción propuesta del xantato no era menos nociva. Los opositores advertían por el potencial contaminante de la actividad.
En diciembre de ese mismo año, la legislatura aprobó el proyecto de zonificación. Pero solo se mantuvo en pie una semana: la ley se derogó por unanimidad luego de que manifestantes quemaran y generaran destrozos en la Casa de Gobierno provincial.
Finalmente, la firma canadiense levantó su operación con la que pretendía conseguir 7,5 millones de onzas de plata anuales.