El reciente fallo absolutorio para tres activistas climáticos que arrojaron pintura naranja sobre Stonehenge en 2024 ha reavivado el debate sobre los límites de la protesta ambiental y la respuesta judicial en el Reino Unido. El jurado del Tribunal de la Corona de Salisbury declaró no culpables a Niamh Lynch, Rajan Naidu y Luke Watson tras dos semanas de juicio, exonerándolos de todos los cargos relacionados con el incidente en el emblemático sitio prehistórico.
El 19 de junio de 2024, Lynch y Naidu rociaron polvo de maicena teñido de naranja sobre tres de los megalitos de Stonehenge, mientras Watson, quien colaboró en la planificación y condujo a los otros dos hasta el lugar, permanecía en las inmediaciones. Los tres forman parte del grupo de campaña Just Stop Oil, conocido por sus acciones directas para exigir el fin de los combustibles fósiles.
La protesta, que fue captada en video, muestra a Lynch y Naidu cruzando una valla de cuerda y liberando nubes de polvo naranja desde botes, hasta que empleados de Stonehenge y un miembro del público intervinieron. La policía detuvo a ambos activistas poco después, entre abucheos de algunos presentes. A pesar del revuelo, las celebraciones tradicionales del solsticio de verano se desarrollaron esa misma noche sin alteraciones.
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El acto generó indignación internacional, aunque la sustancia utilizada era inocua y no causó daños visibles al monumento, según confirmó Nick Merriman, director ejecutivo de English Heritage, poco después del suceso.
El costo de la limpieza ascendió a seiscientas veinte libras esterlinas (USD 815), una cifra que Watson consideró desproporcionada en relación con la magnitud del proceso judicial. “Me alegra el veredicto, pero siento que las últimas dos semanas han sido un completo desperdicio de dinero público. Un caso que implicaba seiscientas veinte libras de daños debería haberse resuelto en el tribunal de magistrados”, declaró Watson a Artnet News.
La protesta buscaba presionar al nuevo gobierno británico, elegido el 4 de julio, para que firmara un tratado legalmente vinculante que garantizara la eliminación progresiva de los combustibles fósiles antes de 2030.
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El Partido Laborista, que obtuvo una victoria aplastante y prometió convertir al Reino Unido en una “superpotencia de energía limpia” y líder climático internacional para ese año, no respaldó la acción. De hecho, el líder laborista Keir Starmer condenó enérgicamente el acto en la red X, calificándolo de “indignante” y añadiendo: “Just Stop Oil es patético. Los responsables deben afrontar todo el peso de la ley”.
En noviembre de 2024, Naidu, de setenta y cuatro años, y Lynch, de veintitrés, fueron acusados formalmente de destruir o dañar un monumento antiguo y de causar molestias públicas. Watson, de treinta y seis años, enfrentó cargos por colaborar, instigar o facilitar ambos delitos.
Además, en julio de 2024, fue arrestado por otra acción de Just Stop Oil en el aeropuerto de Heathrow y permaneció en prisión preventiva en Wormwood Scrubs, Londres. En palabras de Watson a Artnet News: “La revolución no es una cena de gala, no es escribir una canción ni agitar una pancarta. Tenemos que hacer todo lo posible para que una revolución pacífica sea posible”.
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El caso de Stonehenge se inscribe en una serie de procesos judiciales recientes contra activistas climáticos en el Reino Unido. En septiembre de 2024, el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres condenó a Phoebe Plummer y Anna Holland a penas de prisión de dos años y veinte meses, respectivamente, por arrojar sopa a un cuadro de Vincent Van Gogh en la National Gallery en 2022.
Ambas fueron halladas culpables de daños criminales, cargos que negaron. En contraste, en octubre de 2024, el Tribunal de Magistrados de Manchester absolvió a dos miembros de Just Stop Oil que se habían pegado a una pintura de J.M.W. Turner en la Manchester Art Gallery en 2022, al considerar que su acción fue proporcionada ante la crisis climática.
La absolución de los activistas de Stonehenge, junto con los fallos divergentes en otros casos recientes, pone de relieve la complejidad jurídica y social que rodea las protestas ambientales en el Reino Unido.
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