Raúl Castro, de 95 años, enfrenta una orden de arresto sin derecho a fianza firmada por una jueza de Miami. El documento lo acusa de conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996.
Miguel Díaz-Canel, actual presidente designado de Cuba, respondió de inmediato en X. Calificó el anuncio como un “patético circo miamense” y negó que la medida tenga efectos legales reales.
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“La repudiable acción contra el general de ejército esta mañana en un patético circo miamense, con trasfondo electoral, no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico”, escribió el dictador, según Periódico Cubano.
Qué dice la nueva orden de arresto
La orden estatal fue firmada el 16 de octubre por la jueza Ariana Fajardo Orshan, del Circuito Judicial 11 de Florida. El documento sostiene que existe causa probable para creer que Castro acordó con otros cometer el asesinato de los cuatro ocupantes de las aeronaves derribadas.
La fiscalía estatal sostiene que el exministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias dio la autorización final para atacar las avionetas civiles, que volaban fuera de las aguas territoriales cubanas. La causa se apoya en una red de espías infiltrados que habría transmitido a La Habana los planes de vuelo de la organización.
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El fiscal general de Florida, James Uthmeier, encabezó la presentación de los cargos en una conferencia de prensa en la Universidad Internacional de Florida. “Lo que ocurrió no fue un accidente. Fue un asesinato. Las pruebas dejan absolutamente claro que hubo una conspiración”, sostuvo ante familiares de las víctimas.
Uthmeier afirmó además que “no puede haber un futuro de Cuba que incluya a los Castro, punto final” y advirtió que la orden restringe la capacidad de Castro para salir de la isla, ya que cualquier país con acuerdo de extradición con Estados Unidos podría entregarlo a la justicia.
No es la primera vez que Díaz Canel rechaza este tipo de señalamientos. Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló cargos federales contra Castro el 20 de mayo pasado, Díaz-Canel ya había calificado esa acusación como una maniobra política destinada a “justificar la insensatez de una agresión militar contra Cuba”.
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Un proceso estatal paralelo al caso federal
La causa presentada este lunes es independiente del expediente federal. El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, había anunciado en mayo cargos de asesinato y destrucción de una aeronave contra Castro y otros cinco exmilitares cubanos.
El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, respaldó la actuación paralela. “Nuestra histórica acusación federal sentó las bases, y James y su equipo han dado ahora el importante paso de presentar cargos conforme a la ley de Florida”, declaró en la conferencia de prensa.
Uthmeier destacó una diferencia clave entre ambos procesos: ningún presidente de Estados Unidos puede conceder un indulto por delitos juzgados bajo las leyes estatales de Florida.
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La investigación estatal fue reabierta en marzo de este año, tres décadas después del ataque, e involucra a la Oficina de Procesamiento Estatal y al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida.
Hasta el momento no se confirmó ninguna detención de Castro. El fiscal reconoció que es poco probable que el expresidente se presente ante un tribunal de Miami por sus propios medios, pero aseguró que las autoridades están listas para procesar el caso si surge la oportunidad.
Las cuatro víctimas del derribo
El ataque ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando cazas cubanos MiG destruyeron con misiles aire-aire dos avionetas desarmadas que habían despegado del aeropuerto de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade. Un tercer aparato logró escapar.
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Murieron Carlos Costa, de 29 años; Pablo Morales, de 29; Mario de la Peña, de 24, y Armando Alejandre Jr., de 45. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Tres de ellos eran ciudadanos estadounidenses y uno, residente permanente legal.
Las víctimas pertenecían a Hermanos al Rescate, organización con sede en Miami dedicada a localizar y auxiliar a personas que intentaban huir de Cuba por mar. La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, centró su intervención en las familias de los fallecidos durante la conferencia de prensa: dijo que es importante exigir responsabilidades y demostrarles que su gobierno no las ha abandonado.
El gobierno cubano no emitió hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre la nueva acusación estatal, más allá del mensaje publicado por Díaz-Canel en sus redes sociales.
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