El Poder Judicial respaldó la propuesta de la presidenta de la República, Laura Fernández, de reactivar las reuniones periódicas entre los presidentes de los Supremos Poderes, un mecanismo que durante años permitió abordar de manera conjunta los principales problemas de Costa Rica.
La iniciativa fue planteada por Fernández en una cadena nacional, en la que propuso recuperar este espacio de coordinación entre la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con especial atención en uno de los problemas que más preocupa actualmente al país: la seguridad.
La mandataria planteó que estos encuentros permitan establecer metas, responsables y plazos concretos en materia de seguridad, además de dar seguimiento a los compromisos asumidos por cada institución.
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La propuesta también contempla que los avances sean informados trimestralmente a la ciudadanía, con el objetivo de que exista seguimiento público sobre las acciones acordadas y las responsabilidades de cada poder.
Ante este planteamiento, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, manifestó que el Poder Judicial recibe con agrado la iniciativa.
“Es una buena decisión para el país y la reconocemos como tal”, señaló el magistrado al referirse a la posibilidad de retomar estos encuentros.
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Sin embargo, el Poder Judicial dejó claro que la disposición para sentarse nuevamente en una mesa de diálogo debe estar acompañada de condiciones que garanticen que las conversaciones se desarrollen dentro del marco constitucional.
Una tradición que busca regresar
De acuerdo con Aguirre, la propuesta de volver a reunir a los presidentes de los Supremos Poderes no constituye una idea nueva.
Durante años, los jerarcas de las cuatro instituciones se reunían aproximadamente cada tres meses para analizar los grandes temas nacionales.
La intención ahora es recuperar ese mecanismo de diálogo en un momento en que Costa Rica enfrenta importantes desafíos, particularmente en materia de seguridad y criminalidad.
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Para el Poder Judicial, un proceso de diálogo efectivo requiere “buena fe, respeto entre las partes, disposición real a escuchar y comprender y reglas claras conocidas por todos”.
Por esa razón, la Corte considera importante que las reuniones cuenten con una agenda de trabajo previamente conocida, de manera que cada institución pueda prepararse, plantear sus necesidades y aportar propuestas concretas.
“Se coordina sin que nadie mande sobre nadie”
Uno de los principales mensajes enviados por el Poder Judicial es que la eventual coordinación entre los Supremos Poderes no puede traducirse en una pérdida de independencia institucional.
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“Se coordina sin que nadie mande sobre nadie”, enfatizó la Corte.
La institución recordó que cada uno de los poderes llega a este tipo de encuentros como un actor en igualdad de condiciones, con competencias y responsabilidades propias que no pueden ser cedidas.
En ese sentido, el Poder Judicial también hizo referencia a los mecanismos constitucionales y legales mediante los cuales cada institución debe rendir cuentas ante la ciudadanía.
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La posición adquiere especial relevancia en medio de las diferencias que durante los últimos meses han surgido entre el Poder Ejecutivo y el Judicial alrededor de las estrategias para enfrentar la criminalidad y de los recursos necesarios para fortalecer el sistema de justicia.
Seguridad, el punto central
La seguridad aparece como uno de los principales temas que Fernández pretende colocar sobre la mesa.
La presidenta ha planteado la necesidad de que las instituciones del Estado trabajen de manera coordinada frente al aumento de la criminalidad y establezcan compromisos verificables.
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El Poder Judicial coincide en que la seguridad no puede ser abordada desde una sola institución.
“Los problemas más difíciles, empezando por la seguridad, no son de una sola institución, son problemas de todas”, señaló la Corte.
La institución recordó que continuará cumpliendo las funciones que constitucionalmente le corresponden: perseguir el delito, proteger a las personas y llevar justicia a cada rincón del país.
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No obstante, considera que el diálogo entre los poderes puede contribuir a encontrar soluciones conjuntas, siempre que cada institución mantenga sus competencias.
El financiamiento de la justicia también está sobre la mesa
El Poder Judicial aprovechó su respuesta para recordar algunos de los criterios sobre los cuales ya se ha pronunciado públicamente.
Entre ellos mencionó el respeto a las obligaciones constitucionales relacionadas con el financiamiento de la justicia, así como el carácter no negociable de las decisiones que corresponden exclusivamente a los jueces.
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También señaló como prioridad el fortalecimiento de la seguridad y la mejora de los servicios que reciben los ciudadanos.
La Corte sostuvo que cada institución debe explicar públicamente las razones que sustentan sus posiciones, de modo que sean los ciudadanos quienes puedan valorar los argumentos y juzgar las actuaciones de cada poder.
La reactivación de las reuniones se plantea así como un intento de recuperar un canal institucional de diálogo en momentos de importantes diferencias entre los poderes del Estado.
Para el Poder Judicial, conversar no significa renunciar a sus competencias ni aceptar imposiciones, sino sentarse en una misma mesa para explicar qué necesita cada institución y escuchar las necesidades de las demás.
La propuesta de Fernández busca además que ese diálogo tenga resultados medibles, mediante metas, responsables y plazos, así como una revisión trimestral de los avances.
Para la Corte, ese intercambio puede convertirse en una herramienta útil si se desarrolla bajo reglas previamente acordadas.
“Con esas condiciones, el diálogo no solo es posible, es el mejor camino”, sostuvo el Poder Judicial.
La institución reiteró que continuará cumpliendo las funciones que le corresponden y cerró su posición con un mensaje de disposición para participar en la conversación entre los poderes.
“Un país se construye conversando con reglas claras y con respeto”, afirmó la Corte.
Aguirre agregó: “En esa conversación, Costa Rica siempre va a contar con su Poder Judicial”.