La justicia de Costa Rica determinó que un hombre de apellidos Chavarría Monge deberá continuar bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación por el femicidio de Cindy Murillo Bonilla y el homicidio de su hija menor. El Juzgado Penal de Alajuela resolvió extender la medida cautelar, que rige desde el 4 de noviembre de 2025, por un período adicional de seis meses.
El caso se remonta a finales de octubre y principios de noviembre de 2025, cuando los hechos salieron a la luz tras una alerta de emergencia en una vivienda situada en Calle Esperanza, en el distrito de San Rafael de Alajuela.
El Ministerio Público atribuye a Chavarría la supuesta responsabilidad en la muerte de las víctimas mediante mecanismos de asfixia.
La relación entre Chavarría y Murillo se habría iniciado apenas en septiembre de 2025. Desde ese momento, ambos convivían junto con la menor en el apartamento donde posteriormente ocurrió el crimen. La Fiscalía sostiene que los hechos habrían acontecido entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre de 2025.
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Durante la noche del 2 de noviembre, el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja Costarricense acudieron al lugar tras recibir una llamada por una emergencia doméstica.
Inicialmente, las autoridades consideraron que se trataba de una posible fuga de gas. Sin embargo, al ingresar a la vivienda, los socorristas hallaron los cuerpos de Cindy Murillo Bonilla y de su hija sobre una cama y cubiertos con una cobija.
Chavarría también fue encontrado dentro del apartamento, con lesiones de arma blanca en las muñecas, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital San Rafael de Alajuela para su atención médica.
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La residencia donde ocurrió el crimen había sido habitada por Murillo y su hija durante menos de seis meses. El caso provocó un fuerte impacto en la comunidad local. Varios vecinos habían manifestado que no percibieron ningún ruido ni señales que permitieran sospechar que estaba ocurriendo una situación violenta en el interior del apartamento de Calle Esperanza.
La investigación judicial continúa bajo reserva, mientras la Fiscalía recopila pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias exactas de los hechos. El Juzgado Penal de Alajuela fundamentó la extensión de la prisión preventiva en la gravedad de los delitos investigados y en la necesidad de evitar riesgos procesales, como la posible fuga del imputado o la alteración de pruebas.
De acuerdo con los procedimientos judiciales en Costa Rica, la prisión preventiva puede renovarse sucesivamente en casos de delitos graves, como el femicidio y el homicidio calificado.
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Este doble crimen ha suscitado un debate sobre la seguridad de las mujeres y los menores en situaciones de convivencia con parejas recientes. Organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos feministas de Costa Rica han solicitado a las autoridades fortalecer los mecanismos de prevención y atención en casos de violencia doméstica.
La Fiscalía no ha dado a conocer nuevos detalles sobre la evolución del caso ni sobre eventuales pruebas adicionales, manteniendo la confidencialidad habitual en investigaciones de esta índole. El proceso judicial contra Chavarría Monge sigue en curso, con la expectativa de que las autoridades definan en los próximos meses si existen elementos suficientes para llevarlo a juicio.
Según datos del Poder Judicial de Costa Rica, los casos de femicidio y homicidio intrafamiliar han incrementado la presión sobre los tribunales y las instituciones encargadas de la protección de víctimas. El caso de Cindy Murillo Bonilla y su hija permanece bajo seguimiento público, tanto por la gravedad de los hechos como por la respuesta de las autoridades judiciales.
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