La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa inició el análisis de la primera modificación al presupuesto nacional de 2026, una propuesta impulsada por el Ministerio de Hacienda que contempla ajustes en ingresos y gastos del Gobierno central, incorporación de recursos pendientes y reasignaciones para atender obligaciones urgentes de distintas instituciones públicas.
La discusión arrancó con la comparecencia del viceministro de Ingresos, Luis Molina, y la contralora general de la República, Marta Acosta, quienes explicaron a los diputados los alcances de la modificación presupuestaria y las razones técnicas detrás de los movimientos financieros planteados por el Ejecutivo.
Según expuso Molina ante los legisladores, la propuesta busca ajustar ingresos y egresos del Gobierno central, incorporar recursos que no habían sido presupuestados inicialmente, atender disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República y realizar cambios urgentes solicitados por diversas entidades públicas.
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Entre los principales movimientos destaca un aumento de ingresos corrientes por aproximadamente ₡658 millones (USD 1.4 millones). De ese monto, ₡53,7 millones (USD 118 mil )provenientes del impuesto a la minería serán trasladados a asociaciones de desarrollo del cantón de Montes de Oro. Paralelamente, el plan incluye una reducción presupuestaria superior a los ₡52 mil millones (USD 116 millones)
Uno de los anuncios que generó mayor atención durante la sesión fue la incorporación de ₡5.574 millones (USD 12 millones) destinados a infraestructura en la provincia de Limón, específicamente para la construcción de dos puentes en la región Caribe.
De acuerdo con el viceministro, los recursos provienen de superávits libres de JAPDEVA que fueron reintegrados al Gobierno central para ser presupuestados dentro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y ejecutados por el Consejo Nacional de Vialidad.
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“Es un proyecto muy bonito que trabajó JAPDEVA con el CONAVI”, explicó Molina ante la comisión, al señalar que las obras se vienen coordinando desde el año pasado entre las autoridades del sector transporte y desarrollo portuario.
La discusión legislativa ocurre en un contexto de presión constante sobre las finanzas públicas y de cuestionamientos recurrentes sobre la planificación presupuestaria del Estado. Precisamente, la contralora Marta Acosta advirtió durante su exposición que varios de los ajustes incluidos en esta modificación responden a omisiones y debilidades detectadas en la formulación inicial del presupuesto aprobado para este año.
La jerarca del ente contralor indicó que parte de los recursos que ahora se buscan incorporar debieron haber sido presupuestados desde 2025, mientras que otros movimientos pretenden cubrir gastos que no fueron contemplados adecuadamente en el plan original.
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Además, Acosta señaló la necesidad de revisar la eliminación de varias normas de ejecución presupuestaria contenidas en el artículo siete de la Ley de Presupuesto de la República, al considerar que dichas herramientas permiten fortalecer la transparencia y mejorar los controles sobre el uso de los recursos públicos.
La Contraloría también insistió en la importancia de establecer mecanismos permanentes mediante leyes ordinarias que faciliten la detección de espacios de eficiencia en la administración estatal y garanticen una mayor claridad en la prestación de servicios públicos.
El análisis de modificaciones presupuestarias suele convertirse en uno de los debates más sensibles dentro de la Asamblea Legislativa, especialmente por el impacto que tienen las reasignaciones sobre instituciones públicas, programas sociales y proyectos de infraestructura.
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En años recientes, Costa Rica ha enfrentado múltiples discusiones sobre disciplina fiscal, crecimiento de la deuda pública y control del gasto estatal, temas que incluso motivaron reformas como la regla fiscal y negociaciones con organismos internacionales.
Para el Gobierno, este tipo de ajustes son necesarios para corregir desequilibrios detectados durante la ejecución del presupuesto y responder a necesidades emergentes de distintas instituciones. Sin embargo, algunos diputados han advertido en otras ocasiones sobre la práctica reiterada de incorporar recursos o corregir omisiones mediante modificaciones posteriores al presupuesto original.
Durante la sesión, los integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios también consultaron sobre la sostenibilidad de algunas partidas y el impacto que podrían tener los recortes planteados en determinadas áreas de la administración pública.
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El expediente continuará en análisis en las próximas sesiones legislativas antes de ser remitido al Plenario para su eventual votación. Los diputados deberán definir si aprueban los cambios propuestos por Hacienda o introducen modificaciones adicionales al texto.
Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda insiste en que la propuesta busca garantizar la continuidad operativa del Estado, cumplir obligaciones legales y reforzar proyectos considerados prioritarios, particularmente en infraestructura y atención de compromisos financieros pendientes.
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