Una denuncia penal, fiscal y disciplinaria involucra a al menos cinco magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, que tendrán que responder por, al parecer, haber recibido salarios durante siete años sin asumir procesos de apelación; una situación que se atribuiría a la demora en la llegada de los primeros fallos de primera instancia.
La acción, según La FM, fue presentada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente del tribunal, Danilo Rojas Betancourth; Rodolfo Arango Rivadeneira, Eduardo Cifuentes Muñoz, Sandra Rocío Gamboa y Mirtha Patricia Linares, que hacen parte de la Sección de Apelación de la JEP.
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El documento, en el que cuestionó que los despachos contaran con una planta de 11 personas adicionales, establecida en el Acuerdo AOG 020 de 2024 de la JEP. La estructura incluyó tres magistrados auxiliares, cinco profesionales grado 33, un sustanciador nominado, un auxiliar judicial y un conductor.
La denuncia interpuesta ante la célula legislativa, que investiga a los de fuero especial, pidió imputar a los magistrados por presuntos delitos de peculado por apropiación, prevaricato y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Según el documento, la referida sección solo comenzó a recibir asuntos para resolver a finales de 2025.
La denuncia fijó el inicio de la JEP en marzo de 2018, un año después de su creación
Según el documento remitido a la Comisión de Acusación, la JEP inició formalmente sus labores y abrió sus puertas al público el 15 de marzo de 2018. Después de la distribución de magistrados entre salas y secciones, los cinco denunciados en el referido escrito radicado ante la Cámara quedaron asignados a la Sección de Apelación.
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El denunciante planteó que los magistrados sabían que los recursos contra sentencias de primera instancia tardarían en llegar a su despacho. “A pesar de que sabían que el primer caso para fallo apelado les llegaría dentro de varios años, y de hecho no les llegó sino a finales de 2025”, se reiteró la denuncia revelada por el citado medio.
En la denuncia penal, fiscal y disciplinaria sostiene que, durante ese lapso, los magistrados viajaron dentro y fuera del país y conformaron la planta de personal de sus despachos. También les reprocha no haberse sumado a tareas de otras salas o secciones que requerían apoyo en sus labores, como parte de este tribunal de cierre.
“Los cinco magistrados se cruzaron de brazos años enteros sin trabajar, muy orondos, cobrando el sueldo sin pudor alguno, sin pena, sin vergüenza”, señaló el escrito con el que se busca una investigación a fondo que determine, según el documento, el accionar de los togados frente al avance de los macrocasos que tiene a su cargo la JEP.
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Primeras sentencias remitidas a apelación fueron emitidas en septiembre de 2025
La denuncia relacionó el inicio de las labores jurisdiccionales de la Sección de Apelación con dos decisiones de primera instancia dictadas en septiembre de 2025. La primera correspondió al Macrocaso 01, sobre las Farc, y la segunda al Macrocaso 03, sobre falsos positivos de integrantes de la Fuerza Pública en el Batallón La Popa.
En lo que respecta a la sentencia del Macrocaso 01 fue emitida el 16 de septiembre de 2025, mientras que la del Macrocaso 03 se produjo dos días después. Tras las notificaciones, recursos e impugnaciones, ambos expedientes llegaron a la Sección de Apelación al finalizar ese año, de acuerdo con la denuncia, para su estudio.
Con ello, en el documento se diferenció la situación de los funcionarios asignados a los despachos de la de los magistrados. Según el denunciante, algunos de esos empleados fueron trasladados temporalmente a otras dependencias bajo una política interna denominada “movilidad”, por lo que pidió se establezca su impacto.
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“Esos pocos que rotaron sí trabajaron algo”, sostuvo el escrito al referirse a los funcionarios que apoyaron otros despachos. La denuncia también indicó que Patricia Linares y Eduardo Cifuentes, que también fueron presidentes de la JEP, tenían capacidad para modificar la planta de personal y así apoyar la descongestión, pero no lo hicieron.
El documento cuestionó nueve decisiones interpretativas de la Sección de Apelación
Como parte de sus cuestionamientos, el denunciante se refirió a las comisiones internas de carácter administrativo que integraron los magistrados y a las decisiones denominadas Senit. En su escrito, radicado el denunciante precisó que esos documentos no resuelven apelaciones de fallos de primera instancia.
“También expidieron ‘sentencias interpretativas’, que llamaron ‘Senit’, que técnicamente no son ‘sentencias’, pues no resuelven apelaciones de fallos de primera instancia”, se afirmó en el documento radicado ante la Comisión de Acusaciones, en el que se dijo que se habían proferido nueve decisiones de ese tipo.
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