Estados Unidos anunció restricciones de visa contra siete ciudadanos colombianos, entre ellos Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol; Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo, y Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa a la Cámara. La decisión fue comunicada por el Departamento de Estado, que incluyó también a un alcalde, tres excongresistas y sus respectivos familiares.
En el pronunciamiento, las autoridades estadounidenses señalaron que la medida hace parte de una estrategia regional para combatir la corrupción y el narcotráfico. “Hoy, el Departamento de Estado está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región”, indicó el organismo al presentar las nuevas restricciones migratorias.
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El Gobierno estadounidense explicó que las acciones buscan avanzar en los compromisos adquiridos durante la cumbre de Doral, celebrada en marzo, y en la declaración de los líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre.
La decisión se conoce mientras varios de los ciudadanos incluidos en la lista afrontan investigaciones o procesos judiciales en Colombia. Entre los casos relacionados con algunos de ellos están las indagaciones por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y el proceso por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Los siete colombianos incluidos en la lista
El Departamento de Estado identificó a siete ciudadanos colombianos afectados por las restricciones de visa, según informó en un comunicado oficial.
La lista está integrada por:
- Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol.
- Yahir Fernando Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo.
- Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo y exrepresentante a la Cámara.
- Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa a la Cámara.
- Julio Elías Chagüí Flórez, exsenador.
- Liliana Esther Bitar Castilla, exsenadora.
- José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.
Las restricciones también se extienden a sus familiares, según precisó la entidad estadounidense. Para justificar la decisión, Washington se refirió a la política anunciada el 28 de septiembre, aplicada bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.
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En el texto, el Departamento de Estado explicó que esa política está dirigida a extranjeros cuyas actividades relacionadas con la corrupción o el narcotráfico afecten el funcionamiento de los gobiernos democráticamente elegidos en el hemisferio.
“Esa política tiene como objetivo a ciudadanos extranjeros que, mediante actividades de corrupción o narcotráfico, socavan a los gobiernos democráticamente elegidos en nuestro hemisferio, independientemente de su filiación política”, señaló el comunicado.
El organismo agregó que la administración del presidente Donald Trump respalda al Gobierno colombiano en las acciones para retirar la influencia criminal de las instituciones públicas. En ese sentido, afirmó: “La Administración Trump respalda al Gobierno de Colombia mientras trabaja para eliminar la influencia criminal, incluso de sus tribunales, fuerzas policiales y poder legislativo”.
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La disposición legal citada por Estados Unidos establece que el secretario de Estado puede negar una visa a un ciudadano extranjero cuando existan motivos razonables para considerar que su ingreso al país o las actividades que pretende realizar podrían tener consecuencias graves para la política exterior estadounidense.
Las investigaciones judiciales en Colombia
Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, se apartó de la presidencia de Ecopetrol el 7 de abril de 2026 mediante una licencia no remunerada, en medio de investigaciones judiciales y administrativas. El 11 de marzo, la Fiscalía General de la Nación le imputó el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público, en una investigación relacionada con la compra de un apartamento en Bogotá y posibles vínculos con contratos adjudicados por Ecopetrol.
Posteriormente, la Fiscalía también le imputó el presunto delito de violación de los límites de gastos en campañas electorales, dentro de las actuaciones relacionadas con el reporte financiero de la campaña presidencial de Petro de 2022, de la cual Roa fue gerente.
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Por su parte, Wadith Manzur, Karen Manrique y Liliana Bitar están vinculados al proceso judicial por el caso de la Ungrd. En esa investigación se examinan presuntos ofrecimientos de contratos y proyectos para las regiones representadas por congresistas a cambio de respaldar operaciones de crédito público del Gobierno nacional en 2023.
Julio Elías Chagüí también aparece relacionado con ese expediente, en el que las autoridades buscan establecer las circunstancias de los posibles ofrecimientos y la participación de los congresistas involucrados.
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