El representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático David Cote Rodríguez radicó el martes 20 de octubre de 2026 una solicitud ante la Embajada de Estados Unidos en Colombia para que las autoridades de ese país conozcan información relacionada con presuntos delitos de narcotráfico y lavado de activos que involucrarían a Verónica Alcocer, ex primera dama de la Nación.
El documento también está suscrito por el ciudadano Daniel Páez Mancera y plantea que los hechos denunciados podrían tener implicaciones transnacionales.
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La petición fue dirigida a Hugo Guevara, encargado de negocios de la Embajada estadounidense, con el propósito de que la información sea remitida a las entidades competentes y se evalúe una eventual actuación dentro de sus atribuciones. Entre los organismos mencionados se encuentran el Departamento de Justicia, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).
La solicitud se apoya principalmente en las declaraciones de Eva Ferrer, exconsejera presidencial, quien señaló a Alcocer de presuntamente utilizar aeronaves oficiales para transportar sustancias ilícitas.
Los señalamientos de Eva Ferrer sobre los viajes a Venezuela
En el escrito, Cote y Páez mencionan las declaraciones que Ferrer entregó a la revista Semana y que, según el documento, ratificó el 15 de octubre de 2026 ante la Procuraduría General de la Nación. La exconsejera habría afirmado que Alcocer utilizó presuntamente aeronaves oficiales del Estado colombiano para trasladar sustancias ilícitas hacia Venezuela y que, durante un viaje de regreso en enero de 2023, habría ingresado cerca de 2,5 millones de dólares en efectivo.
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Los denunciantes también incorporaron las declaraciones públicas de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien respaldó aspectos del relato de Ferrer y sostuvo que el entonces presidente Gustavo Petro conocía las actuaciones atribuidas a su expareja.
Alcocer reconoció haber viajado a Venezuela en la fecha mencionada y haberse reunido con funcionarios de la entonces dictadura venezolana, aunque negó los señalamientos en su contra. En una entrevista con Noticias RCN, la exprimera dama cuestionó las versiones entregadas. “Es una cosa construida, fantasiosa, mentirosa (…) Ya construyeron un relato gigantesco, que lo que hace es dañarme el nombre”, afirmó.
El documento presentado ante la embajada estadounidense sostiene que los hechos descritos podrían configurar delitos transnacionales, al involucrar presuntamente movimientos de dinero en dólares por fuera de los controles del sistema financiero y una ruta entre Colombia y Venezuela.
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Los firmantes también mencionaron como argumento para iniciar una investigación la designación del denominado Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera por parte del Departamento de Estado estadounidense y la inclusión de Alcocer, desde el 24 de octubre de 2025, en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Ofac, bajo la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con el tráfico ilícito de drogas.
La petición a las agencias estadounidenses
Cote y Páez solicitaron que la embajada remita la información al fiscal general de Estados Unidos y a la DEA, por los presuntos hechos de narcotráfico; al Departamento de Seguridad Nacional, a través de HSI, por el posible ingreso de dólares en efectivo y su eventual relación con el lavado de activos; y al Departamento del Tesoro, mediante la Ofac, para que valore los datos en el marco de la designación vigente de Alcocer.
También pidieron trasladar la información a la CIA, debido a la presunta relación de los hechos con la ruta venezolana y con estructuras señaladas como organizaciones terroristas extranjeras.
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Además, solicitaron que se reciban las declaraciones y pruebas que puedan aportar Ferrer, Rodríguez y otras personas que tengan conocimiento de los acontecimientos. El documento pide que las actuaciones se adelanten con prontitud y señala que los firmantes están dispuestos a entregar información adicional.
Como fundamento jurídico, la petición cita el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988; los artículos 3 y 27 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y el artículo 48 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Otro de los argumentos expuestos por los solicitantes se refiere a las condiciones para investigar los hechos en Colombia. El documento cuestiona la actuación de la Fiscalía General de la Nación y menciona como ejemplo el caso de corrupción en la Ungrd, señalando que, aunque el ente acusador tenía pruebas relacionadas con la presunta entrega de dinero desde 2024, no habrían sido remitidas a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
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En ese sentido, los solicitantes sostienen que las autoridades estadounidenses ofrecerían garantías de independencia para evaluar los hechos denunciados.
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