El vicepresidente segundo del Senado, Alejandro Ocampo, pidió en la mañana del miércoles 21 de octubre a renuncia del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, al que atribuyó la responsabilidad política por la caída del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027; al parecer, por vicios de procedimiento en los debates en Senado y Cámara.
En su argumentación, el congresista del partido de oposición señaló en sus redes que una diferencia entre los textos tramitados en ambas corporaciones podría afectar la seguridad jurídica de un presupuesto calculado en $634,9 billones. Y con ello apuntó al jefe de la cartera, que además es hermano del senador de Salvación Nacional Enrique Gómez Martínez.
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“El ministro de Hacienda es el responsable político del presupuesto. Si en la ley que define cada peso del país no hay certeza ni siquiera sobre lo que se aprobó, el ministro no puede seguir en el cargo”, destacó Ocampo en su pronunciamiento, en relación con el trámite que se llevó a cabo en la madrugada del martes 20 de octubre, pero que no cumplió con cruciales requisitos.
El artículo 65 es la ‘manzana de la discordia’ que tumbaría el Presupuesto General de la Nación
La controversia se centra en el artículo 65 del proyecto. Según el comunicado de la Secretaría General del Senado, a cargo de Diego González, la plenaria de esa corporación aprobó esa disposición sin proposiciones y dejó constancia de que durante la sesión “el artículo 65 fue aprobado” sin que se dejaran en firme observaciones finales sobre su contenido.
A su vez, González solicitó a la Sección de Relatoría el enlace con todas las modificaciones aprobadas y sostuvo que allí no figuraba ninguna relacionada con ese artículo. Frente a esto, Ocampo expuso que en la Cámara se habría incluido una modificación sobre el mismo punto, pese a que el Senado no la aprobó, lo que generó diferencias entre uno y otro texto.
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Así pues, para el congresista es claro que esa situación exigiría revisar si correspondía convocar una conciliación entre las dos cámaras antes de enviar el proyecto a sanción presidencial, toda vez que los articulados aprobados por ambas corporaciones no serían idénticos y, por ende, debían someterse a una discusión adicional para armonizar lo aprobado.
Alejandro Ocampo cuestionó las condiciones de la discusión legislativa
Ocampo también criticó el ritmo del trámite del proyecto. Según su comunicado, la iniciativa tuvo un día de debate, votaciones en bloque y una aprobación final que ocurrió a las 3:43 de la madrugada, por lo que afirmó que durante la discusión no se estudiaron las proposiciones y cuestionó que el Gobierno impulsara la proposición cercano al límite, el 20 de octubre.
“Colombia necesita un Ministerio de Hacienda con solvencia técnica y respeto por el Congreso, no uno que imponga textos de madrugada”, expresó el congresista.
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Es válido destacar que el representante a la Cámara John Édgar Pérez, de Cambio Radical, había sostenido que las dos corporaciones siguieron una dinámica simultánea para avanzar con el articulado. Según explicó en diálogo con Blu Radio, ese mecanismo buscaba contrastar los cambios aprobados en cada cámara y completar el trámite dentro del plazo legal.
Pérez indicó que recibió un paquete de proposiciones avaladas que incluía una modificación al artículo 65. “Ahí estuvo todo el tiempo sentado el ministro con sus técnicos y de manera reiterada preguntamos cuáles eran las proposiciones avaladas y a mí me entregan un paquete que tiene la firma del ministro y dice: aval”, afirmó el congresista al citado medio.
Tras conocerse este testimonio, Ocampo, como integrante de la Mesa Directiva del Senado, pidió a las secretarías generales de ambas cámaras que revisen el expediente legislativo, las proposiciones radicadas, las actas de las sesiones y los textos sometidos a votación, con el fin de que se determinen responsabilidades frente al fallido trámite de la iniciativa legislativa.
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