La Procuraduría General de la Nación abrió dos indagaciones preliminares relacionadas con presuntas irregularidades en la contratación pública de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Así lo reveló el documento oficial, y en el que se precisó que una de las actuaciones aborda contratos vinculados con Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz, mientras la otra se concentra en el Hospital Departamental del archipiélago.
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Las decisiones se conocieron pocos días después del encuentro entre el presidente Abelardo de la Espriella, la congresista Jay-Pang y la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie, en el que el mandatario lanzó cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos y la administración de los servicios de salud en la isla.
Las indagaciones se encuentran en una etapa preliminar, con responsables disciplinarios aún “por determinar”. En esta fase, el Ministerio Público busca establecer si hay elementos que justifiquen la apertura de una investigación formal.
Los detalles tras el anuncio de la Procuraduría
La primera indagación, abierta el 19 de octubre, está relacionada con la contratación del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El documento menciona un informe de la periodista D’Arcy Quinn en La FM, según el cual una intervención habría identificado contratos que, presuntamente, terminaban en manos del esposo de la gobernadora del archipiélago.
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La Procuraduría deberá recaudar pruebas y establecer si los señalamientos tienen sustento disciplinario.
Durante el careo difundido por la Presidencia, De la Espriella cuestionó a las dirigentes del archipiélago por el manejo del hospital. “Llevan años robándose el hospital y ustedes mandaron a su gente a atravesarse”, afirmó el jefe de Estado.
La segunda indagación menciona contratos ligados al esposo de Elizabeth Jay-Pang
La otra actuación disciplinaria se inició el 20 de octubre y se refiere a posibles hechos en la Gobernación de San Andrés.
El documento también evaluará aspectos revelados por parte de un informe de Semana sobre Norbert Vonblon Pomare, esposo de la representante Jay-Pang.
En plataformas oficiales figuran cuatro contratos vinculados con Vonblon Pomare entre 2018 y 2024, por una suma cercana a $ 1.709 millones. Uno de ellos corresponde a una contratación directa para adquirir un predio ubicado en el edificio Coral Palace.
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La Secretaría de Infraestructura habría desembolsado $ 1.700 millones, equivalentes al 24,29% de un contrato de $ 7.000 millones, para comprar ese inmueble.
El predio estaba destinado, según la referencia al Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), a un proyecto de construcción de alcantarillado pluvial en el distrito cuatro, señaló en su informe el mismo medio.
La indagación de la Procuraduría deberá definir si hubo actuaciones contrarias a las normas de contratación pública o posibles conflictos de interés.
El presidente anunció que no tolerará irregularidades en la isla
Durante la visita al centro médico de San Andrés, el presidente De la Espriella aseguró que conocía detalles sobre la contratación y los negocios del esposo de la congresista.
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“Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo, y no lo voy a permitir”, dijo el mandatario.
El presidente también aseveró que los recursos que su Gobierno envíe al archipiélago tendrán vigilancia especial.
“Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar”, sostuvo ante la mandataria regional y la congresista.
En otra intervención, De la Espriella señaló que Vonblon Pomare estaría detrás de contratos de la Gobernación.
“Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación”, dijo el jefe de Estado.
Gobierno pidió coordinación entre Procuraduría, Contraloría y Fiscalía
Por parte de la secretaria de Transparencia de la Presidencia, Cristina Lombana, se informó que la Casa de Nariño solicitó una intervención articulada de la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación para examinar denuncias sobre posibles redes de corrupción en el archipiélago.
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Según Lombana, el Ejecutivo pidió que las pesquisas se coordinen desde Bogotá, con el uso de mecanismos de control preferente y excepcional. También propuso conformar un grupo especial para evitar posibles interferencias locales durante los procesos.
La Procuraduría deberá establecer si los contratos mencionados, la administración del hospital y las actuaciones de funcionarios o particulares ameritan la apertura de procesos disciplinarios formales.
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