Las manifestaciones frente al Museo Nacional de Colombia terminaron con la intervención de la fuerza pública y reavivaron la discusión sobre los límites de la protesta en el espacio público. La jornada del domingo 18 de octubre estuvo marcada por los reclamos contra el retiro de piezas históricas del recinto cultural y las dificultades para mantener habilitada la circulación por la carrera Séptima.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que las autoridades buscaron atender las concentraciones mediante el diálogo antes de recurrir a la intervención policial. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado para coordinar la respuesta institucional, defendió las medidas adoptadas y aseguró que el derecho a manifestarse debe coexistir con las garantías de movilidad para el resto de los ciudadanos.
PUBLICIDAD
“De ninguna manera se puede permitir un bloqueo total”, afirmó el funcionario al referirse a la situación registrada en uno de los principales corredores viales de la capital.
El diálogo antecedió al operativo en la carrera Séptima
De acuerdo con el reporte de Lara, la respuesta institucional se concentró en dos puntos de Bogotá: el sector de La Perseverancia y los alrededores del Museo Nacional. En ambos lugares participaron el Ministerio del Interior y la Alcaldía Mayor, aunque las circunstancias y las decisiones adoptadas fueron diferentes.
En La Perseverancia, la manifestación afectaba el acceso a una estación de Policía. El ministro sostuvo que los funcionarios agotaron la etapa de diálogo y consiguieron que los participantes se comprometieran a no ocupar completamente la vía y a mantener un carril habilitado para el tránsito. Tras ese acuerdo, los uniformados se retiraron y la concentración continuó de forma pacífica, según la versión presentada por el jefe de la cartera política.
PUBLICIDAD
La situación cambió frente al Museo Nacional. Mientras estuvo habilitada la ciclovía, la presencia de manifestantes no impidió la circulación. Sin embargo, cuando terminó ese espacio destinado a los usuarios de la bicicleta, un grupo mantuvo bloqueada la totalidad de la carrera Séptima.
Lara señaló que las autoridades solicitaron despejar el corredor y que durante las conversaciones también hubo llamados de dirigentes políticos para respetar el decreto 1525 y los corredores solidarios. Ante la negativa de un grupo de manifestantes a levantar el bloqueo, la Policía intervino para recuperar la movilidad. El funcionario agregó que en el lugar había menores de edad, por lo que participaron equipos del Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y gestores distritales.
A través de su cuenta de X, Lara defendió el procedimiento y planteó que las autoridades debían proteger tanto a quienes participaban en la protesta como a quienes necesitaban desplazarse por la ciudad. “Ni un derecho menos para quienes protestan ni un espacio más para las vías de hecho”, escribió.
PUBLICIDAD
Pasadas las 5:00 p. m., la Secretaría Distrital de Gobierno informó sobre acercamientos realizados junto con la Defensoría del Pueblo para pedirles a los participantes que se ubicaran en el andén y liberaran la calzada. Según el reporte oficial, durante ese proceso se produjo un nuevo momento de tensión por el avance de los uniformados.
El retiro de piezas históricas motivó las manifestaciones
La protesta comenzó el sábado y continuó el domingo desde las 10:00 a. m., después de que fueran retiradas al menos 30 piezas de distintas salas del Museo Nacional. Los asistentes cuestionaron la decisión con pancartas, banderas y actividades artísticas, mientras colectivos culturales, activistas y dirigentes de oposición expresaron su rechazo a la medida.
Entre los elementos retirados había referencias a los movimientos feministas y Lgbt+, la Unión Patriótica, la Asamblea Constituyente de 1991 y el proceso de paz de 2016. También figuraban afiches de las candidaturas presidenciales de Carlos Pizarro Leongómez y Bernardo Jaramillo Ossa, asesinados en 1990; un brazalete de la Alianza Democrática M-19, el tarjetón de la Séptima Papeleta y una pluma elaborada con un casquillo de bala que fue utilizada durante la firma del Acuerdo de Paz con las Farc.
PUBLICIDAD
El desmonte ocurrió el jueves 15 de octubre, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara una “contrarrevolución cultural”. El mandatario ordenó retirar de espacios públicos representaciones que considera una exaltación del terrorismo. La ministra de Cultura, Paola Holguín, respaldó la decisión y sostuvo que el museo no debe convertirse en un “instrumento de adoctrinamiento político” ni divulgar “versiones sesgadas” de la historia.
Por su parte, organizaciones culturales y museos de arte moderno cuestionaron la medida. Aunque defendieron la posibilidad de revisar los contenidos mediante investigación y debate público, rechazaron que las decisiones sobre las piezas expuestas dependan de las afinidades ideológicas de un Gobierno.
PUBLICIDAD