El juez federal Julián Ercolini concedió la extradición a Colombia de Brayan Ferney Cruz Castillo, un ciudadano colombiano de 30 años acusado de integrar una organización criminal que habría ejecutado homicidios selectivos y atentados con armas de fuego y explosivos en Bogotá.
La decisión se adoptó luego de que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3 respaldara el pedido formulado por las autoridades judiciales colombianas, que lo requiere para que responda por su rol en el magnicidio del precandidato presidencual Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático), que se ejecutó por un sicario de 15 años el sábado 7 de junio de 2025 en medio de un acto de campaña, y cobró la vida del senador el lunes 11 de agosto, luego de luchar más de dos meses por su vida en la Fundación Santa Fe de Bogotá.
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Cruz Castillo había sido detenido en abril de 2026 en los tribunales ubicados sobre la calle Paraguay al 1500, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La captura se produjo tras el análisis de direcciones IP que sugerían su ingreso a la Argentina y la detección de una notificación roja de Interpol, junto con una orden de captura internacional emitida por Colombia en noviembre de 2025.
El acusado permanecerá bajo prisión preventiva mientras avanza el trámite de entrega a las autoridades colombianas.
Ercolini, quien subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, ordenó además enviar copia de la resolución a dos tribunales orales para establecer si el hombre registra condenas previas o si cumplió penas en territorio argentino.
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La Justicia colombiana lo señala como “marcador, vigilante y transportador”
La solicitud de extradición sostiene que Cruz Castillo participó en una estructura criminal organizada, integrada por varias personas y con división de funciones.
De acuerdo con las pesquisas que desarrollaron las autoridades colombianas, la empresa criminal tenía como finalidad cometer asesinatos y atentados que buscaban generar temor en la población.
El auxiliar fiscal Martín Garrido, representante de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, expuso durante la audiencia que el requerido habría actuado como “marcador, vigilante y transportador” dentro de la organización.
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De acuerdo con la acusación, ese rol se habría extendido desde enero de 2025 hasta el 20 de junio de ese año en Bogotá.
Por su parte, la Fiscalía colombiana le atribuye al Cruz Castillo los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.
El requerimiento describe una organización que, según la investigación, preparaba ataques contra personas determinadas mediante armas y artefactos explosivos.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación indicó en su comunicado oficial que el objetivo de las acciones atribuidas a la banda era “generar miedo, zozobra y pánico en la población, alterando el orden público, la estabilidad institucional y la seguridad colectiva”.
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La acusación incluye un plan para colocar una bomba lapa en un vehículo
Uno de los hechos analizados por la Justicia colombiana habría ocurrido entre fines de mayo y principios de junio de 2025.
Según el expediente, los jefes de la organización ordenaron un atentado contra una persona que debía ser atacada mediante la instalación de un artefacto explosivo tipo bomba lapa en el vehículo en el que se movilizaba.
La investigación estableció que el 3 de junio de 2025 los integrantes de la banda se habrían reunido para reafirmar el plan y asignar las tareas de cada uno. En ese esquema, Cruz Castillo habría tenido la misión de ubicar a la víctima, observar su desplazamiento e identificar el automóvil que utilizaba.
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La acusación sostiene que el colombiano debía “ubicarse estratégicamente en el lugar de salida de la víctima, realizar seguimiento visual directo, identificar el vehículo” y transmitir esa información al resto de la organización.
Con esos datos, los responsables de colocar el explosivo podrían avanzar con el atentado.
La Fiscalía argentina consideró que los delitos son extraditables
Durante su alegato, Garrido sostuvo que los hechos atribuidos al detenido cumplen los requisitos para habilitar la extradición. El pedido fue analizado bajo el Tratado Interamericano de Extradición, vigente entre Argentina y Colombia.
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Ese instrumento exige, entre otros requisitos, que los delitos investigados contemplen penas privativas de libertad cuyo mínimo sea superior a un año.
Para la Fiscalía, las conductas imputadas cumplen esa condición y cuentan con equivalentes en la legislación penal argentina.
El representante del Ministerio Público explicó que los hechos podrían encuadrar en Argentina bajo las figuras de asociación ilícita agravada, en concurso real con acopio y fabricación de armas. También consideró que esos delitos se agravan por la finalidad de aterrorizar a la población.
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La postura de la Fiscalía fue aceptada por el juez Ercolini, que resolvió conceder la extradición solicitada por Colombia. La decisión deberá avanzar ahora a través de los mecanismos administrativos y diplomáticos necesarios para concretar la entrega del detenido.
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