El vicepresidente primero de la Cámara de Representantes, Simón Molina Gómez, pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) verificar la autenticidad de una acusación sustitutiva presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos) contra el exdictador de Venezuela Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, en la que se menciona a Rodrigo Londoño, último comandante del Estado Mayor de las extintas Farc, conocido como “Timochenko”, que compareció ante la JEP.
El congresista pidió que se revise si el contenido de la acusación puede influir en las obligaciones de verdad plena y no repetición de antiguos jefes de las Farc-EP que aún conservan beneficios ante esa jurisdicción, entre ellos, Rodrigo Londoño.
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“He radicado un incidente de incumplimiento para que se determine si ‘Timochenko’ siguió delinquiendo después de que se firmó el proceso de paz, así como consta en documentos del gobierno de los Estados Unidos en el proceso en contra de Nicolás Maduro. Los delitos por los que acusan a Timochenko en los Estados Unidos son muy graves: narcotráfico e intercambio de armas que siguieron llegando para la guerra en Colombia. Por eso le exigimos a la JEP una respuesta clara para el país”, indicó el legislador en un video difundido por Caracol Radio.
Según el documento de las autoridades estadounidenses, hacia 2013, Maduro y Flores se habrían reunido con dirigentes de la extinta guerrilla, entre ellos Rodrigo Londoño; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich. Ese encuentro, al parecer, habría sido para “saldar deudas derivadas del narcotráfico y acordar la venta de minas y armas” que, presuntamente, servirían para aumentar la capacidad de las antiguas Farc.
La acusación también menciona un episodio de 2017 en el que autoridades venezolanas habrían trasladado armas a integrantes del grupo armado y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a cambio de cargamentos de cocaína.
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En ese sentido, el congresista Molina pidió a la JEP dar claridad sobre la situación jurídica actual de Rodrigo Londoño, revisar sus obligaciones vigentes y valorar de oficio la apertura de un incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad. También solicitó verificar las decisiones previas de exclusión de alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich.
“Si existen documentos judiciales extranjeros que mencionan a antiguos jefes de las Farc en hechos de esta gravedad, la JEP tiene la obligación de contrastarlos. Los beneficios de la justicia transicional no pueden ser un cheque en blanco: están condicionados a decir toda la verdad y a no repetir conductas criminales”, afirmó Molina, citado en un comunicado.
De igual manera, aclaró que con su solicitud no busca que Londoño y otros exjefes guerrilleros sean condenados de manera inmediata y automática por la presunta comisión de delitos posteriores a la firma del Acuerdo de Paz. Aseguró que se trata de un ejercicio de contrastación que, a su juicio, le corresponde abordar a la JEP.
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“Aquí no estamos pidiendo condenas automáticas. Estamos pidiendo que se investigue, se contraste la información y se determine si quienes recibieron beneficios de la JEP cumplieron realmente con la verdad y con la no repetición. Colombia tiene derecho a saberlo”, precisó el congresista, citado en la comunicación oficial.
La sanción propia impuesta a Rodrigo Londoño
Actualmente, sobre Rodrigo Londoño pesa una sanción impuesta por la JEP por crímenes que cometió en el conflicto armado. Fue condenado a ocho años de acciones de reparación, en favor de las víctimas. Junto con él, otros seis exintegrantes del último secretariado de las Farc recibieron sanciones propias.
“Deberán restaurar a las víctimas con diferentes líneas de acción, bajo condiciones de restricción efectiva de derechos y libertades, con monitoreo y verificación permanentes por parte de la JEP, durante un periodo de hasta 8 años, de acuerdo con la sanción impuesta por el Tribunal para la Paz para cada uno de ellos”, precisó la JEP en un hilo publicado en su cuenta de X.
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