El Gobierno anunció que limitará los nuevos contratos de prestación de servicios y fijará topes para los cargos de libre nombramiento, con excepciones

Las entidades del Estado tendrán que ajustar la planeación de sus gastos de personal y contratación bajo nuevos criterios de austeridad del Gobierno nacional. Las directrices establecen porcentajes de referencia para la provisión de cargos de libre nombramiento y remoción y la programación de nuevos contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Las medidas buscan que las vinculaciones respondan a necesidades verificables y cuenten con disponibilidad presupuestal. Antes de contratar más personal, las entidades deberán evaluar si pueden atender sus funciones mediante la redistribución de cargas laborales, la movilidad interna o el aprovechamiento de los recursos humanos y técnicos existentes.

Los detalles están consignados en una circular dirigida a ministros, directores de departamentos administrativos y responsables de las entidades destinatarias. El documento establece límites para la planeación de nuevas vinculaciones y obligaciones de seguimiento para verificar el cumplimiento de las medidas de ahorro.

Límites para contratar personal y servicios profesionales

Uno de los puntos centrales de la circular es la orientación para la provisión de cargos de libre nombramiento y remoción. El documento señala que las entidades deberán planear la ocupación de estos puestos con criterios de austeridad y dentro de los límites establecidos para cada planta.

“Como criterio general de programación y austeridad las entidades destinatarias orientarán la previsión de los empleos de libre nombramiento y remoción de su planta global hasta un máximo equivalente al 60 % de los cargos de esa naturaleza legalmente previstos y susceptibles se provisión”, indica el texto.

La directriz contempla excepciones para determinados cargos de alto nivel, entre ellos ministros, viceministros y directores de departamentos administrativos. La aplicación del criterio deberá considerar las condiciones previstas en la circular y la disponibilidad de recursos para cubrir las necesidades de cada entidad. Las restricciones también abarcan la planeación de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Para establecer el punto de partida, las entidades deberán calcular una línea base a partir del número y el valor total de los contratos celebrados durante 2025 y 2026.

Con esa referencia, la programación de nuevas contrataciones tendrá un límite orientador. La circular establece: “Sobre dicha línea base, la programación de nuevas contrataciones se orientará a un máximo del veinticinco por ciento (25 %), aplicando el criterio de manera que no genere una base artificialmente superior ni permita duplicidades entre vigencias. La metodología de cálculo deberá quedar documentada y ser verificable”.

La metodología para calcular el límite deberá quedar documentada y ser verificable, con el fin de evitar que la base de referencia se infle o duplique contratos entre vigencias. Antes de contratar, las entidades deberán evaluar alternativas como redistribuir cargas laborales, movilizar personal y aprovechar los recursos disponibles. También se plantea simplificar procedimientos y recurrir a la interoperabilidad y la automatización para reducir la necesidad de nuevas vinculaciones.

Excepciones y seguimiento a las medidas de austeridad

Los topes previstos tendrán excepciones para la prestación de servicios esenciales, las labores de seguridad y protección, la atención de emergencias, los proyectos con financiación y destinación específicas y el cumplimiento de compromisos internacionales. Estas condiciones buscan que las medidas de austeridad no afecten la capacidad de las entidades para atender sus obligaciones.

Para supervisar la aplicación de los lineamientos, los ministerios y departamentos administrativos deberán presentar reportes trimestrales con información sobre la estructura autorizada de personal, el número y valor de los contratos de prestación de servicios con personas naturales, los ahorros estimados y las medidas correctivas adoptadas. Estos datos permitirán revisar los avances y los ajustes realizados en cada sector.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) hará seguimiento a las disposiciones dentro de sus funciones de coordinación. Sin embargo, los reportes trimestrales no reemplazan las evaluaciones semestrales del gasto sujeto al plan de austeridad ni las obligaciones de seguimiento e información establecidas en el Decreto 618 de 2026, el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021 y las demás normas aplicables.