El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunció el viernes 2 de octubre de 2026 la derogatoria de las Áreas de Producción de Alimentos (APPA) en ocho municipios del sur de La Guajira, una medida con la que el Gobierno nacional busca levantar las restricciones que regían sobre cerca de 80.000 hectáreas desde 2024.
De acuerdo con el comunicado oficial, la medida deja sin efecto la APPA establecida mediante la Resolución 161 del 20 de junio de 2024.
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Desde la cartera se sostuvo que estas áreas presentaban dificultades técnicas y jurídicas, debido a que el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo, que contemplaba su creación no fue reglamentado. Según la institución, esa legislación limitaba el uso y desarrollo de los suelos y afectaba las competencias municipales en materia de ordenamiento territorial.
Ese artículo creó las áreas con el objetivo de proteger predios destinados a la producción de alimentos. No obstante, la actual administración considera que su aplicación imponía límites al uso y desarrollo de los suelos y afectaba las atribuciones municipales sobre el ordenamiento territorial.
“El ordenamiento territorial es una función y un derecho de los municipios”, afirmó Dangond.
En la firma también participaron el director de la Agencia de Desarrollo Rural, Orlando José Dangond; el director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), Alberto José Esmeral, y el director del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Carlos Eduardo Campo Cuello.
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El acto tuvo lugar en la plaza principal de Urumita, donde el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, firmó la resolución junto con el viceministro de Desarrollo Rural, José Leonidas Tobón, y directivos de entidades del sector agropecuario.
El Ministerio de Agricultura indicó que aún están vigentes las APPA delimitadas en Antioquia, Santander, Tolima y Cundinamarca.
Abelardo de la Espriella anunció desde el inicio de su Gobierno que derogaría las APPA
En agosto de 2026, el presidente De la Espriella anunció la elimincación de las resoluciones que declararon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos. xn.
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La decisión, según el equipo del mandatario entrante, busca revisar los efectos de las declaratorias sobre la inversión, el empleo y el desarrollo de las zonas rurales.
En su momento, la norma incorporó esta herramienta al ordenamiento territorial como una determinante de nivel 2, por lo que los municipios deben contemplarla en sus instrumentos de planificación, como parte de la Reforma Agraria de Petro.
Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos tienen como propósito preservar terrenos considerados estratégicos para la agricultura y la seguridad alimentaria. Su creación busca impedir que esos espacios pasen a usos incompatibles con la producción de comida.
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De hecho, según el proyecto de reforma agraria, la declaratoria de una APPA tiene efectos jurídicos vinculantes. En la práctica, establece límites para actividades como la minería, el urbanismo, la industria y el comercio dentro de los polígonos definidos.
Algunas resoluciones también han condicionado prácticas agropecuarias, como los cultivos confinados y el agroturismo, con el fin de concentrar el uso del suelo en la agricultura campesina, familiar y étnica.
Para mayo de 2026, más de 864.000 hectáreas en 48 municipios estaban bajo esta figura. Las áreas se extendían por departamentos como La Guajira, Antioquia, Cundinamarca y Tolima.
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La Corte Constitucional estudia una demanda sobre el sustento legal de las APPA
La revisión administrativa coincide con procesos judiciales relacionados con las APPA. La Corte Constitucional analiza una demanda contra una disposición de la Ley 388 de 1997, que sirve de base legal para este tipo de figuras de protección.
Un despacho admitió en marzo de 2025 un cargo por una posible vulneración de la autonomía municipal. También cursa una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el Ministerio de Agricultura y otras entidades por actuaciones vinculadas con estas áreas.
El proyecto indica que, hasta ahora, ningún juez ha ordenado mantener o suspender la derogatoria de las nueve resoluciones del Suroeste antioqueño. La decisión administrativa, según el documento, no depende del resultado que adopte la Corte Constitucional.
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