Durante la última década, los cables aéreos han sido presentados como una de las alternativas más innovadoras para mejorar la movilidad en Bogotá, especialmente en los barrios periféricos y de difícil acceso.
El TransmiCable de Ciudad Bolívar opera como referencia y símbolo de una solución destinada a conectar zonas altas y marginadas, donde el transporte tradicional resulta insuficiente. Las expectativas iniciales fueron elevadas: estos sistemas prometían reducir tiempos de viaje y transformar la vida de miles de familias que enfrentan diariamente largas y complicadas travesías.
Para agosto de 2026, la Administración distrital, liderada por Carlos Fernando Galán, enfrenta crecientes cuestionamientos por el escaso avance en la ejecución de nuevos proyectos de cables aéreos, pese a los compromisos adquiridos en el Plan Distrital de Desarrollo.
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Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), solo uno de los proyectos heredados del gobierno de Claudia López está cerca de concluirse. El resto permanece estancado en fases preliminares, enfrentando obstáculos que han impedido su materialización.
La promesa de implementar al menos cuatro nuevos sistemas de cable aéreo para conectar zonas apartadas y atender la demanda de sectores históricamente excluidos ha chocado con una realidad compleja: demoras administrativas, dificultades en la gestión predial y falta de priorización presupuestal.
La situación ha generado críticas desde el Concejo de Bogotá, cuyos integrantes advierten que, a menos de un año y medio del cierre de la actual administración, la mayoría de estos proyectos no muestra avances sustanciales, poniendo en suspenso las expectativas de las comunidades beneficiarias.
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Estado actual de los proyectos de cables aéreos
De acuerdo con el informe actualizado por el IDU al 13 de agosto de 2026 —información obtenida por Infobae Colombia a través de un Derecho de Petición—, los principales proyectos de cables aéreos presentan panoramas diversos.
El Cable San Cristóbal es el que muestra mayor avance, con un 92,89% de ejecución. Se prevé entregar la infraestructura a Transmilenio en septiembre y habilitar el servicio al público en diciembre de este año. Las estaciones están en su fase final de obra civil, el sistema electromecánico ha sido instalado y probado, y las verificaciones operacionales han resultado satisfactorias.
Una situación muy diferente atraviesa el Cable Potosí, que busca beneficiar a más de 600.000 habitantes de Ciudad Bolívar y Soacha. Este proyecto apenas alcanza un 1,93% de avance en obra, debido a la suspensión del contrato. Los estudios y diseños llegan al 98%, pero la adquisición de predios y la gestión contractual han frenado el inicio de la construcción.
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Actualmente, el proyecto sigue suspendido hasta octubre de 2026, a la espera de destrabar estos cuellos de botella.
Otros proyectos importantes, como el Cable Toberín y el Cable Usaquén, se encuentran en etapas iniciales. El Cable Toberín cuenta con estudios de perfil y prefactibilidad realizados entre 2020 y 2021, pero quedó excluido de las prioridades del Plan de Desarrollo 2024–2027. No ha avanzado hacia la factibilidad ni la ejecución.
Por su parte, el Cable Usaquén, que busca conectar La Calera con Bogotá mediante una línea de 6,6 kilómetros, avanza en la ejecución de estudios de factibilidad cuya finalización se prevé para octubre de 2027. Su viabilidad técnica, ambiental, social y financiera sigue en evaluación.
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El Cable Reencuentro-Monserrate enfrenta obstáculos patrimoniales. El Ministerio de Cultura ha manifestado reparos sobre el impacto del proyecto en el Centro Histórico de la ciudad.
La factibilidad del trazado norte fue declarada inviable, mientras que la alternativa sur depende de nuevos ajustes y concertaciones técnicas.
El Ramal Juan Rey está en etapa de factibilidad, con un diseño de 1,79 kilómetros y capacidad para movilizar hasta 2.000 pasajeros por hora en cada sentido. Su avance a fases de diseño y ejecución depende de futuras decisiones administrativas y de priorización.
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El Cable Soacha–Ciudadela Sucre, liderado por la Gobernación de Cundinamarca y el municipio de Soacha, culminó sus estudios de factibilidad y busca financiamiento nacional para su construcción, estimada en $524.000 millones. El proyecto contempla una línea de 3,82 kilómetros con tres estaciones.
En este contexto, solo el Cable San Cristóbal está próximo a entrar en operación. El resto de los proyectos avanzan de manera desigual, condicionados por la gestión predial, la financiación y la viabilidad técnica o patrimonial.
Las cifras ilustra la envergadura de estos sistemas: el Cable Potosí aspira a movilizar 4.000 pasajeros por hora y reducir los tiempos de viaje en un 75%, mientras que el Cable Soacha–Ciudadela Sucre proyecta atender hasta 32.000 usuarios diarios.
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Obstáculos estructurales: predios y trámites
El desarrollo de los cables aéreos en Bogotá enfrenta obstáculos estructurales que han frenado su avance. La adquisición de predios se ha convertido en el principal escollo, especialmente en el caso del Cable Potosí. Este proyecto requiere la adquisición de 405 predios, de los cuales solo se han recibido 163.
Los problemas surgen por trámites notariales complejos, doble titulación, procesos judiciales y la presencia de zonas de alto riesgo que exigen reasentamientos, responsabilidad de la Caja de Vivienda Popular. Entidades como la Orip y la Superintendencia de Notariado intervienen para destrabar los procesos.
En el Cable Reencuentro-Monserrate, las restricciones patrimoniales han sido determinantes. El Ministerio de Cultura advirtió que la obra tendría un alto impacto negativo en el Centro Histórico, afectando el patrimonio arquitectónico y urbanístico, además de generar repercusiones ambientales y sociales. El trazado norte fue descartado y la alternativa sur queda sujeta a nuevos ajustes y consensos con entidades públicas y comunidades.
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Los proyectos Cable Usaquén y Cable Toberín ilustran problemas administrativos y de gestión. Aunque cuentan con estudios preliminares, la exclusión del Plan de Desarrollo Distrital y la falta de presupuesto impidieron su paso a etapas de factibilidad y ejecución. El IDU aclaró que los estudios existentes solo corresponden a fases iniciales y no constituyen compromisos definitivos.
La coordinación institucional y la gestión intersectorial representan otro reto central. Para el Cable Soacha–Ciudadela Sucre, la Administración distrital transfirió la competencia a la Gobernación de Cundinamarca y autoridades de Soacha, lo que implica articular esfuerzos regionales y nacionales para lograr la cofinanciación y la ejecución.
En todos los casos, superar los obstáculos demanda la conformación de mesas técnicas, planes de choque predial e integración de observaciones comunitarias en los diseños y la planeación.
Críticas del Concejo: prioridades y retrasos
El Concejo de Bogotá, en particular el concejal Julián Forero, ha cuestionado la gestión de los proyectos de cables aéreos. En julio de 2026, Forero denunció la falta de resultados concretos bajo la administración Galán, señalando que no se han abierto procesos de contratación para ninguno de los cuatro cables aéreos comprometidos en el Plan de Desarrollo. Según dijo, la Alcaldía ha dado prioridad a las troncales de Transmilenio y al metro, relegando otras modalidades de transporte que beneficiarían a miles de familias.
En entrevista con Infobae Colombia, Forero puntualizó que la Administración distrital ha dado conceptos negativos a los proyectos de cable, postergando su avance y asignación presupuestal. Documentos internos del IDU y la Secretaría de Movilidad argumentan que los cables de Toberín, Usaquén y Juan Rey no cuentan con estudios, diseños ni cronogramas definidos, decisión atribuida a la actual administración.
El caso del Cable Potosí ejemplifica estas inquietudes. Aunque contratado en la administración anterior, el proyecto solo registra un avance físico del 1,93%, pese a haberse desembolsado más de $9.027 millones al contratista. Para Forero, esto refleja una falta de exigencia a las firmas encargadas y una tendencia a posponer obras mediante prórrogas y adiciones contractuales.
El concejal sostiene que la falta de voluntad política ha sido el principal obstáculo para materializar estos proyectos, sumado a la centralización de la gestión en obras de alto impacto como el metro. Además, considera que, aunque relevante, el metro no cubrirá las necesidades inmediatas de movilidad en todas las zonas. La administración, dice el funcionario, busca mostrar resultados en megaobras, pero olvida las demandas de comunidades que no verán llegar el metro.
“Pero al alcalde se le olvida que hay zonas en Bogotá que no tendrán acceso a la primera línea del metro. Es su proyecto bandera, pero no creo que logre entregarlo al cien por ciento como espera. Al finalizar su periodo, quedarán muchos detalles pendientes que deberá resolver el próximo alcalde”, agregó el concejal.
Desde su perspectiva jurídica y técnica, Forero considera inviable que en los 18 meses restantes de gobierno se logre contratar y ejecutar alguno de los cables pendientes, por no haber sido priorizados desde el inicio del periodo. Sin embargo, advierte que aún existe un margen para revisar estas prioridades si la administración reasigna recursos y ajusta el enfoque hacia soluciones de movilidad más inclusivas.
“Siento yo que también hace falta mucha voluntad política, no despilfarrar recursos en otros proyectos y que los alcaldes locales también se pongan las diez, aprieten la administración para el beneficio de sus localidades”, sumó el cabildante a este medio.
Estrategia de la administración Galán y metas oficiales
La administración de Carlos Fernando Galán ha respondido que se han planteado tres metas concretas para los cables aéreos en el Plan de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’ 2024–2027:
- La primera es la contratación del Cable Aéreo Potosí, con miras a iniciar la obra después de finalizar estudios y adquirir los predios necesarios.
- La segunda meta consiste en estructurar la factibilidad de una nueva línea, el Cable La Calera–San Rafael, profundizando en estudios técnicos, ambientales y financieros para definir su viabilidad.
- La tercera meta apunta a poner en operación el Cable San Cristóbal, culminando construcción, montaje electromecánico y pruebas para entregarlo a Transmilenio antes de terminar 2026.
Para cumplir estos objetivos, el IDU ha implementado mesas técnicas interinstitucionales, planes de choque para acelerar la adquisición de predios y seguimiento riguroso a los cronogramas. En el caso del Cable Potosí, se realizan reuniones semanales con empresas de servicios públicos y entidades prediales para destrabar trámites. Para el Cable San Cristóbal, el enfoque está en finalizar eficientemente los trabajos civiles y electromecánicos, asegurando la integración funcional y la seguridad operativa.
El Plan de Desarrollo también contempla fortalecer la coordinación regional para proyectos como el Cable La Calera–San Rafael, en cooperación con la Empresa Férrea Regional, la Gobernación de Cundinamarca y las autoridades ambientales. El IDU aclaró que los desembolsos realizados hasta la fecha corresponden únicamente a estudios y diseños, y que los recursos para obra solo se girarán cuando exista un avance físico verificable.
La administración recalcó que el énfasis está en garantizar la culminación de los proyectos priorizados, evitando comprometer recursos en iniciativas sin viabilidad clara en el cuatrienio. Este enfoque responde a la necesidad de eficiencia en la gestión pública y control financiero, considerando que en el pasado los retrasos y las adiciones contractuales afectaron la ejecución de obras de envergadura en Bogotá.
Impacto social y expectativas comunitarias
La promoción de los cables aéreos en Bogotá se ha sustentado en su potencial impacto social, especialmente en territorios de ladera donde las barreras de movilidad inciden en la vida diaria. Estudios técnicos y declaraciones oficiales coinciden en que sistemas como el Cable Potosí pueden reducir en un 75% los tiempos de viaje, pasando de trayectos de 40 a solo 10 minutos. Este ahorro se traduce en un acceso más rápido a servicios, incremento en la productividad y mejora en la calidad de vida de quienes residen en zonas tradicionalmente marginadas.
Sin embargo, la comunidad beneficiaria ha manifestado su frustración por la lentitud en la ejecución de las obras. En sectores como Ciudad Bolívar, habitantes y líderes sociales han demandado espacios de diálogo y garantías frente a las intervenciones, temiendo que la postergación indefinida de los proyectos profundice la segregación y limite oportunidades de desarrollo local. Para muchas familias, la espera se ha convertido en parte de la rutina, marcada por promesas no cumplidas y cronogramas que se extienden.
El Cable San Cristóbal aparece como ejemplo de éxito y esperanza, con su entrada en operación prevista para diciembre de 2026. Se espera que conecte zonas altas con el resto de la ciudad y sirva de modelo replicable. La administración reconoce que el progreso de este y otros proyectos depende de factores externos, como la adquisición de predios y la coordinación interinstitucional.
El Cable Soacha–Ciudadela Sucre destaca la necesidad de articulación regional y compromiso de distintas entidades para lograr soluciones estructurales. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, ha subrayado que el objetivo es conectar comunas históricamente aisladas con el sistema masivo de transporte, prometiendo movilizar hasta 32.000 usuarios diarios y conectar en menos de 16 minutos sectores como Altos de Cazucá con el centro de Soacha.
Escenarios y perspectivas para el cierre de la administración
Con 18 meses para la conclusión del periodo de Carlos Fernando Galán, el futuro de los cables aéreos en Bogotá dependerá del cumplimiento de las metas oficiales y la resolución de los principales obstáculos. El panorama más probable indica que, en 2027, solo el Cable San Cristóbal estará plenamente operativo y entregado a la ciudadanía. El Cable Potosí podría iniciar su construcción si logra superar las dificultades prediales y contractuales en los próximos meses.
El avance del Cable La Calera–San Rafael dependerá de la finalización exitosa de los estudios de factibilidad y de la disponibilidad de recursos para pasar a fases de diseño y ejecución, proceso que, según el cronograma, se extendería más allá del actual periodo de gobierno.
El resto de los proyectos (Toberín, Ramal Juan Rey y Reencuentro-Monserrate) enfrenta una perspectiva incierta: no han sido priorizados, carecen de recursos asignados o presentan restricciones técnicas y patrimoniales difíciles de resolver en el corto plazo. Las decisiones de la próxima administración y la presión de Concejo y comunidades serán determinantes para evitar que estos sistemas queden relegados de manera indefinida.
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