El Congreso de la República abrió una nueva discusión sobre la maternidad subrogada en Colombia con un proyecto de ley que pretende prohibir esta práctica y establecer sanciones para quienes participen en su comercialización.
La iniciativa es liderada por el representante a la Cámara Luis Miguel López, del Partido Conservador, quien plantea que los llamados vientres de alquiler sean considerados una forma de “explotación reproductiva”.
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Uno de los aspectos que más llama la atención de la propuesta es el respaldo que consiguió entre sectores políticos con posiciones habitualmente distantes. Congresistas conservadores, liberales, integrantes del Pacto Histórico y representantes del movimiento feminista firmaron la iniciativa, según el representante.
López aseguró a Blu Radio que esa coincidencia responde a una preocupación común frente a la posibilidad de convertir la gestación y el nacimiento de un niño en una actividad comercial. Según relató, una senadora de una corriente política distinta le expresó: “En esto tiene que haber algo muy malo, porque estamos de acuerdo, usted y yo, Luis Miguel”.
El congresista considera que el debate está relacionado con la protección de la dignidad humana. En sus palabras, “el mundo ha tenido una experiencia en lo que significa la comercialización de los seres humanos” y, bajo esa lógica, “un bebé se vuelve un producto y una mujer se alquila, se comercia para un objetivo de tener un bebé”. La iniciativa contempla penas de hasta 15 años de prisión para quienes comercialicen con la gestación. Sus autores sostienen que la ausencia de una regulación específica ha dejado un escenario difícil de dimensionar con cifras oficiales.
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Uno de los indicadores utilizados para aproximarse al fenómeno son las impugnaciones de paternidad, un procedimiento necesario para evitar que el bebé quede registrado a nombre de la mujer que dio a luz. López aseguró: “El año pasado hubo 8,000 impugnaciones... estamos hablando de que pudiera llegar a ser 8,000 bebés el año pasado y quizás somos el país número uno en estos momentos en el mundo”.
El representante atribuyó parte del crecimiento de esta práctica a las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica que enfrentan muchas mujeres en Colombia. A esto se suma la llegada de extranjeros que buscan estos servicios en el país. Según el diagnóstico citado por los impulsores del proyecto, más del 80% de los casos corresponderían a ciudadanos de otros países.
La diferencia entre el dinero que pagan los contratantes y lo que reciben las mujeres gestantes es otro de los puntos cuestionados. Los contratos gestionados por agencias e intermediarios pueden superar los 200.000 dólares, equivalentes a unos 600 millones de pesos, mientras las madres reciben entre 20 y 30 millones de pesos.
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Para los autores de la propuesta, esa diferencia resulta especialmente preocupante por los riesgos asociados al embarazo y las posibles consecuencias posteriores para las mujeres. El proyecto sostiene que la compensación recibida no guarda relación con las implicaciones físicas, los problemas de salud y las secuelas psicológicas que puede generar el proceso.
También existe preocupación por las condiciones incluidas en los contratos. López denunció que muchos documentos son redactados en inglés, lo que puede dificultar que las mujeres comprendan plenamente las obligaciones que aceptan. “La mujer queda sometida completamente a ese contrato y no puede hacer nada durante 9 meses con su cuerpo”, afirmó. Según el congresista, algunas cláusulas establecen restricciones sobre la alimentación, condicionan procedimientos hospitalarios a autorizaciones médicas y permiten que los compradores intervengan en decisiones relacionadas con un posible aborto.
Como ejemplo, López mencionó un litigio en Estados Unidos en el que una mujer gestante enfrenta una demanda superior a 100.000 dólares después de negarse a abortar un feto al que le faltaban dos dedos. El proyecto también recoge las preocupaciones planteadas por Olivia Maurel, nacida mediante subrogación y vocera de la Declaración de Casablanca. Su testimonio puso sobre la mesa problemas relacionados con identidad, salud mental y adicciones que, según denunció, pueden afectar a personas nacidas mediante esta práctica.
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La propuesta busca que Colombia adopte una postura similar a la de países como España, Alemania, Italia y Finlandia, donde la maternidad subrogada está prohibida. El debate apenas comienza en el Congreso, pero sus promotores pretenden llevar la discusión hacia los límites de la comercialización de la gestación y la protección de las mujeres y los niños.
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