El terremoto en Colombia podría costar mucho más de lo que estimó el gobierno de Abelardo de la Espriella: hay cifras alarmantes

La emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto de 2026, de magnitud 7,4 en Colombia, activó una serie de alertas económicas en el país.

El más reciente informe del Banco de Occidente estima que los daños en infraestructura pueden alcanzar entre $30 billones y $40 billones, algo que representa cerca del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. La evaluación destaca que las cifras son preliminares, ya que los equipos técnicos continúan verificando el estado real de las edificaciones y los servicios estratégicos.

El documento resalta que el impacto inflacionario más relevante surge de los choques de oferta. Las interrupciones en las vías, los problemas de abastecimiento y el aumento en los costos de los fletes han comenzado a elevar los precios, especialmente los de los alimentos y el café.

Se precisó en el informe que “la emergencia agregará 10 puntos básicos a la inflación de cierre de año, que se ubicaría en 6,5 % anual”. No obstante, la caída del consumo en las zonas afectadas podría compensar parte de este efecto, la presión sobre los precios ya se hace notar.

Al respecto, el economista jefe de la entidad, David Cubides, indicó que “ante el entorno actual, redujimos la proyección de crecimiento nacional de 2,7% a 2,5%”. No obstante, dijo que ”estimamos que la reconstrucción en los departamentos impulsará la economía en 2027, lo que nos lleva a revisar al alza el pronóstico para ese periodo, del 2,4 % al 2,6 %”.

Según Cubides, la clave para la recuperación radicará en “la combinación de financiación oportuna, atención cercana y soluciones flexibles para apoyar a las familias, comercios y empresas que hoy enfrentan los desafíos derivados de esta coyuntura”.

Golpe simultáneo a empresas, hogares e infraestructura

El análisis del banco identificó tres frentes principales de afectación ante el sismo.

• Segmento empresarial: la consecuencia inmediata es una combinación de caída en las ventas, interrupciones operativas y mayores tensiones de liquidez. El reporte menciona que en Buenaventura y los corredores cafeteros el panorama es particularmente complejo. Hasta el momento, la Gobernación del Valle del Cauca ha reportado cerca de 700 unidades productivas afectadas, con pérdidas que superan los $16.000 millones.
• Ámbito de los hogares: muchas familias lidian con ingresos interrumpidos y un aumento de gastos en alojamiento, transporte y reposición de bienes. En zonas donde la infraestructura resultó dañada, el acceso al efectivo se ha dificultado, lo que obliga a la banca a mantener operativos cajeros automáticos, corresponsales, banca móvil y otros canales de retiro.
• Impacto sobre la infraestructura y el aseguramiento: es especialmente severo. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informa más de 73.400 viviendas averiadas, 12.800 destruidas, 120 edificios colapsados y daños en 240 centros de salud, 2.200 instituciones educativas y 1.200 centros comunitarios. Además, se han visto afectadas 210 vías, 73 acueductos, 44 puentes vehiculares, 13 puentes peatonales y cinco aeropuertos. La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) advierte que solo alrededor del 13 % de los hogares cuenta con seguro contra terremoto, lo que plantea importantes desafíos para la financiación de la reconstrucción.

Prioridades y retos para la recuperación económica

Frente al panorama, el informe recomienda que la flexibilidad financiera sea la primera línea de apoyo. Medidas como períodos de gracia, congelamiento temporal de cuotas, reestructuraciones de crédito y alivios en tasas permitirían brindar liquidez y adaptar las obligaciones a la nueva realidad de los clientes. La financiación de capital de trabajo, la reposición de inventarios y la adecuación de instalaciones, especialmente para las mipymes, se señala como fundamental, junto con créditos de libre inversión para trabajadores independientes y procesos ágiles a través de canales digitales.

Aconseja la entidad que tanto hogares como empresas prioricen la liquidez por encima del pago acelerado de deudas, reconstruyan gradualmente sus fondos de emergencia y eviten financiar pérdidas patrimoniales con créditos de alto costo. Además, recomienda separar el flujo operativo del destinado a la reconstrucción y revisar las pólizas de seguro existentes.

Y en cuanto al papel de la banca, el análisis sostiene que la financiación privada debe complementar, pero no sustituir, los recursos públicos. La coordinación con el Gobierno Nacional podría focalizarse en la identificación de beneficiarios para subsidios, garantías y programas de reconstrucción, mientras el sector bancario aporta recursos para capital de trabajo y reposición de activos.

El informe destaca la necesidad de preservar la liquidez del sistema en un entorno de tasa de política monetaria en 12 % y una inflación aún por encima de la meta. “El desarrollo del país se construye en los momentos de mayor dificultad”, afirmó el Banco de Occidente, que reiteró su compromiso de acompañar a los colombianos con herramientas para avanzar y reconstruir sus comunidades.

Proyecciones externas

A estos datos se suma el análisis de la firma Lumen Economics Intelligence, que dirige el exdirector ejecutivo de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía. Según cálculos de esta, el terremoto restaría 0,27 puntos porcentuales (pp) al crecimiento del PIB de Colombia en 2026, si se tiene como referencia la cifra de daños materiales por $30 billones anunciada por el Gobierno. Mejía anticipa que la normalización de la actividad y el proceso de reconstrucción aportarían 0,20 puntos al crecimiento en 2027 y 0,08 puntos en 2028.

“Según nuestras estimaciones, el terremoto restaría 0,27 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2026, mientras que la normalización de la actividad y la reconstrucción aportarían 0,20 puntos en 2027 y 0,08 puntos en 2028”, indicó el experto.

Por supuesto, el impacto no es homogéneo en todo el país. Las estimaciones de Lumen Economics Intelligence muestran que, en 2026, el crecimiento económico se reduciría:

• 2,50 pp en Risaralda.
• 2,34 pp en Chocó.
• 2,11 pp en Quindío.
• 1,75 pp en Valle del Cauca.
• 1,48 pp en Caldas.

Estos cinco departamentos concentran el 14,5 % del PIB nacional.

El modelo de la firma considera tres canales:

• Producción perdida por destrucción de capital.
• Interrupción temporal de la actividad.
• Gasto de reconstrucción como motor de recuperación.

En 2026, la interrupción de la actividad económica quitaría:

• 0,25 pp al crecimiento nacional.
• 0,07 pp a la producción por capital destruido.

Mientras tanto, el gasto de reconstrucción sumaría 0,05 pp.

Para 2027, se proyecta un efecto positivo de 0,20 pp y en 2028, un aporte de 0,08 pp al crecimiento.

Las cifras y proyecciones de las entidades coinciden en que el golpe macroeconómico será transitorio, aunque los retos para la reconstrucción y la protección de los sectores más vulnerables permanecerán como prioridad para el país.