Denuncian que el concejal Oswaldo Díaz, con arma en mano, habría aparecido en video diciendo que los petristas “van a llevar balín”: así creció la polémica

Una denuncia pública involucra al concejal de Valledupar Oswaldo Díaz Ortíz, del Partido Conservador, tras la difusión de un video en el que habría exhibido un arma de fuego y habría impartido amenazas directas contra sectores políticos identificados con el movimiento del expresidente Gustavo Petro.

La grabación generó reacciones de rechazo entre dirigentes nacionales y solicitudes de intervención ante los organismos de control.

En la pieza audiovisual, que no supera los 15 segundos, el líder conservador estaría sentado mostrando un arma de fuego y argumentando que cuenta con el amparo legal correspondiente para su porte. Durante la grabación, el cabildante habría asegurado que la condición de subteniente de la reserva y su cargo público justifican la tenencia del elemento.

“Arma amparada por ser subteniente de la reserva y concejal. Aquí la tengo lista pa’ la guerra. Cualquier petrista que venga, eso va a llevar es balín”, habría afirmado el concejal en la grabación difundida por redes sociales.

Reacciones y exigencias a organismos de control

La divulgación del contenido generó pronunciamientos por parte de congresistas y exfuncionarios del Gobierno nacional. Los sectores de oposición y del Pacto Histórico solicitaron la apertura de investigaciones disciplinarias y penales para determinar la responsabilidad del funcionario de la capital del Cesar.

La exsenadora María José Pizarro reaccionó a la difusión del material y pidió que los organismos de control e investigación revisen lo ocurrido. En su pronunciamiento, recordó una declaración del presidente Abelardo de la Espriella durante la campaña presidencial, cuando se refirió a la intención de “destripar” a la izquierda.

Pizarro también pidió una actuación de la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación: “¿No que era un ‘lapsus’ del candidato Abelardo? Hoy queda claro que están promoviendo la eliminación de la izquierda y el progresismo”. También agregó: “Procedan en función, señores @PGN_COL y @FiscaliaCol, se trata del concejal del Partido Conservador Oswaldo Díaz (sic)”.

El exministro de Minas y Energía Edwin Palma también reaccionó a las declaraciones del concejal conservador Oswaldo Díaz y expresó su preocupación por el tono del mensaje. En su pronunciamiento, el exfuncionario interpretó las palabras del cabildante como una amenaza contra sectores de la oposición y estableció una comparación con la violencia política que sufrió la Unión Patriótica (UP).

“¿Aquí los seguidores de Abelardo anuncian asesinatos para la oposición… Nos van a exterminar como a la UP?”, cuestionó Palma.

Palma también identificó a Díaz como concejal de Valledupar y cuestionó su pertenencia al Partido Conservador, al que se refirió irónicamente como un partido “pro-vida”. “Se llama Oswaldo Díaz - Concejal de Valledupar y sería del partido ‘pro-vida’ conservador (sic)”, escribió el exministro en sus redes sociales.

Alertas sobre la polarización política

El senador Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, también se pronunció sobre el caso y rechazó el uso de un lenguaje intimidatorio contra la oposición política en el país. El congresista advirtió sobre las consecuencias históricas que han dejado los mensajes de odio en el territorio nacional.

“Como el actual presidente amenazó con ‘destriparnos’ en campaña y aun así ganó; ahora el concejal de Valledupar, Oswaldo Díaz, aparece exhibiendo un arma y diciendo que cualquier petrista ‘va a llevar balín’”, escribió el congresista.

Escaf agregó: “No podemos normalizar estas amenazas al mejor estilo paraco. Colombia ya sabe adónde conduce este camino de odio contra quien piensa distinto: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y masacres. Ya vivimos ese horror en Colombia. Por pensamientos similares al que esboza el concejal ya fue aniquilado por completo un partido de izquierda. No permitamos que vuelva a ocurrir semejante desgracia”.

Las denuncias presentadas por los integrantes de la bancada de gobierno solicitan a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación que evalúen el comportamiento del servidor público y verifiquen los salvoconductos y la vigencia de los permisos de porte expedidos al cabildante. Hasta el momento, las autoridades judiciales no han emitido un reporte oficial sobre el inicio de las indagaciones.