Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos llevaron el caso del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero al centro de la discusión nacional sobre los operativos de ICE al denunciar que, un mes después de su muerte en Maine, no existe una investigación pública y que una pesquisa formal podría quedar atada al resultado electoral de noviembre.
El reclamo quedó resumido en una frase del principal demócrata del Comité de Seguridad Nacional, Bennie Thompson: “El FBI no ha hecho nada”.
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En el foro público realizado en Biddeford, el legislador sostuvo que impulsará una investigación si su partido recupera la mayoría legislativa en noviembre.
Según informó el Houston Chronicle, los congresistas cuestionaron la falta de transparencia alrededor del operativo y la ausencia de una audiencia formal de supervisión. Thompson también afirmó que la mayoría republicana de la Cámara no utilizó sus facultades para investigar el incidente.
Durán Guerrero murió hace un mes en Biddeford, en el estado de Maine, durante un operativo de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas. De acuerdo con el Portland Press Herald, los agentes abrieron fuego contra el vehículo en el que estaba el joven colombiano y murió en el acto.
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Del mismo modo, Thompson afirmó que hará rendir cuentas al ICE ante los hechos en los que han muerto migrantes durante sus operativos.
“Johan Sebastián Durán Guerrero debería seguir vivo. ICE no puede seguir utilizando fuerza letal sin consecuencias. Los haremos rendir cuentas”, dice una publicación hecha por el congresista demócrata en su cuenta en X.
En el foro, otros legisladores reclamaron explicaciones sobre tres puntos: la falta de cámaras corporales, la capacitación de los agentes y los filtros de contratación aplicados por el director Brouillette. El caso pasó así de un episodio local a una discusión más amplia sobre el uso de fuerza letal por parte de ICE.
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Un grupo de senadores envió además una carta al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para pedir cambios en los protocolos de la agencia y más transparencia en la difusión de investigaciones abiertas. La familia de la víctima también sigue esperando la devolución de las pertenencias de Durán Guerrero y el acceso a posibles pruebas recogidas durante el operativo.
Entre tanto, los padres de Johan Sebastián hablaron en el mismo lugar en el que ocurrió la muerte de su hijo. Hasta ahora, las autoridades federales no informaron públicamente avances de la investigación ni emitieron comunicados sobre el procedimiento aplicado ese día.
Editoriales conjuntos del diario de Houston y del medio de Portland señalaron que los abogados de la familia pidieron preservar los videos del operativo. El planteo surgió por la sospecha de que ese material pudiera ser sobrescrito si no se adoptaban medidas cautelares.
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El silencio de la administración federal y de las agencias implicadas se mantuvo también sobre ese punto. La falta de información oficial abarca tanto los detalles del operativo como el estado de la pesquisa y la conservación de evidencias.
Hasta el momento no hubo una pesquisa pública, no se celebró una audiencia formal de supervisión y la posibilidad de una investigación legislativa fue vinculada por Thompson al control de la Cámara después de noviembre.
El FBI no abrió una pesquisa de derechos civiles por la muerte del repartidor colombiano en Maine
La decisión de que el FBI no abriera una pesquisa de derechos civiles por la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, el repartidor colombiano de 25 años abatido por un agente de ICE el 13 de julio en Biddeford, Maine, profundizó las dudas sobre cómo se investigará uno de los casos más recientes de uso letal de la fuerza por parte de agentes federales de inmigración en Estados Unidos.
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La ausencia de una investigación de derechos civiles sorprendió a especialistas jurídicos. Según CBS, el exfiscal federal de derechos civiles Sam Trepel dijo: “Si las cosas funcionaran como tradicionalmente, esperaría que el FBI estuviera investigando este caso”.
Trepel agregó que el FBI es la agencia federal con más experiencia para investigar posibles violaciones de derechos civiles, incluidos tiroteos mortales cometidos por agentes federales. Esa expectativa contrastó con la vía elegida en este caso.
Así mismo, un funcionario del Departamento de Justicia explicó que, en cualquier tiroteo en el que participe un agente policial, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional asume el liderazgo y el FBI ofrece asistencia. El mismo funcionario añadió que, si durante la investigación aparecen pruebas, el departamento las evaluará y actuará en consecuencia.
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La declaración oficial sostuvo: “Estados Unidos se toma muy en serio cualquier denuncia de violación de los derechos civiles y colaboraremos con las fuerzas del orden y las Oficinas del Inspector General para revisar de manera adecuada y exhaustiva las denuncias creíbles de violaciones de la ley de derechos civiles”.
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