La representación de víctimas de la familia de Kevin Acosta pidió al Congreso de la República impedir la salida del país del expresidente de la República, Gustavo Petro, para evitar que no se entorpezca la investigación por la muerte del menor de siete años y la presunta filtración de su historia clínica.
La solicitud fue presentada a mediados de agosto de 2026 ante el presidente del Congreso y el presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Según el abogado Manuel Villanueva, representante de las víctimas, la medida busca garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición.
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Este proceso tendrá un punto central el próximo 24 de agosto de 2026 con la audiencia de imputación anunciada por la Fiscalía General de la Nación contra Luis Óscar Galves Mateus, entonces interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional; y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.
La diligencia se realizará por el delito de homicidio culposo dentro de la investigación por la muerte del menor, que se registró el 13 de febrero de 2026, esperando un tratamiento médico para la hemofilia.
Villanueva sostuvo que para la representación de víctimas se trata de “un avance importante” y de “una muestra indiscutible del avance de la investigación por parte de la Fiscalía”.
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La Fiscalía imputará a cuatro exfuncionarios por homicidio culposo
La defensa, en cabeza de Manuel Villanueva, recordó que el caso provocó una amplia reacción después de la muerte de Kevin Acosta y de las declaraciones públicas hechas por el entonces presidente Gustavo Petro. En ese contexto, señaló que la Fiscalía citó a las partes para la diligencia de imputación con base en los procesos de investigación que se han adelantado.
A propósito, se refirió a la decisión del ente acusador de compulsar copias ante la Comisión de Investigación y Acusación para que se investigue una eventual responsabilidad del expresidente. Según explicó, en esa actuación se analiza una posible responsabilidad penal de Petro “en un juicio culposo, en calidad de garante”.
Villanueva recordó que “el presidente de la República no solamente manipuló la historia clínica, sino que, como consecuencia de una política frente al sistema de salud de los colombianos, desfinanció el sistema”. El representante de las víctimas añadió que esa situación habría incidido en la atención que requería el menor.
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En su criterio, cuando se necesitaron medicamentos de alta complejidad para Kevin, el sistema de salud colombiano no tenía capacidad para suministrarlos. Por eso, sostuvo que existe una responsabilidad del entonces mandatario, a quien atribuyó el liderazgo de esa política.
La representación de víctimas buscará frenar una eventual salida del país
La petición parte de esa lectura del caso y de la necesidad de proteger a las víctimas. El abogado Villanueva explicó que el argumento central es “esa protección especial que un Estado social de derecho le debe dar a las víctimas”.
El apoderado cuestionó que el expresidente Petro pueda salir del país mientras siguen en curso actuaciones relacionadas con el expediente. En sus palabras: “No sabemos si se va del país, regresa, no regresa, y de cara a la justicia y la garantía de las víctimas en el proceso, a la verdad, a la justicia, la reparación y, por ejemplo, esa no repetición, es difícil que eso se dé con, digamos, con la persona que está siendo señalada de manera directa fuera del país”.
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Con base en ese argumento, Villanueva consideró que el Senado debería abstenerse de conceder la autorización. “En esas condiciones yo creería que, en aras de los derechos de las víctimas, el Congreso, en este caso, el Senado, debería abstenerse de darle la autorización al presidente de abandonar el país”, dijo.
La representación de víctimas anunció además que acudirá a otras instancias judiciales para intentar impedir la salida de Petro. Villanueva afirmó que, además de la solicitud política, promoverán las acciones que consideren necesarias, incluido un juez de tutela, para buscar que el expresidente se abstenga de salir del país.
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