Un nuevo proyecto de ley llegó al Congreso de la República para apoyar el desarrollo de las empresas de Colombia. Se trata de lo que sería la ley de competitividad, cuyo texto fue radicado en el Senado de la República por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, como primera apuesta del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para destrabar la creación de empresas, reducir la burocracia y simplificar la vida de quienes producen, invierten y generan empleo en Colombia.
La iniciativa busca bajar trámites, costos y tiempos para las empresas, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y fortalecer la digitalización y la relación entre el Estado y los empresarios.
Gómez Amín presentó el proyecto como una señal de respaldo a la actividad empresarial: “Como ministro de Comercio, Industria y Turismo, tengo claro que el Estado debe ser un aliado y no un obstáculo. Vamos a reducir trámites, costos y tiempos, especialmente para las mipymes, fortalecer la digitalización y hacer más eficiente la relación entre el Estado y los empresarios. Menos trámites, más empresa y más oportunidades para Colombia”.
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Añadió que “estamos entrando aquí al Senado de la República a radicar nuestro proyecto de ley destrabe o de permisología. Vamos a simplificar la vida de los empresarios en nuestro país, sobre todo de las mipymes, para que puedan crear empresa y construir patria. Firmes por la patria, vamos con todo”. Dicho proyecto de ley va con mensaje de urgencia.
Agenda empresarial para reconstrucción, inversión y estabilidad fiscal
La iniciativa se presenta una semana después del terremoto del 10 de agosto de 2026, que dejó graves consecuencias para el sector empresarial. Ante las dificultades, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) planteó al Ejecutivo una agenda de reconstrucción, estabilidad fiscal y reactivación de la inversión, mientras la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) acordó con el Gobierno cuatro frentes para recuperar a los negocios afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026.
La Andi, que preside Bruce Mac Master, situó sus planteamientos ante el nuevo Gobierno en un escenario marcado por desafíos económicos y sociales agravados por la emergencia del terremoto del 10 de agosto de 2026.
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Dentro de sus prioridades, el gremio:
- Ubicó la reconstrucción nacional y la estabilidad de las finanzas públicas.
- Calculó necesidades cercanas a $30 billones para recuperar la infraestructura afectada, por encima de los fondos recaudados por iniciativas de solidaridad privada.
- Pidió enfrentar el déficit heredado en las finanzas públicas. A eso sumó los pasivos en salud y en el sector eléctrico.
- Planteó reactivar la inversión privada y empujar la economía hacia una expansión proyectada del 5%.
Seguridad, infraestructura y servicios en las prioridades del sector privado
De igual manera, la Andi puso en su agenda la recuperación de la seguridad y de la presencia legítima del Estado en regiones copadas por grupos armados ilegales. Incluyó además la seguridad energética, la solidez del sistema de salud y la viabilidad de los fondos de pensiones como condiciones para sostener la actividad económica.
También pidió destrabar proyectos represados en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). A esa lista sumó la necesidad de dar claridad a los subsidios habitacionales.
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Hoja de ruta para las mipymes ante el terremoto
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) expuso sus expectativas ante el nuevo periodo presidencial con un mensaje de respaldo institucional y disposición de trabajo conjunto con el Gobierno nacional. La organización afirmó que esta nueva etapa debe impulsar:
- Inversión.
- Formalización empresarial.
- Acceso al financiamiento.
- Transformación digital.
- Innovación.
- Internacionalización.
- Entorno regulatorio que incentive la productividad y la competitividad.
La entidad también reiteró que las micro, pequeñas y medianas empresas son el principal motor del empleo, el emprendimiento y el desarrollo económico en las regiones. El planteamiento tomó forma en una reunión celebrada en Bogotá el 13 de agosto de 2026 entre miemros de Acopi y representantes del Gobierno nacional.
Al encuentro se sumaron Cámaras de Comercio, gremios empresariales, gobernaciones y alcaldías de las zonas afectadas por el terremoto, con el propósito de coordinar una respuesta para el sector productivo.
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De esa mesa salieron cuatro frentes de trabajo para la recuperación de las mipymes afectadas. Los ejes acordados fueron:
- Un censo unificado y Registro Único de Afectación.
- Alivios tributarios territoriales.
- Reactivación económica.
- Revisión de decretos de emergencia económica.
Según lo acordado, el censo buscará identificar con precisión las empresas afectadas y sus principales necesidades. Los alivios tributarios apuntan a reducir cargas para facilitar la recuperación.
La reactivación económica contempla acciones y mecanismos de apoyo para recuperar la actividad productiva, proteger los empleos y garantizar la continuidad de los negocios. La revisión de los decretos de emergencia busca aplicar medidas oportunas frente a las afectaciones del sector empresarial. Además, las partes definieron responsables para cada frente con el fin de coordinar el trabajo entre el Gobierno nacional, las autoridades territoriales y el sector empresarial.
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Para las mipymes golpeadas por el sismo, la atención quedó puesta en que los compromisos se traduzcan en respuestas concretas que permitan reabrir negocios, sostener el empleo y reactivar la producción en los territorios afectados.
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