El abogado Martín Juvinao Diazgranados, defensor del exalcalde de Ciénaga (Magdalena), Luis Alberto Tete Samper, desmintió las versiones que circularon en redes sociales y algunos medios de comunicación sobre una supuesta captura del exmandatario en su residencia.
A través de un video difundido en sus redes sociales, el jurista afirmó que la información divulgada no corresponde con lo ocurrido durante la audiencia judicial realizada este miércoles.
“Quiero expresar a la opinión pública, o mejor, desmentir ante la opinión pública las afirmaciones hechas por varios medios de comunicación, especialmente por redes sociales, en donde se afirmó en forma irresponsable y temeraria que el señor Luis Alberto Tete Samper fue capturado en su residencia en mi presencia. Esta afirmación es falsa de toda falsedad”, manifestó.
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Defensa confirma sentencia condenatoria y orden de captura
Aunque rechazó las versiones sobre una captura ya ejecutada, Juvinao confirmó que durante la audiencia de lectura de sentencia el juez profirió una sentencia condenatoria y ordenó una captura para hacer efectiva una medida de prisión domiciliaria.
Según explicó, la defensa ya conocía desde el 4 de diciembre del año pasado que la decisión judicial sería condenatoria.
“Desafortunadamente, el señor juez de la causa ordenó captura, situación que con antelación se le puso de presente que no ameritaba la orden de captura (...), pero consideró que era viable la captura y la profirió para darle cumplimiento a una prisión domiciliaria”, indicó.
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El abogado precisó que, cuando la orden judicial se haga efectiva, la medida deberá cumplirse en el domicilio del exalcalde.
La defensa anunció recursos judiciales
Durante su pronunciamiento, el defensor informó que presentó recurso de apelación contra la decisión y que este será sustentado dentro de los términos establecidos por la ley.
Asimismo, anunció que interpondrá una acción de tutela, al considerar que durante la audiencia fueron vulnerados el derecho a la libertad personal y el debido proceso.
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De acuerdo con Juvinao, el juez no justificó la necesidad de ordenar la captura para ejecutar la medida de prisión domiciliaria.
“Ya tenemos listo con el equipo de abogados que nos viene asesorando desde la ciudad de Bogotá toda la argumentación jurídica para rebatir uno a uno los puntos que el juez esgrimió”, afirmó.
Además, señaló que la defensa estudia la posibilidad de presentar una denuncia penal y disciplinaria contra el juez, al considerar que la decisión constituye un prevaricato. Esa afirmación corresponde exclusivamente a la postura de la defensa y no implica un pronunciamiento de las autoridades competentes.
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El origen del proceso judicial
Según explicó el abogado, la investigación se originó por un convenio de asociación suscrito en noviembre de 2015, cuando Luis Alberto Tete Samper ejercía como alcalde de Ciénaga.
Juvinao sostuvo que el convenio fue celebrado con una fundación agroambiental y que cumplía con los requisitos exigidos para este tipo de acuerdos, los cuales, según dijo, estaban dirigidos a beneficiar a comunidades indígenas del resguardo Kogui, Malayo y Arhuaco.
La defensa cuestionó que el juez acogiera la teoría presentada por la Fiscalía sobre un presunto incumplimiento de los principios de la contratación estatal y sostuvo que el fallo no precisó cuáles normas esenciales habrían sido vulneradas.
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Asimismo, indicó que integrantes de las comunidades indígenas beneficiarias del convenio expresaron su respaldo al exalcalde y a José Armando Ulloa Niño, quien también figura dentro del proceso.
Versiones difundidas antes del pronunciamiento de la defensa
Antes del video divulgado por el abogado, algunos medios de comunicación publicaron que el exalcalde había sido capturado por orden del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Santa Marta, en un proceso relacionado con hechos investigados durante una de sus administraciones.
Sin embargo, la defensa sostiene que la captura no se había materializado al momento del pronunciamiento y reiteró que lo ocurrido durante la diligencia judicial fue la expedición de una orden de captura para hacer efectiva una medida de prisión domiciliaria, decisión que será controvertida mediante los recursos previstos en la ley.
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