La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, rechazó los señalamientos sobre supuestas irregularidades en el proceso para seleccionar proveedores de bienes y servicios de ciberseguridad para entidades del Estado. La entidad aseguró que la información difundida recientemente en redes sociales no corresponde al estado real del procedimiento.
El pronunciamiento se produjo tras denuncias sobre una presunta adjudicación irregular del proceso identificado como CCENEG-094-1-2026, relacionado con la estructuración de un nuevo Acuerdo Marco de Precios para ciberseguridad. La Agencia negó que existan hechos de corrupción y sostuvo que el trámite sigue en curso.
De acuerdo con la información publicada por Semana, Colombia Compra Eficiente afirmó que “no es cierto que haya irregularidades en procesos de contratación adelantados por esta Agencia”. También desmintió que la adjudicación esté prevista para el 28 de julio, como se habría señalado públicamente.
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Según la entidad, el cronograma vigente establece que esa etapa se desarrollará el 14 de octubre. Con esa precisión, buscó aclarar que el proceso no ha llegado a una fase definitiva y que aún se encuentra dentro de los tiempos previstos para revisar observaciones, ajustar documentos y avanzar en la estructuración del mecanismo.
Agencia aclara cómo funciona el Acuerdo Marco
Colombia Compra Eficiente explicó que su función no es celebrar contratos directos para las entidades públicas. Su papel consiste en diseñar instrumentos que permitan adquirir bienes y servicios bajo criterios de eficiencia, transparencia y competencia entre proveedores.
La entidad señaló que los Acuerdos Marco de Precios no funcionan como un contrato tradicional. En su comunicado los definió como “un contrato sombrilla” en el que la Agencia realiza una negociación inicial de precios con proveedores de un bien o servicio específico, a valor cero.
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Esto significa que, después de esa estructuración, son las entidades estatales las que realizan las adquisiciones según sus necesidades particulares. Cada entidad determina qué compra, con qué alcance y por qué valor, dentro de las condiciones establecidas en el acuerdo, sin que la Agencia asuma directamente la contratación final.
Frente a las acusaciones de supuesto direccionamiento, Colombia Compra Eficiente aseguró que la construcción del nuevo acuerdo comenzó en julio de 2025 mediante una invitación abierta a los interesados. Desde entonces, afirmó, se han realizado mesas de trabajo con entidades públicas y proveedores para recoger comentarios y definir condiciones técnicas.
Proceso ha recibido cerca de 4.000 observaciones
La Agencia informó que el cronograma ha sido modificado en varias oportunidades para atender observaciones recibidas durante la etapa de construcción. Según indicó, los documentos preliminares han recibido cerca de 4.000 comentarios, todos publicados en la plataforma Secop II.
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Con ese dato, la entidad defendió que el proceso ha tenido espacios de participación y revisión. También aseguró que, para reforzar la transparencia, solicitó previamente acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.
Colombia Compra Eficiente negó además que existan pliegos direccionados o requisitos diseñados para limitar la participación de empresas nacionales. Según la Agencia, los criterios técnicos fueron planteados para garantizar pluralidad de oferentes y competencia dentro del mecanismo de compra pública.
La respuesta del Gobierno llega después de que el empalme “anticorrupción” del presidente electo, Abelardo de la Espriella, presentara denuncias ante la Procuraduría y la Contraloría por presuntas irregularidades en varios procesos. En este caso, la entidad sostuvo que no hay una adjudicación irregular y que la información difundida no refleja el estado real del trámite.
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Finalmente, Colombia Compra Eficiente aseguró que mantiene disposición para realizar el proceso de empalme con el equipo entrante. La entidad dijo que está abierta a resolver inquietudes sobre este y otros procesos contractuales en curso, mientras avanza la estructuración del Acuerdo Marco de Precios de ciberseguridad, una herramienta que será clave para futuras compras estatales en esa materia.