El presidente electo Abelardo de la Espriella ratificó que mantiene su intención de posesionarse el próximo 7 de agosto en una guarnición militar ubicada en el sur del país, pese a la oposición expresada por el Gobierno saliente y a la controversia jurídica que ha surgido sobre la posibilidad de trasladar la ceremonia fuera del Capitolio Nacional.
El anuncio fue realizado durante su tercera alocución como mandatario electo, emitida el lunes 13 de julio, en la que también presentó decisiones relacionadas con la conformación de su gabinete, la reestructuración de la Presidencia y la creación de un banco nacional de talentos. Sin embargo, uno de los mensajes que más llamó la atención fue la confirmación del lugar donde espera realizar su investidura presidencial.
“Pese a la oposición del nefasto y delirante gobierno saliente, los colombianos pueden estar seguros de que cumpliré mi promesa. Me voy a posesionar en el sur del país, en una guarnición militar, para rendirle un homenaje solemne a los héroes de la patria y a los uniformados que protegen la democracia, la libertad y la institucionalidad”, afirmó.
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La posesión dependerá de la decisión que adopte el Congreso
Aunque De la Espriella reiteró que cumplirá su promesa de campaña, la realización de la ceremonia fuera del Capitolio Nacional aún depende de una decisión del Congreso de la República, que deberá pronunciarse sobre la propuesta una vez se instale la nueva legislatura el próximo 20 de julio.
En su intervención, el mandatario electo hizo un llamado directo a los nuevos congresistas para que respalden la iniciativa.
“Hago un llamado directo y patriótico al nuevo Congreso de la República para que el 20 de julio tomen la decisión correcta para cumplir con ese mandato del pueblo”, expresó.
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Asimismo, sostuvo que espera mantener una relación de colaboración con el Legislativo durante su administración. “Trabajaré de la mano del nuevo Congreso, así como hemos empezado a hacerlo con la Rama Judicial. La colaboración armónica de las instituciones en la Patria Milagro es una exigencia del pueblo colombiano”, agregó.
Una ceremonia austera y sin el presupuesto previsto por el Gobierno saliente
Durante la alocución, De la Espriella también anunció que ordenó a su equipo reducir los costos del acto de posesión y no ejecutar la totalidad del presupuesto contratado por la administración saliente para la ceremonia.
“Le he dado la orden a mi equipo de trabajo y producción de que no utilicen la totalidad del presupuesto que en un contrato multimillonario adjudicó el gobierno saliente. Yo quiero una posesión austera, sin derroche, al estilo del tigre. No voy a legalizar el despilfarro al que está acostumbrada la politiquería corrupta del gobierno saliente”, manifestó.
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El presidente electo insistió en que el evento cumplirá con la Constitución y la ley, al tiempo que reiteró que tendrá como propósito principal rendir homenaje a los integrantes de la Fuerza Pública.
“Mi posesión será en el sur del país, cumplirá con la Constitución y la ley y le rendirá homenaje, como lo prometí, a los héroes de nuestra patria”, concluyó el mandatario electo.
La propuesta abrió un debate jurídico desde finales de junio
La intención de trasladar la ceremonia de posesión fuera de Bogotá no es nueva. El primer anuncio fue realizado el 23 de junio, poco después de conocerse oficialmente su triunfo en las elecciones presidenciales, cuando manifestó que buscaba romper con la tradición de realizar la investidura en la Plaza de Bolívar y optaría por una instalación militar, aunque entonces no reveló la ubicación por razones de seguridad.
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Posteriormente, entre el 9 y el 10 de julio, el equipo de empalme adelantó consultas técnicas y jurídicas para evaluar la viabilidad del cambio de sede. Incluso trascendió que una de las alternativas estudiadas correspondía a un batallón militar ubicado en Popayán (Cauca), uno de los departamentos más afectados por la violencia.
No obstante, el Gobierno del presidente Gustavo Petro manifestó formalmente su desacuerdo. El 10 de julio, la Presidencia envió una comunicación en la que sostuvo que la competencia para modificar el lugar de la ceremonia corresponde exclusivamente al Congreso, por lo que descartó que el Ejecutivo pudiera autorizar el traslado.
Días después, el mandatario saliente reforzó esa posición mediante un mensaje público en sus redes sociales en el que señaló que ninguna instalación militar debía ser utilizada para una posesión presidencial mientras él continuara ejerciendo como comandante supremo de las Fuerzas Militares.
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