La Unión de IPS (Unips) advirtió que el Gobierno entrante recibirá el sistema de salud en su punto más crítico, con un patrimonio negativo de las EPS que pasó de $429 mil millones en el primer trimestre de 2022 a $18,2 billones en el mismo periodo de 2026, un deterioro que ya compromete la atención oportuna de los pacientes, el abastecimiento de medicamentos y la estabilidad financiera de hospitales y clínicas.
El informe del gremio también muestra que, solo en el primer trimestre de 2026, el costo médico agregado fue de $6,7 billones frente a ingresos operacionales de $6 billones. El resultado fue un faltante superior a un billón de pesos incluso antes de sumar los gastos administrativos y financieros.
La Unión de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud sostuvo que la capacidad de respuesta de las IPS “está llegando a su límite” por los problemas de liquidez y los retrasos en los pagos.
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Para la organización, esa presión refleja una brecha creciente entre los recursos que reciben las EPS y el costo real de la prestación de los servicios.
El estudio de Unips señaló que la siniestralidad global, indicador que mide cuánto gastan las EPS frente a los recursos que reciben, alcanzó 105,6% en el primer trimestre de 2026, el nivel más alto del periodo analizado. En términos prácticos, eso significa que por cada 100 pesos que entraron al sistema, las entidades destinaron 105,6 pesos a cubrir costos médicos y administrativos.
La tendencia, según el informe, se mantiene desde 2023. Ese año el indicador fue de 99,2%; en 2024 subió a 100,7%; en 2025 llegó a 103,3% y en 2026 escaló al 105,6%.
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El deterioro también aparece en la relación entre activos y pasivos. Entre 2025 y 2026, los activos de las EPS pasaron de $16,9 billones a $20,5 billones, un aumento de 21%, mientras los pasivos crecieron de $27,1 billones a $38,7 billones, equivalente a 43%.
Para el gremio, ese comportamiento implica que las deudas avanzan casi al doble del ritmo de los bienes y recursos disponibles. La consecuencia es una ampliación continua del déficit patrimonial del sistema de aseguramiento en salud.
Entre las EPS intervenidas, el patrimonio agregado llegó a -$12,8 billones. Coosalud registró el mayor déficit con -$3,9 billones, seguida por Famisanar con -$3,2 billones y Emssanar con -$2,5 billones.
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El informe incluyó además a Asmet Salud, que pasó de -$763 mil millones en 2022 a -$1,58 billones en 2026. A esa lista se suman SOS EPS con -$1,16 billones, Capresoca con -$270 mil millones y Dusakawi Epsi con -$291 mil millones.
Según el estudio, Cajacopi EPS es la única intervenida que mantuvo patrimonio positivo durante todo el periodo analizado. En el grupo de entidades no intervenidas, el patrimonio agregado fue de -$5,3 billones entre las 15 EPS que reportaron información financiera al primer trimestre de 2026.
En ese grupo, Sanitas concentró el mayor déficit con -$2,9 billones, seguida por Savia Salud con -$1,4 billones, Compensar con -$549 mil millones, la Asociación Indígena del Cauca con -$385 mil millones, Mallamas EPSI con -$282 mil millones, Asociación Mutual SER con -$263 mil millones, Comfenalco Valle con -$190 mil millones y Capital Salud con -$110 mil millones.
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Aunque siete entidades conservaron patrimonio positivo, entre ellas Salud Total, EPS Sura, Aliansalud y Salud Bolívar, la organización concluyó que esos resultados no alcanzan para compensar el deterioro acumulado del resto del sistema.
La respuesta que plantea el gremio es un plan de choque para los primeros 90 días de la nueva administración. La propuesta incluye acelerar el pago de las deudas con las IPS, sanear la cartera, atender la crisis de abastecimiento de medicamentos, revisar la suficiencia de los recursos del sistema, fortalecer la vigilancia financiera de las EPS, proteger la capacidad operativa de hospitales y clínicas y convocar un acuerdo nacional con todos los actores del sector.
La organización pidió que la recuperación del sistema de salud sea declarada prioridad nacional. En su diagnóstico, el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella recibirá una estructura financiera en la que los indicadores de sostenibilidad siguen alejándose del equilibrio.
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