La controversia entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y los magistrados del Consejo de Estado se intensificó luego de que el mandatario publicara en su cuenta de X una nueva crítica directa al tribunal.
En su mensaje, Petro cuestionó la decisión de suspender el traslado de recursos de los fondos privados a Colpensiones y señaló: “Ha prejuzgado”.
En la publicación, el presidente expresó: “Al expresar los firmantes magistrados del Consejo de Estado, un comunicado donde tipifica como ‘derecho desbordado’ nuestro decreto en dónde se ordena devolver el ahorro de los pensionados a Colpensiones tal como ordena la ley vigente y en virtud de su decisión libre de pasarse a Colpensiones, ha, en mi opinión, prejuzgado (SIC)”.
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Esta declaración se produjo luego de que el Consejo de Estado suspendiera de manera provisional el Decreto 0415 de 2026, que obligaba a los fondos privados a transferir a Colpensiones más de $25 billones de aproximadamente 130 mil trabajadores que optaron por el régimen público.
La decisión del Consejo de Estado generó una respuesta institucional en la que el alto tribunal defendió su autonomía y advirtió sobre el impacto de los señalamientos presidenciales.
El organismo sostuvo que los comentarios de Petro y sus llamados a presentar denuncias penales contra un magistrado constituyen un riesgo para la división de poderes. En su comunicado, el tribunal destacó: “El tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución, vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar, nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes”.
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Según el comunicado de la Presidencia de la República, el presidente reiteró que una de sus funciones constitucionales es proteger el ahorro de los colombianos. En declaraciones públicas, Petro afirmó: “Una de las funciones del Presidente de la República, de acuerdo con la Constitución Política de 1991, es proteger el ahorro de todos los colombianos”, y advirtió que una delegación de la Superintendencia Financiera se reuniría con los fondos privados de pensiones para gestionar el giro de los ahorros a Colpensiones.
Durante una visita oficial a Timbío, Cauca, el mandatario defendió el decreto suspendido y señaló que el traslado de ahorros de los trabajadores era un derecho legítimo amparado por la ley vigente. En ese contexto, Petro agregó que el magistrado ponente de la suspensión del decreto y quienes se opusieron al traslado de los fondos estaban “cometiendo un delito” y que había ordenado su denuncia, conforme a lo que considera su deber legal.
La nota institucional de la Presidencia también incluyó una referencia a los numerales 24, 25 y 26 del artículo 188 de la Constitución, que establecen las funciones del jefe de Estado, entre ellas la protección del ahorro nacional. Además, Petro hizo énfasis en que los banqueros no pueden disponer libremente de los recursos de los trabajadores y que, según los Acuerdos de Basilea, el ahorro pertenece al ahorrador.
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El Consejo de Estado respondió que la independencia judicial y la separación de poderes son pilares fundamentales del sistema democrático. En su comunicado, el tribunal afirmó: “La desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales deterioran la confianza institucional, debilitan el Estado de derecho que el país ha construido y defendido, y se traducen en señalamientos y hostigamientos contra quienes asumen, cada día, la responsabilidad de juzgar”.
El tribunal insistió en que el control judicial sobre los actos del Ejecutivo es una garantía democrática y no un obstáculo para el funcionamiento del Estado. La corporación recordó que su legitimidad proviene de la Constitución y que su competencia para revisar los actos del Ejecutivo está claramente definida.
En su pronunciamiento, Petro defendió la legitimidad del decreto y el derecho de los trabajadores a trasladar sus ahorros a Colpensiones. “El ahorro no es del banquero, es del ahorrador o ahorradora, que debe cuidarlo y que debe entregarlo con su tasa de interés pactada al dueño o dueña de ese ahorro, punto. Lo demás se llama robo y aquí no tenemos ni queremos tener banqueros bandidos”, afirmó el mandatario durante su intervención pública.
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El choque entre el Ejecutivo y el máximo tribunal administrativo se mantuvo en un tono elevado, con advertencias sobre la importancia de la independencia de los poderes públicos y la defensa del Estado Social de Derecho. El Consejo de Estado reiteró: “Cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos”.