La Policía Nacional entregó un balance de los diez años de funcionamiento de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), creada tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, en el que se destaca que 101.785 uniformados han sido reconocidos como víctimas del conflicto armado interno, según información publicada por Revista Semana.
El informe evidencia el impacto del conflicto dentro de la institución y el papel que ha tenido esta unidad en la implementación de acciones relacionadas con el proceso de paz en Colombia. Durante este periodo, la UNIPEP ha liderado el diseño, coordinación y despliegue de estrategias institucionales orientadas a garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos tras el acuerdo firmado con las extintas Farc.
Entre las funciones principales de esta unidad se encuentra el acompañamiento a las zonas de reincorporación, la verificación de los ceses al fuego y la dejación de armas por parte de los excombatientes. Estas labores han sido clave para consolidar la transición hacia escenarios de menor confrontación en distintas regiones del país.
Uno de los datos más relevantes del balance es el relacionado con el material de guerra entregado por la antigua guerrilla. Según el reporte oficial, se logró la custodia y extracción de 8.122 armas, equivalentes a 69 toneladas de armamento, en el marco del proceso de desarme.
Además de estas acciones operativas, la institución ha avanzado en procesos de memoria histórica y reparación dirigidos a los miembros de la Policía afectados por la violencia. Este enfoque busca visibilizar el impacto del conflicto en la fuerza pública y contribuir a la reconstrucción del tejido social.
“Este enfoque del servicio de policía ha permitido fortalecer la confianza institucional en las regiones históricamente más afectadas por el conflicto armado, ya que trasciende la atención de los fenómenos delictivos”, señala el balance, citado por Revista Semana.
La estrategia implementada por la UNIPEP también ha estado orientada a promover acciones preventivas, con el objetivo de reducir la violencia y mejorar las condiciones de seguridad en territorios vulnerables. Estas intervenciones incluyen un enfoque diferencial basado en derechos humanos, género y protección de comunidades en riesgo.
En paralelo, la unidad ha desempeñado un papel como enlace con países y organismos internacionales de cooperación, facilitando el desarrollo de programas enfocados en la reconstrucción social en municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estas zonas han sido históricamente afectadas por el conflicto armado.
El balance también resalta los esfuerzos en materia de memoria histórica. Como parte de estas iniciativas, se han construido cinco monumentos, se han publicado 21 libros y se han producido cinco documentales, además de otros contenidos audiovisuales orientados a preservar la memoria de las víctimas y promover la verdad.
A pesar de los avances reportados, los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz continúan siendo evidentes en varios territorios del país. Un informe de Función Pública citado en el contexto del balance advierte que 38 municipios con PDET no han entregado sus informes de rendición de cuentas, lo que refleja dificultades en el seguimiento institucional.
Estos resultados se conocen en medio de un debate nacional sobre el alcance y cumplimiento del Acuerdo de Paz, especialmente en lo relacionado con la seguridad en las regiones y la reparación de las víctimas.
El reconocimiento de más de 100.000 policías como víctimas del conflicto pone en evidencia la magnitud del impacto que la violencia ha tenido en la fuerza pública y plantea la necesidad de continuar fortaleciendo las políticas de reparación y memoria en el país.