Tras ocho días de paro minero en el Bajo Cauca, la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) intervino el lunes 23 de marzo de 2026 por solicitud de la Gobernación de Antioquia y el Gobierno nacional para desbloquear la vía que conecta con la Costa Caribe. Lo anterior, ante el fuerte impacto que han causado estas manifestaciones, no solo desde el punto de vista económico, sino en la atención médica de la población civil.
La operación de la Undmo se lanzó después de reportes de bloqueos y hechos violentos en los municipios de Caucasia y El Bagre, donde miles de transportadores, comerciantes y familias se han visto afectados por las interrupciones en el tránsito y la economía regional. Aunque se habían alcanzado siete acuerdos de las 20 demandas presentadas por los manifestantes, y se estableció un acuerdo parcial, los agentes del orden intervinieron para restablecer el paso.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Pese al acuerdo parcial, las restricciones se registraban en los sectores de Campoalegre y La Rotonda, en Caucasia. Las autoridades, a su vez, habían acordado habilitar el paso por el corredor humanitario cada dos horas durante 30 minutos, mientras se mantiene la expectativa por la reanudación de los diálogos, que estaba prevista para el 26 de marzo. No obstante, la necesidad de restablecer el paso llevó a las autoridades a tomar decisiones sobre este asunto.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que los manifestantes impidieron el paso a una misión médica y prendieron fuego a la motocicleta de un campesino que intentaba atravesar la zona de bloqueo. “No puede haber diálogo en medio de bloqueos y violaciones a los derechos humanos. Ya son 7 días con el Bajo Cauca paralizado y el país secuestrado por el caos”. Ya son 7 días con el Bajo Cauca paralizado y el país secuestrado por el caos”, expresó.
Los motivos que habrían llevado a las autoridades a intervenir con la Undmo
En uno de los episodios más críticos, una ambulancia con un niño enfermo fue detenida, lo que generó momentos de tensión y temor entre los integrantes de la misión médica. “No puede haber diálogo en medio de bloqueos”, advirtió uno de los voceros. La situación se agravó con nuevos actos de vandalismo, como la incineración de una embarcación en el municipio de El Bagre, mientras persisten las pérdidas económicas de los que no han podido cruzar estos bloqueos.
Según cifras oficiales, recogidas por medios como Blu Radio, la reducción de operaciones diarias alcanza el 70%, con 6.300 personas afectadas a diario y pérdidas por más de 17.000 millones de pesos en el último mes, principalmente para el sector transportador. El diálogo entre el Ejecutivo y la Mesa Minera, como se señalaba, permitió un avance parcial, pero no llegó a puntos de acuerdo que pudieran levantar la movilización, motivo por el cual intervino la Undmo.
No obstante, Cristian Hincapié, líder de la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba, indicó el domingo 22 de marzo que “la mesa de diálogo se suspende porque el Gobierno no ha reconocido la maquinaria amarilla como parte de un proceso formal”, en referencia a la negativa del Ministerio de Defensa de incluir ciertos equipos en los criterios de formalización minera, como lo exigieron en estas manifestaciones que truncaron el normal paso por este trayecto vial.
“Nosotros, los de la mesa minera, no estamos de acuerdo que tanto maquinaria amarilla como dragones no sean tenidos en cuenta para los procesos de formalización y de legalidad. Hoy para la pequeña minería hay muchas garantías, pero ellos no quieren reconocer que los mineros evolucionamos, puesto que he conocido gente barequiando y hoy tienen tres y cuatro máquinas. He ahí la gran problemática en estos momentos”, agregó el líder del gremio minero.
Entre los compromisos figuraba la realización de 10 horas diarias de trabajo en la mesa de diálogo y la garantía de no estigmatización ni judicialización de la protesta social pacífica. Además, se había acordado la instalación de mesas técnicas ambientales, así como en la solicitud de certificaciones para zonas con potencial minero y jornadas de socialización normativa y bancarización; sin embargo, este suceso fue tomado como un retroceso.
Y es que en redes sociales también circularon videos de cómo algunos vehículos habrían sido incendiados, según denunció la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), que expresó cómo estarían siendo víctimas de colectivos que denominaron “primeras líneas”.
“El preámbulo a otro estallido social, donde los camioneros son el sacrificio del incumplimiento a promesas de campaña y de Gobierno. Como comunidad camionera no tenemos por qué ser la víctima de la equivocada política y del desastre en seguridad. El Bajo Cauca antioqueño, así no les guste a muchos es la tumba del patrimonio de los camioneros, es literal una vía secuestrada por el terrorismo", indicó la agrupación en su mensaje.