En lo que sería un campanazo de alerta en relación con una de las más polémicas propuestas del presidente de la República, Gustavo Petro, el constitucionalista Mauricio Gaona lanzó el jueves 19 de marzo de 2026 una dura advertencia sobre el riesgo que implicaría para Colombia la realización de una asamblea constituyente propuesta por el jefe de Estado, proyecto que sería radicado el 20 de julio.
En diálogo con el periodista Gustavo Gómez, indicó que este mecanismo permitiría la concentración de poderes en el Ejecutivo y la eliminación de los límites fundamentales impuestos por la Constitución de 1991. Asimismo, no implicaría una simple reforma, sino una transformación que desplazaría la separación de poderes y habilitaría un modelo que sería equiparable a una dictadura constitucional.
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En ese orden de ideas, el reconocido jurista reiteró que la propuesta de constituyente, ya inscrita para consideración del nuevo Congreso, podría avanzar fácilmente gracias a las mayorías obtenidas por el Pacto Histórico y la eventual elección de un presidente afín, lo que convierte el panorama en inminente y no meramente teórico, como se ha advertido hasta el momento en la opinión pública.
Además, Gaona, Oppenheimer Scholar, O’Brien Fellow y doctor en derechos humanos de la Universidad de McGill, advirtió que los colombianos no solo arriesgan la elección de un presidente, sino, tal vez, del último presidente bajo el marco democrático vigente, en caso de prosperar el proyecto de rediseño institucional impulsado por el oficialismo, con la recolección de firmas para tal fin.
“Aquí se decide si se sigue con un sistema democrático o avanzamos hacia una dictadura constitucional. Podrían estar eligiendo el último presidente”, indicó Gaona, que reiteró así que en las próximas elecciones presidenciales está en disputa la continuidad de la democracia como sistema, no solo la presidencia en sí misma. Visión en la que quedó plasmado el peor escenario posible.
Preocupación de Mauricio Gaona por el futuro democrático de Colombia
En la entrevista con el comunicador, Gaona destacó que “las asambleas originarias, como lo mostró el caso de Venezuela, tienen el poder incluso de cerrar el Congreso, destituir funcionarios y cambiar no solo el régimen constitucional, sino los principios que soportan ese régimen; es decir, el orden constitucional”. Y explicó que la propuesta contempla que el presidente actúe como suprema autoridad.
Esto, a su juicio, convertiría al Congreso en un órgano administrativo, amenazando la independencia del poder judicial. Por ello, en defensa de la Carta Magna, el constitucionalista precisó que el mecanismo adecuado para corregir posibles deficiencias es el acto legislativo, al utilizar los cauces previstos en la propia Constitución, sin necesidad de involucrar al país en un mecanismo que traería grandes riesgos.
“Las deficiencias que tiene la Constitución de Colombia se pueden reparar, si se puede decir así, a través de un acto reformatorio de la Constitución, utilizando las reglas de la Constitución”, declaró el especialista, con lo que diferenció este camino de la asamblea constituyente, promovida por el Gobierno y que buscaría modificar el documento promulgado hace ya 34 años en el Capitolio.
El experto precisó que el modelo defendido por el Ejecutivo busca la instalación de una asamblea con “apenas dos” limitaciones formales. Los derechos humanos, que recordó, “están reconocidos en los tratados internacionales”. Esto permitiría la integración vertical de los poderes y la supresión de controles internos al Ejecutivo, con lo que se replicarían episodios registrados en Venezuela.
Fue enfático al indicar que “no existe una crisis histórica ni un ‘momento constituyente’ legítimo, como el de 1991, que justifique tal reforma”, y calificó como inválida la argumentación oficial para promover el cambio. Y, al referirse a la caracterización del proceso, señaló que la utilización del término ‘Asamblea Popular Constituyente’ no responde a la tradición ni a la legalidad vigente.
El motivo: la verdadera intención, en sus palabras, no es resolver una crisis, sino apartar cualquier límite al ejercicio del poder. Así pues, concluyó en su análisis que la defensa de la Constitución de 1991 debe recaer sobre las altas cortes, a las que llamó a garantizar la vigencia del orden constitucional frente a lo que describió como un intento de someter la Carta Magna a la coyuntura política.
Para Gaona, tal y como lo dijo en una ocasión anterior en sus redes sociales, “cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le permite hacer lo que quiere, al que hay que cambiar es al presidente”. Con ello, alertó a la opinión pública sobre el peligro de que una asamblea constituyente derive en un “Gobierno unido” donde la concentración de poderes erosione la democracia colombiana.