La candidata a la Cámara por Santander Aleida Noguera pidió la intervención de los organismos de control, del Instituto Agustín Codazzi y de la Superintendencia de Notariado y Registro para evitar presuntos abusos en el cobro del impuesto predial. La solicitud se refiere a casos reportados en ese departamento, el área metropolitana de Bucaramanga y otras regiones del país.
La información fue divulgada por Semana, medio que recogió las declaraciones de la aspirante por la Coalición Avanza sobre el impacto que estarían generando los incrementos derivados de actualizaciones catastrales. Según lo manifestado, miles de ciudadanos enfrentarían liquidaciones que superarían los límites establecidos en la normativa tributaria.
En un comunicado de prensa, Noguera señaló que durante 2025 se registraron protestas en municipios de Cundinamarca y en ciudades como Yopal y San José del Guaviare, asociadas a aumentos que se habrían originado en procesos de actualización catastral que, según indicó, resultan complejos de revisar.
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“En 2025, municipios de Cundinamarca y ciudades como Yopal y San José del Guaviare registraron protestas por aumentos derivados de actualizaciones catastrales difíciles de revisar. Expertos y veedurías han advertido que el mayor impacto se concentra en el sector rural, donde los avalúos superan el valor comercial de las tierras, dejando a los campesinos sin compradores y con cargas tributarias imposibles de asumir”, dijo Noguera, en un comunicado de prensa.
En el caso del área metropolitana de Bucaramanga, la candidata afirmó que ha realizado recorridos en la zona y que allí identificó situaciones relacionadas con el valor de los recibos del predial. Indicó que se han reportado hogares en condición de pobreza con facturas cercanas a cinco millones de pesos, así como contratos de arrendamiento cuyos ingresos se destinan casi por completo al pago del impuesto.
También sostuvo que en algunos casos los incrementos habrían alcanzado el 100 % en un periodo de dos años, pese a que, según explicó, el aumento legal anual debía situarse alrededor del 3 %. Estas cifras fueron mencionadas en el contexto de los reclamos formulados por contribuyentes en diferentes municipios.
La candidata afirmó que para 2026 los predios no actualizados deben regirse por el Decreto 1480 de 2025, el cual limita el incremento de avalúos catastrales al 3 %. En ese sentido, señaló que dicho porcentaje debería aplicarse en municipios como Floridablanca, Piedecuesta y Bucaramanga.
“Para 2026, los predios no actualizados deben regirse por el Decreto 1480 de 2025, que limita el incremento de avalúos catastrales al 3 %. Este porcentaje debería ser respetado por municipios como Floridablanca, Piedecuesta y la capital santandereana. Sin embargo, numerosos contribuyentes aseguran que los valores liquidados exceden ese tope y que las administraciones locales no han ofrecido explicaciones claras. La desinformación, advierte Noguera, se ha convertido en uno de los principales obstáculos para los ciudadanos”, sostuvo la candidata.
De acuerdo con sus declaraciones, los ciudadanos han manifestado que las liquidaciones del predial estarían superando el límite establecido en el decreto mencionado. Además, indicó que algunos contribuyentes señalan falta de claridad por parte de las administraciones locales frente a los criterios aplicados en los cálculos.
La aspirante hizo un llamado a los ciudadanos para que revisen detalladamente las facturas del impuesto predial y verifiquen que los incrementos correspondan a lo dispuesto por la norma. Este exhorto busca que los contribuyentes comparen los porcentajes aplicados con el tope del 3 % mencionado en el Decreto 1480 de 2025.
En su pronunciamiento, Noguera también manifestó que promoverá espacios de diálogo con distintos sectores para abordar la situación. Sostuvo que “impulsará mesas de trabajo con expertos, gremios, empresas, concejos municipales y ciudadanía para construir soluciones estructurales junto a la bancada santandereana”.
El planteamiento incluye la participación de actores técnicos y representantes locales con el fin de examinar los efectos de las actualizaciones catastrales y los incrementos en el impuesto predial. Las solicitudes de intervención dirigidas a los entes de control y a las autoridades catastrales se enmarcan en ese propósito de revisión institucional de los cobros reportados.