La suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026 por parte del Consejo de Estado sigue siendo debatida por los diferentes analistas y sectores políticos de Colombia debido a sus efectos sobre la economía.
Sin embargo, el contenido del auto permite entender con mayor claridad cuáles fueron las razones estrictamente jurídicas que llevaron al alto tribunal a adoptar la medida cautelar.
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Según lo que se puede apreciar en el auto, el punto central no fue una discusión económica, sino la posible infracción de normas superiores que regulan la competencia del Gobierno para fijar unilateralmente el salario mínimo cuando fracasa la concertación.
En el documento, el tribunal recuerda que la facultad del Ejecutivo para fijar el salario mínimo no es libre ni política, sino reglada. Es decir, está sometida a criterios expresamente definidos por la ley.
En entrevista con Infobae Colombia, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry explicó que la decisión sobre el salario mínimo tiene “dos ámbitos o instancias muy distintas”: primero, la concertación entre empresarios y trabajadores; y, si no hay acuerdo, la fijación unilateral por parte del Gobierno.
Pero esa fijación no puede hacerse con base en cualquier criterio. “El Gobierno la debe fijar teniendo en cuenta parámetros como la inflación, la productividad y los fundamentos constitucionales, que implican una decisión macroeconómica, no una decisión que beneficie ni a empresarios ni a trabajadores”, afirmó.
En otras palabras, el debate jurídico gira en torno a si el Ejecutivo respetó los parámetros obligatorios previstos en la ley o si introdujo criterios distintos de los expresamente autorizados.
El alto tribunal no anuló el decreto —eso solo podrá ocurrir en la sentencia—, sino que decretó una suspensión provisional, figura que opera como medida cautelar mientras se resuelve el proceso de nulidad.
Según explicó Charry, “estamos en presencia de una medida de suspensión provisional, que es una medida cautelar mientras se adelanta el proceso, que consiste en que cuando hay elementos suficientes que permiten prever una posible ilegalidad de la decisión, el Consejo de Estado puede suspenderlo”.
El estándar que aplica el juez en esta etapa no es el de certeza definitiva, sino el de una posible contradicción manifiesta entre el acto y las normas superiores que lo regulan. “No es fácil que la decreten, tiene que estar muy bien justificada y probados los requisitos para que se adopte esa medida”, agregó el jurista.
Uno de los puntos que más discusión generó tras la decisión fue si la suspensión genera inseguridad jurídica. Para Charry, ocurre exactamente lo contrario.
“Yo no la llamaría inseguridad jurídica, que justamente lo que hace el juez es garantizar que se cumplan las normas y declararlas nulas o suspenderlas cuando no cumplen con los requisitos legales”, señaló.
Desde el punto de vista técnico, la suspensión implica que el acto “cesa sus efectos”, es decir, deja de ser aplicable mientras avanza el proceso. Esto tiene un objetivo preventivo: evitar que, si el decreto termina siendo declarado nulo, haya producido consecuencias difíciles de revertir.
“Lo que busca justamente la medida cautelar es evitar que una norma que pareciera nula y que al final termine declarándose nula genere efectos, porque serían efectos que van contra el ordenamiento jurídico”, explicó.
En términos prácticos, añadió, la medida impide que se consoliden situaciones que luego tendrían que deshacerse: “para decirlo en palabras simples, lo que tendríamos es una nulidad con efectos retroactivos, en el sentido de que se suspendió prácticamente desde que se expidió y no generó efectos que fueran de difícil reparación”.
El corazón jurídico del caso está en determinar si el Gobierno motivó adecuadamente su decisión y si ponderó de forma integral los factores exigidos por la ley.
La jurisprudencia ha señalado que, cuando el Ejecutivo fija el salario mínimo sin concertación, debe exponer razones suficientes y verificables que expliquen cómo incidieron la inflación, la productividad y los otros parámetros legales en la cifra final.
En ese sentido, el proceso que ahora avanza ante el Consejo de Estado no definirá si el aumento es conveniente o inconveniente desde el punto de vista económico, sino si se ajustó —o no— al marco normativo que regula esa competencia.