La destitución de Adith Rafael Romero Polanco como director general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas fue oficializada el 22 de enero de 2026 mediante el Decreto 055 expedido por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).
La medida corresponde a una “declaración de insubsistencia” y resulta tras múltiples cuestionamientos y denuncias sobre la gestión interna de la entidad encargada de la política pública para las víctimas del conflicto armado.
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El cese fue rubricado por el director del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya, e implica el retiro inmediato de Romero Polanco y la designación temporal, bajo encargo, de Breiner Rafael Osorio Pinto como nuevo responsable del organismo, informó Semana.
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Publicaciones de la revista añaden que, previamente, funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro habrían solicitado la renuncia de Romero, aunque esta tardó en concretarse por motivos personales del exfuncionario.
Los antecedentes laborales de Romero Polanco generaron señales de alarma desde su nombramiento en mayo de 2025.
Por otro lado, de acuerdo con El Espectador, su trayectoria profesional se concentraba principalmente en el cargo de escolta en empresas privadas de seguridad como Sevicol y Seguridad Oncor. Desde sectores de la sociedad civil y medios de comunicación se advirtió la falta de experiencia para liderar la Unidad para las Víctimas, un organismo de alta sensibilidad en materia de derechos humanos.
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La llegada de Romero a la jefatura de la Unidad estuvo marcada por dinámicas políticas.
El nombramiento se debió a la recomendación de un influyente clan político de Santander encabezado por el senador Gustavo Moreno, quien trasladó su maquinaria política, especialmente desde Barrancabermeja, hacia la administración del organismo. Testimonios recogidos por la revista vinculan este respaldo con el apoyo parlamentario al Gobierno en el Congreso.
Existen investigaciones abiertas por la Procuraduría y la Contraloría sobre la gestión de Romero, tras denuncias recogidas por Semana.
Estas indagaciones se centran en posibles irregularidades en contrataciones y adquisiciones de servicios dentro de la Unidad.
Además, que la senadora Paloma Valencia hizo público un contrato directo por $112.455 millones concedido a una unión temporal sin experiencia jurídica comprobada, lo que encendió alertas sobre los controles técnicos y los procesos de fiscalización de la entidad. Las denuncias también mencionan presuntas cuotas políticas y relaciones con otros congresistas, como Jairo Castellanos y Alfonso Eljach.
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Respecto a las respuestas internas, Semana detalla que el DPS explicó la asunción de Breiner Rafael Osorio Pinto como director encargado.
Ni Romero ni el senador Moreno aceptaron responder a las solicitudes de información de la prensa sobre las investigaciones o los señalamientos que vinculan su gestión. Voceros oficiales de la Unidad emitieron un comunicado negando cualquier irregularidad señalada en los recientes reportes.
El contexto adquiere mayor relevancia al considerar que la Unidad para las Víctimas es responsable de la atención y reparación integral de más de nueve millones de colombianos afectados por el conflicto armado. Los recursos y competencias de la entidad son fundamentales para la protección de derechos y la reparación institucional.
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En medio de versiones sobre esfuerzos internos para identificar la fuente de las filtraciones a la prensa, persiste la incertidumbre sobre el futuro y la transparencia en el manejo de una de las entidades más sensibles del sector público colombiano.