La reciente extracción de piezas arqueológicas del galeón San José por parte del Gobierno nacional ha reavivado una intensa controversia entre expertos, exfuncionarios y autoridades, mientras aumentan las alertas sobre los posibles riesgos legales que enfrenta el país en litigios internacionales.
El operativo, anunciado el 25 de noviembre por el presidente Gustavo Petro, incluyó la recuperación de un cañón de bronce, fragmentos de cuerda, monedas, porcelanas y otros objetos, con el objetivo de someterlos a investigación científica.
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La noticia ha puesto en el centro del debate la gestión del patrimonio cultural sumergido, la transparencia del proceso y las consecuencias jurídicas para Colombia.
El presidente Petro destacó que la tecnología de la Armada Nacional, financiada con recursos de su administración, permitió alcanzar los 612 metros de profundidad para recuperar las primeras piezas del naufragio, en medio de las operaciones de la segunda fase del proyecto Hacia el corazón del galeón San José. Según el mandatario, estos hallazgos abren la posibilidad de analizar el estado de conservación de la madera de la embarcación española, lo que podría permitir su exhibición futura.
Las entidades responsables —el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), la Armada Nacional, la Dirección General Marítima (Dimar) y el Ministerio de Cultura— han asegurado que las piezas extraídas serán preservadas bajo estrictos protocolos y que su análisis contribuirá a esclarecer los hechos que rodearon el hundimiento del galeón en 1708, frente a las costas de Cartagena.
Según información conocida por la revista Cambio, la inversión destinada a esta fase del proyecto asciende a 9.000 millones de pesos, aportados en partes iguales por las cuatro instituciones involucradas.
La decisión de extraer los objetos ha sido duramente cuestionada por académicos y exfuncionarios, que han calificado el procedimiento de “improvisado” y “riesgoso”. El expresidente Juan Manuel Santos, bajo cuyo gobierno se revelaron en 2015 las primeras imágenes del hallazgo, lamentó que no se haya seguido la hoja de ruta establecida en su administración.
Santos afirmó en su cuenta de X que, de haberse respetado los protocolos previos, ya existiría un museo en Cartagena y el patrimonio estaría protegido y preservado con técnicas avanzadas, sin costo para el erario.
Desde la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido (Rupcs), expertos como Mario Omar Fernández y Juan Guillermo Martín han advertido sobre la falta de rigor técnico y transparencia.
Fernández, profesor de la Universidad de los Andes, señaló a Cambio que el Gobierno no ha aclarado la pregunta científica que motivó la extracción ni ha divulgado el equipo de expertos a cargo, lo que, a su juicio, debilita la legitimidad del proceso. Martín, especialista en arqueología marítima, cuestionó la utilidad de las piezas seleccionadas para esclarecer las causas del hundimiento y criticó la falta de innovación en los métodos de conservación empleados.
“Ya se contaba con buena información sobre la procedencia de las cerámicas y de los cañones, incluso de las monedas. Todo eso ya lo conocíamos”, expresó Fernández al diario nacional.
Ambos expertos coincidieron en que el proceso ha marginado a la academia y se ha convertido en un “show mediático”, con manipulación de objetos por parte de funcionarios y visitantes, y sin la infraestructura adecuada para su preservación.
Fernández calificó de ofensivo que se presentara la extracción como un hito científico, mientras Martín consideró insuficiente la justificación de que la extracción serviría para estudiar el comportamiento de los materiales fuera del agua, dado que existen investigaciones previas sobre el tema.
En contraste, José Socarrás, decano de patrimonio cultural de la Universidad Externado, defendió la seriedad y solidez del proyecto, asegurando al diario nacional que la extracción se realizó con rigor y que las piezas están siendo conservadas en condiciones adecuadas.
“En el marco de un proyecto de investigación de esta envergadura se justifica extraer objetos para entender cuál será su comportamiento en la realidad (…) Las próximas semanas y meses van a ser críticos para entender cómo se comportan estos materiales en contacto con el oxígeno y en esa perspectiva entender qué puede pasar con los materiales”, señaló el decano.
Socarrás advirtió que el proyecto cuenta con la participación de profesionales con experiencia internacional y que la investigación permitirá comprender el comportamiento de los materiales en contacto con el oxígeno, lo que será clave para futuras decisiones sobre el patrimonio.
Alhena Caicedo, directora del Icanh, respondió a las críticas en entrevista con Cambio, afirmando que el proyecto cumple con altos estándares de validación científica y que las voces disonantes no han participado en los debates académicos ni han revisado la producción científica generada.
Caicedo sostuvo que las instituciones estatales han actuado con transparencia y que las críticas de exfuncionarios responden más a comparaciones con proyectos previos que a argumentos técnicos.
“Creo que esas voces académicas que están en disonancia no se han tomado la molestia de ver todos los artículos científicos que han sido publicados en revistas de primer nivel a nivel internacional, o que no han tenido la posibilidad de participar en los varios congresos internacionales y nacionales que se han dado en la especialidad de arqueología subacuática, donde han participado todos los investigadores que están dentro de este proyecto y donde, justamente, los expertos internacionales también han validado esos resultados y han dado también su opinión favorable a los criterios con los cuales venimos trabajando", señaló la funcionaria a Cambio.
Sobre la polémica en torno a la extracción y las medidas cautelares dictadas por la Corte Permanente de Arbitraje, Caicedo aseguró que el proyecto ha seguido rigurosamente los protocolos legales y que la evidencia y los procedimientos han sido comunicados al tribunal, en cumplimiento de las exigencias internacionales.
Sin embargo, la controversia también involucra litigios internacionales en los que está metido el Estado colombiano. La firma estadounidense Sea Search Armada (SSA) mantiene una demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje, en la que reclama una indemnización cercana a los 40 billones de pesos por el supuesto hallazgo de las coordenadas del galeón en 1982.
En 2023, SSA solicitó medidas cautelares para proteger el tesoro, alegando que el gobierno de Petro planeaba extraer el pecio. El Gobierno respondió negando tales intenciones y acusó a la empresa de buscar las verdaderas coordenadas del naufragio.
No obstante, la extracción de piezas realizada un año después ha generado dudas sobre el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por la Corte, que ordenó la creación de un protocolo de preservación de evidencia consensuado entre las partes, sin que se haya alcanzado un acuerdo.
Juristas consultados por Cambio advirtieron que el cambio de postura del Gobierno podría suponer riesgos en el litigio, al requerir una evaluación sobre si la extracción vulnera las órdenes del tribunal.
Además, Colombia enfrenta otro litigio arbitral con Maritime Archaeology Consultants Switzerland (MAC), empresa que colaboró en el hallazgo del galeón durante el gobierno de Santos y que cuestiona la decisión de declarar el pecio como Bien de Interés Cultural, lo que impide su monetización.
El galeón San José, hundido en 1708, es considerado uno de los mayores patrimonios culturales sumergidos de Colombia. La investigación científica impulsada por el Gobierno busca no solo conservar los objetos recuperados, sino responder preguntas históricas y arqueológicas sobre el naufragio, el comercio de la época y la naturaleza de las mercancías transportadas.
Según Caicedo, la evidencia material obtenida permite, por primera vez, contrastar la información documental con datos físicos, lo que ha llevado a revisar hipótesis históricas sobre la causa del hundimiento.
La directora del Icanh explicó a Cambio que la hipótesis más sólida actualmente apunta a una falla estructural previamente reportada, y no a una explosión, como se creyó durante mucho tiempo. Este cambio de perspectiva ha surgido del análisis conjunto de documentos de archivo y de los nuevos hallazgos materiales.
La posibilidad de confrontar la historia escrita con la evidencia recuperada del fondo marino marca un avance en la comprensión del destino del San José y del patrimonio cultural sumergido de Colombia.