La Unidad Nacional de Protección es la entidad que se encarga de la protección de personas y comunidades en riesgo, es por ello que se generan múltiples debates sobre la forma en que se maneja administrativamente a la hora de designar los esquemas de seguridad.
Sin embargo, en el país se habla poco sobre la labor de los escoltas adscritos a la entidad, que a diario exponen su vida para proteger de cualquier tipo de peligro a figuras políticas, judiciales o líderes comunitarios que han recibido amenazas.
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En diálogo con Infobae Colombia, Giovanni Gallo, que es presidente de Analtraseg, sindicato nacional de la UNP y las empresas tercerizadas del sector, habló sobre todo lo que incluye para un escolta su profesión.
“Ser escolta de la UNP es ser híbrido. Trabajar para el sector público, pero pertenecer a las empresas privadas. Son los escoltas que tienen mejor capacitación, mejor referencia, mejor entrenamiento y mejor experiencia en el país”, mencionó inicialmente Gallo.
Al hablar de la diferencia entre un escolta convencional y uno vinculado a la UNP, explicó que lo principal es el trato por parte del protegido, ya que en el primer escenario son jefes del personal de seguridad.
“Hay mucha diferencia, lo principal es que un escolta que cuida a un empresario a través de una empresa privada, se tiene que someter a lo que esta persona quiera, tiene que hacerle caso a lo que esta persona quiera, porque es la que está pagando directamente”.
Buscando argumentar esta opinión, Giovanni Gallo reveló que los protegidos por la UNP están en la obligación de seguir las recomendaciones de su esquema de seguridad.
“Normalmente, (escoltas privados) el riesgo es que los secuestren o que la gente no se acerque, en la UNP se cuidan personas que están amenazadas, prueba de ello es que muchos escoltas han perdido su vida en el servicio. Acá el protegido no puede hacer lo que él quiera, no puede estar subiendo personas diferentes a lo que es la seguridad de él, porque el Gobierno es el que paga este servicio y él (el protegido) está en la obligación de hacerle caso a las recomendaciones que el escolta le da”.
Gallo mencionó que los escoltas tienen la obligación de notificar cuando el comportamiento del beneficiado pone en riesgo su seguridad, así mismo, cuando se considere que la persona no está en un riesgo constante como para tener un esquema de seguridad.
“El protegido tiene que acondicionarse a unas reglas, en las cuales, si él no las cumple, el esquema podría ser retirado. En este caso se llaman beneficiarios y los escoltas pueden hablar de los problemas que ponen en riesgo la estabilidad de la seguridad, si esto se repite se reevalúa la continuidad del servicio, así como de personas que en realidad no tienen por qué tener escoltas”.
El presidente del sindicato de la UNP habló sin tapujos sobre el salario de los escoltas de la unidad, que además del pago mensual tienen beneficios en otros aspectos.
“El salario está por encima de los cinco millones, se reciben viáticos, servicios de salud complementarios, préstamos. Los sindicatos acá juegan un papel importante, protegen los derechos de escoltas que han sido abusados o violentados. La exposición es fuerte, pero es una profesión bien compensada”.
Por último, Giovanni Gallo indicó que la Unidad Nacional de Protección debe mejorar principalmente en el armamento que tienen los escoltas, ya que en términos de personal, considera que están a la par de países destacados por la labor de proteger a figuras en riesgo.
“La unidad debería mejorar en tener en cuenta las opiniones del personal, tener un armamento más fuerte. En el momento que esto se logre, tendríamos un equipo de seguridad impresionante, hasta para llegar a ser galardonado a nivel internacional”.