La familia de Liliana Cruz Buitrago, una joven trabajadora social que falleció en circunstancias sospechosas en el municipio de Chiscas, Boyacá, denunció recientemente que su muerte no fue un accidente, como se afirmó inicialmente, sino que se trataría de un presunto feminicidio encubierto.
El principal señalado es el subteniente Haminton Ruiz Bolívar, comandante de la Policía en el municipio y pareja sentimental de la víctima.
Los familiares exigen que la investigación se realice con enfoque de género y advierten sobre graves irregularidades y posible manipulación de pruebas en el proceso.
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El caso ha generado conmoción en la región, ya que la versión oficial sobre la muerte de Cruz Buitrago ha cambiado en varias ocasiones.
Según el abogado Saúl León, representante de la familia, en un primer momento se informó que la joven había sido víctima de un francotirador; posteriormente, se sugirió la participación de un guerrillero del Eln y, finalmente, el propio Ruiz Bolívar reconoció haber disparado, aunque alegó que se trató de un accidente.
Estas contradicciones, sumadas a antecedentes de deterioro en la relación de pareja y a la presencia de uniformados en una celebración previa al hecho, han incrementado las sospechas de los padres de la víctima, Juan Cayetano Cruz Mora e Ingrid Yanet Buitrago Ossa.
“Se han evidenciado gravisimas irregularidades en el marco de la indagación, entre ellas la ausencia total de comunicación por parte del Despacho Fiscal a cargo con la familia de la víctima, la dilación injustificada en la entrega de documentos e información relevante a la representación judicial de las víctimas y la evidente omisión en actos de investigación fundamentales para el esclarecimiento de los hechos”, señaló el litigante en un cominicado.
León también explicó en medio de una entrevista con EL Tiempo que la familia no solo cuenta con sospechas, sino que ya dispone de testimonios y pruebas que serán presentados ante la Fiscalía General de la Nación.
Entre los elementos que refuerzan la hipótesis de feminicidio, el abogado destacó que Cruz Buitrago había manifestado a su madre su deseo de regresar a Ramiriquí debido al deterioro de la relación con Ruiz Bolívar, lo que ya afectaba su tranquilidad y salud mental.
“Había ya manifestaciones de ella; le había contado a su mamá que quería regresarse a Ramiriquí, por cuanto su relación se había venido deteriorando hasta el punto de que presentaba ya afectaciones en su tranquilidad y su salud mental”, señaló León al diario nacional.
Las inconsistencias en las versiones oficiales no son el único motivo de preocupación para la familia. El abogado denunció que el propio Ruiz Bolívar, en calidad de comandante de la Policía de Chiscas, asumió la responsabilidad de los actos urgentes tras la muerte de Cruz Buitrago y estuvo al frente del inicio de la investigación, lo que, según la defensa, representa un claro conflicto de intereses.
Además, León señaló que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) no estuvo presente en el lugar de los hechos y que los procedimientos iniciales no se realizaron de manera adecuada.
El abogado detalló otras irregularidades detectadas en el proceso investigativo. Entre ellas, mencionó la falta de comunicación de la Fiscalía con la familia de la víctima, la demora injustificada en la entrega de documentos e información relevante a la representación judicial y la omisión de actos de investigación fundamentales para esclarecer lo ocurrido. León también indicó que la familia aún no ha recibido el resultado de la autopsia de Medicina Legal.
Ante este panorama, la defensa ha solicitado el traslado del caso a Bogotá y la priorización de la investigación con enfoque de género. Además, pidió a la Fiscalía que se realicen pruebas químicas y tecnológicas en la estación de Policía para determinar si existen vestigios de sangre, con el objetivo de descartar que la muerte haya ocurrido en un lugar distinto al reportado y que el cuerpo haya sido movido posteriormente.
“Comoquiera que, además, se ha advertido una presunta manipulación tanto de las versiones oficiales como del lugar de los hechos, se ha solicitado formalmente a la señora Fiscal General de la Nación, Dra. Luz Adriana Camargo, que se priorice la investigación con enfoque de género, por cuánto presuntamente no se trató de una muerte accidental sino de un Feminicidio Agravado, de conformidad con los artículos 104A y 104B de la Ley 599 de 2000 - Código Penal”, señaló la firma de abogados en un comunicado.
La familia y su abogado han elevado solicitudes formales tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Policía Nacional para que se garantice la transparencia en el proceso.
Entre las peticiones se incluye la desvinculación del subteniente Ruiz Bolívar y de otros uniformados presuntamente implicados, con el fin de evitar cualquier interferencia en la investigación y asegurar la preservación de las pruebas y la información relevante.