Tras conocerse de las supuestas reuniones entre Juan Carlos Mazo Giraldo, actual presidente de Indumil, y miembros de las disidencias de las Farc al mando de Alexander Díaz, alias Calarcá, que se habrían adelantado en Bogotá según información revelada el domingo 23 de noviembre, el implicado en este escándalo negó tales afirmaciones. Con un comunicado de prensa le salió al paso a lo revelado por Noticias Caracol, espacio en el que se dio despliegue mediático.
Desde la entidad, se enfatizó que la misión de Indumil consiste exclusivamente en la producción y comercialización de armas, municiones, explosivos y accesorios destinados a la seguridad y defensa del país. Por lo que remarcó que sus funciones “no incluyen gestiones, asesorías o acciones relacionadas con la creación, operación o aval de empresas de seguridad privada”, con lo que se apartó de cualquier implicación “en actividades ajenas a su mandato legal”.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
El proceso de adquisición de armamento por parte de empresas de vigilancia privada, detalló la entidad, está sujeto a una estricta regulación y a la intervención de varias autoridades independientes. Con lo que desestimó supuestos encuentros entre el coronel (r) Mazo con disidentes, en los que también habrían participado el general del Ejército Juan Miguel Huertas y el director de inteligencia Wilmer Mejía, titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
“La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada adelanta la validación y autorización previa de las empresas”, mientras que “el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (Dccae), adscrito al Comando General de las Fuerzas Militares, es la única autoridad encargada de expedir permisos de adquisición, porte o tenencia”, explicó la entidad, en relación con reportes de crear una empresa de seguridad para soportar el traslado de armas.
La participación de la industria militar se limita, de acuerdo con lo expuesto en la misiva a los medios de comunicación, a la “facturación y entrega del material, una vez se verifica la existencia del permiso válido”, lo que, según la entidad, “garantiza la independencia entre actores del proceso y asegura la trazabilidad obligatoria en cada operación comercial”.
Y, en relación con la información de Noticias Caracol y que es objeto del pronunciamiento en cuestión, la institución aclaró que “en el material conocido a través de la nota periodística emitida anoche (domingo 23 de noviembre), la fuente citada por el medio de comunicación, identificada como un presunto ‘jefe guerrillero’, hace referencia al ‘director de Indumil’, cargo que no existe en la entidad, sin mencionar en ningún momento un nombre en particular”.
Según el comunicado, es el medio de comunicación el que, al parecer, asocia dicha referencia con el actual presidente de la Industria Militar. “Situación que será puesta en conocimiento de las autoridades competentes, a fin de que se realicen las verificaciones correspondientes y se dé plena claridad sobre los hechos mencionados”, se remarcó en la comunicación, citada como respuesta al fuerte escándalo generado con este reporte periodístico.
Las imprecisiones que, según Indumil, hubo en el informe que presentó supuestos nexos con disidencias
De esta forma, Mazo Giraldo negó cualquier contacto con organizaciones al margen de la ley. “El Presidente de Indumil no ha sostenido reuniones con representantes de grupos armados ilegales, ni ha recibido solicitudes, requerimientos o invitaciones relacionadas con los hechos mencionados. Tampoco ha autorizado, delegado o instruido a funcionario alguno para participar en actividades o encuentros con organizaciones al margen de la ley”, afirmó la entidad.
La respuesta institucional también incluyó una reafirmación de los principios de legalidad y transparencia. “La entidad reafirma su compromiso con el cumplimiento estricto de los marcos normativos que regulan la producción y comercialización de armamento y explosivos en Colombia; no permitirá, ni ha permitido, hecho, actuación o gestión que vulnere la ley, los protocolos institucionales, las normas vigentes o el marco regulatorio del sector defensa”, sostuvo.
El escándalo frente a estas informaciones se produjo tras la investigación por la supuesta infiltración de las disidencias en instituciones del Estado, como el Ejército y la Fiscalía. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la apertura de una investigación rigurosa y aseguró la colaboración total con la Fiscalía, la cual ya revisa información suministrada frente a estos señalamientos, que también salpican a entidades como la Dirección Nacional de Inteligencia.
Y de las informaciones que a inicios de noviembre hablaban del reporte de la Secretaría de transparencia de la Presidencia de la República, sobre irregularidades en procesos de Indumil, incluida la desaparición o manipulación irregular de 12.000 elementos, entre armas y granadas, en la fábrica Santa Bárbara. Frente a estos casos, Indumil expresó su disposición a colaborar con las autoridades para “atender lo que requieran en sus procesos de verificación”.
Hay que decir que la trayectoria de Mazo en inteligencia militar y su papel en la reestructuración de las fuerzas armadas han sido objeto de atención desde su llegada a la dirección de Indumil en enero de 2024. Su gestión, según la entidad, “ha orientado su gestión al fortalecimiento de los sistemas de control interno, la transparencia y el rigor técnico-industrial de todos los procesos”, por lo que causaron extrañeza estas afirmaciones.