David Luna, precandidato presidencial, planteó un llamado contundente tras la difusión de presuntas pruebas sobre vínculos entre altos funcionarios del Gobierno y alias ‘Calarcá’, jefe de las disidencias de las Farc.
Luna afirmó que, de confirmarse la denuncia, el presidente Gustavo Petro debe renunciar. El pronunciamiento intensificó el debate sobre la transparencia institucional, la política de seguridad y el riesgo de infiltración criminal en organismos estatales.
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David Luna emitió su declaración a través de su cuenta oficial en la red social X. Citando la investigación presentada por Noticias Caracol, Luna advirtió que lo revelado es “demoledor” y pone en duda la independencia del Estado frente a intereses criminales.
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“Lo revelado por Noticias Caracol es demoledor y demuestra que el gobierno está arrodillado al narcotráfico: Alias ‘Calarcá’, traqueto disfrazado de guerrillero, tendría relación directa con un alto mando del Ejército y con la Dirección Nacional de Inteligencia”, escribió Luna.
El precandidato cuestionó cómo el narcotráfico habría accedido a quienes debían combatirlo, por qué la Fiscalía aún no se ha pronunciado, y señaló explícitamente que la supuesta infiltración de la inteligencia nacional representa un peligro para cualquier democracia. Luna sostuvo que la situación es “inadmisible” y expresó: “Le exijo al Presidente explicaciones inmediatas y si se confirma dicha denuncia, deberá renunciar”.
El contexto de la denuncia: revelaciones de Noticias Caracol
Según la investigación difundida por Noticias Caracol, existe información que sugeriría la existencia de relaciones directas y acuerdos entre alias “Calarcá” y funcionarios de alto rango de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ejército Nacional. Los hallazgos incluyen chats, correos electrónicos y testimonios recabados durante más de un año, donde se mencionan los nombres del general Juan Miguel Huertas y el funcionario Wilmer Mejía.
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De acuerdo con la cadena televisiva, la serie de archivos incautados a “Calarcá” incluye propuestas para crear una empresa de seguridad como fachada, la participación de oficiales activos o retirados y supuestos compromisos de protección, circulación de armas, permisos y coordinación de movimientos en territorio colombiano.
En ese contexto, Luna advirtió desde sus redes sociales que “esa es la consecuencia de la mal llamada ‘Paz Total’” y puso en el centro del debate la política del Gobierno frente a los grupos al margen de la ley.
Declaraciones reiteradas y exigencia de explicaciones
David Luna insistió en que la gravedad del caso radica en el posible acceso de estructuras criminales a información estratégica y al manejo de personal dentro de la institucionalidad militar, así como en la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades. En sus publicaciones públicas, reiteró la exigencia de explicaciones al presidente Gustavo Petro e insistió en la ausencia de acciones por parte de la Fiscalía General de la Nación ante la magnitud de la información contenida en los dispositivos electrónicos incautados a las disidencias.
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El precandidato sostuvo que, más allá de la custodia de los archivos, es imprescindible comunicar los avances en las investigaciones, esclarecer las presuntas reuniones y hacer públicos los nombres de los funcionarios involucrados para evitar la percepción de encubrimiento o impunidad.
Implicaciones políticas y llamado a la institucionalidad
Para Luna, los hechos evidenciarían un quiebre en los principios de la función pública y ponen en entredicho la viabilidad de mantener negociaciones de paz sin estrictos controles de legalidad. En su mensaje, “Esto tiene que cambiar ya”, Luna lanzó un llamado a los demás actores políticos y a los órganos de control para que intervengan y velen por la integridad de las instituciones.
El aspirante presidencial vinculó su exigencia al contexto de la política de “Paz Total”, impulsada por el Gobierno, e incluyó preguntas abiertas a la ciudadanía sobre la conveniencia, alcance y transparencia de los actuales procesos con grupos armados. Junto con reclamar respuestas a Gustavo Petro, Luna instó a que la información se esclarezca ante el país.
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Reacciones y respuesta oficial
Frente a la denuncia, contactados por Noticias Caracol, los funcionarios mencionados en los archivos negaron cualquier relación o colaboración con actores armados ilegales. El general Juan Miguel Huertas aseguró que nunca se ha reunido con disidencias, mientras que Wilmer Mejía afirmó que no ha gestionado licencias ni participado en reuniones en Venezuela. A la fecha de la publicación, ni la Presidencia ni la Fiscalía se han pronunciado oficialmente acerca de las revelaciones.
Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez, también mencionada en los archivos, recalcó que su campaña se realizó de forma transparente y con el apoyo popular, negando vínculos con organizaciones criminales.
Contexto judicial y antecedentes
El caso cobra especial relevancia considerando que, el 23 de julio de 2024, alias “Calarcá” fue detenido mientras se movilizaba con otros jefes disidentes y personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Aunque la detención fue en flagrancia, la Fiscalía decidió liberarlos argumentando su rol como “Gestores de Paz”. Posteriormente, los dispositivos electrónicos incautados en ese operativo se mantuvieron en control de la Fiscalía, sin avances públicos sobre su análisis o judicialización.
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A raíz de estos hechos, Luna subrayó la importancia de que la Fiscalía General de la Nación actúe con transparencia y celeridad, trasladando la presión sobre el ente acusador para que esclarezca el alcance real de la supuesta infiltración criminal en organismos gubernamentales.