La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) cuestionó los indultos otorgados por la toma del Palacio de Justicia de 1985, al declarar que la decisión contribuyó a un “holocausto a la democracia” en Colombia.
Acore consideró que el perdón a los miembros del grupo armado M-19, aliados, los Militares Retirados, con el Cartel de Medellín, dejó sin esclarecer muchas responsabilidades y afectó gravemente la institucionalidad.
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El señalamiento se conoció a través de un comunicado publicado este 6 de noviembre, en el cuadragésimo aniversario del ataque armado.
Para Acore, la toma del Palacio significó uno de los crímenes más graves en la vida republicana del país.
La organización destacó que ese día se vivió “uno de los episodios más trágicos” en el que “la toma terrorista del Palacio de Justicia por parte del grupo armado ilegal M-19, en alianza con el entonces jefe del Cartel de Medellín, el infame Pablo Escobar Gaviria”, cobró la vida de magistrados, funcionarios judiciales, trabajadores y ciudadanos.
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El comunicado advierte que, a cuatro décadas del ataque, “ni el terrorismo ni la corrupción lograron doblegar la vocación de justicia de nuestros jueces y magistrados, ni la defensa del Estado de Derecho”.
Según Acore y otras 80 asociaciones que suscriben el texto, se mantiene la memoria de las víctimas mientras “rendimos homenaje a las Fuerzas Militares y Policía que ofrendaron su vida en la mayor operación de rescate de rehenes en la historia de Colombia”.
De acuerdo con el documento, “la toma y destrucción de la organización y el archivo de la rama judicial por parte de la subversión, truncó procesos históricos y golpeó mortalmente la democracia colombiana”.
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Acore convocó a la sociedad a “continuar el legado de los 40 años del Palacio de Justicia, defendiendo sin descanso la independencia judicial y la seguridad jurídica, y luchando unidos frente a la agenda fallida y divisionista de quienes pretenden modificar la Historia y justificar lo injustificable”.
El pronunciamiento también se refirió al proceso judicial posterior a la toma armada. Acore resaltó que, tras los hechos, “el mismo poder judicial salvado de las fuerzas bajo el horror retomó su autonomía para la determinación de responsabilidades”.
Sin embargo, calificó como “aún incomprensible y muy lamentable giro del acontecer nacional” que los miembros del M-19 “recibieron indultos sin que sus actuaciones y responsabilidades fuesen siquiera determinadas”.
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La crítica fue aún más puntual al asegurar que, en contraste, “algunos miembros de la Fuerza Pública fueron posteriormente investigados y condenados, con omisiones por esclarecer a respetuosa de la espera de la reparación, han cumplido dignas penas por las decisiones judiciales”.
El texto incluye un homenaje dirigido a los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía que participaron en la operación durante la toma. “Hoy, como representantes de la sociedad colombiana a quienes nos une nuestra Democracia, Fuerza Púrpura rinde Homenaje en los 40 años del Palacio de Justicia a los líderes en acción”, señala el comunicado.
Acore difundió los nombres de los uniformados homenajeados: el mayor Héctor Aníbal Tolero Cruz (Policía Nacional), el teniente Jaime William Veloza Pinto (Ejército Nacional), el sargento viceprimero Jaime Beltrán (Ejército Nacional), el subteniente José Natalio Prieto (Ejército Nacional), el teniente de fragata Alfonso Vargas Díaz (Armada Nacional), el técnico tercero Félix Eduardo Pinto Meneses (Fuerza Aérea), el comisario Samuel Hernández Ríos (Policía Nacional), el cabo primero Santiago García (Ejército Nacional), el agente Rafael Gamboa (Policía Nacional) y el agente Ramón Aldín Ariza (Policía Nacional).
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El comunicado concluyó con el mensaje: “Honor y Gloria eterna a los Soldados y Policías que sirvieron a nuestra nación”.
La toma del Palacio de Justicia, realizada el 6 de noviembre de 1985, dejó una secuela de más de cien muertos y decenas de desaparecidos. La acción del M-19, buscaba presionar procesos judiciales y deslegitimar las instituciones. El hecho provocó críticas tanto a los perpetradores como a la respuesta del Estado, cuyos operativos todavía generan debate en el país.