Una noche de música a todo volumen puede salir muy cara. En Colombia, mantener el sonido por encima de los niveles permitidos no solo molesta a los vecinos, también puede costar varios millones de pesos y hasta el decomiso de los equipos.
Las autoridades cuentan con herramientas legales para actuar contra quienes insisten en alterar la tranquilidad, y la más reciente de ellas, la Ley 2450 de 2025, conocida como Ley Antirruido, refuerza ese control.
La norma no opera sola. La convivencia en conjuntos residenciales está respaldada por tres pilares jurídicos:
- La Ley 675 de 2001, que regula la Propiedad Horizontal.
- El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016.
- La Ley Antirruido.
En conjunto, establecen un marco que protege el descanso y el bienestar de las personas, sin importar si se trata de propietarios o arrendatarios.
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El abogado Leonardo Leal, secretario ejecutivo del Colegio de Abogados Rosaristas, recordó en diálogo con Asuntos Legales que “las personas se acogen a una serie de reglas que buscan la sana convivencia entre propietarios y arrendatarios, así como con las personas que manejan la propiedad horizontal, tales como administradores, personal de vigilancia y de aseo, entre otros”. Es decir, más allá de las sanciones, la ley parte del principio de respeto mutuo entre quienes comparten un mismo espacio.
Cuando las advertencias no surten efecto, el siguiente paso suele ser acudir a la Policía. El abogado Juan Diego Guzmán explicó al medio antes mencionado que, la autoridad está facultada para actuar conforme al Código Nacional de Seguridad y Convivencia: “En ese proceso policial, en cumplimiento del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, también se podrá solicitar la remoción de las fuentes de ruido y la imposición de las sanciones pertinentes al copropietario ruidoso”.
El procedimiento inicia con la verificación de la denuncia y puede escalar rápidamente si el infractor persiste. Dentro de los conjuntos residenciales, la administración tiene la potestad de imponer multas económicas, siempre bajo unos límites establecidos. Según Guzmán, “estas sanciones no podrán ser superiores, cada una, a dos veces el valor de las expensas necesarias mensuales (cuota de administración), a cargo del infractor, a la fecha de su imposición. Y, sumadas, no podrán exceder de diez veces este mismo monto”.
Pero las consecuencias no se quedan ahí. Cuando el ruido afecta la convivencia general o proviene de espacios externos, como bares, locales o viviendas particulares fuera de propiedad horizontal, entra a aplicarse la Ley 2450. Allí, las multas son significativamente más altas y pueden escalar dependiendo de la gravedad de la falta o de la reincidencia.
Leal precisó que, “el artículo 180 señala que la gradualidad depende del comportamiento realizado, según la cual varía el monto de la multa. Asimismo, la desobediencia, resistencia, desacato o reiteración del comportamiento contrario a la convivencia incrementará el valor de la multa, sin perjuicio de los intereses causados y el costo del cobro coactivo”.
En concreto, la ley clasifica las sanciones en cuatro niveles. Las de tipo uno alcanzan los dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv), equivalentes a unos $2,8 millones; las de tipo dos suben a cuatro smlmv, es decir, más de $5,6 millones; las de tipo tres ascienden a ocho smlmv, cerca de $11,8 millones; y las más severas, tipo cuatro, llegan a 16 smlmv, poco más de $22,7 millones.
Más allá del valor económico, el mensaje es claro, el ruido excesivo ya no se trata como una simple molestia vecinal, sino como una falta que afecta la salud y la convivencia. La intención del marco legal no es castigar por castigar, sino promover entornos donde el descanso y el respeto prevalezcan sobre la indiferencia o el abuso.