La crisis humanitaria y de seguridad en el Bajo Cauca y el Magdalena Medio antioqueño continúa en aumento.
El Ejército Nacional confirmó la desaparición de un soldado durante los combates que se registraron en el corregimiento de Puerto Matilde, en el municipio de Yondó, tras enfrentamientos con integrantes del Clan del Golfo.
De acuerdo con información de Caracol Radio, los hechos ocurrieron en el marco de operaciones militares desplegadas en la zona para contener la expansión de ese grupo armado, que mantiene una fuerte presencia en los corredores estratégicos del Magdalena Medio.
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La Segunda División del Ejército señaló que continúan las labores de búsqueda y rescate del uniformado desaparecido, así como las acciones ofensivas para restablecer la seguridad en el área.
“El Ejército Nacional mantiene operaciones en la región y trabaja junto a las autoridades locales para garantizar la seguridad de la población civil y localizar al militar desaparecido”, indicó la institución en un comunicado.
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El corregimiento de Puerto Matilde, ubicado sobre el valle del río Cimitarra, ha sido escenario de reiterados enfrentamientos entre la Fuerza Pública y estructuras del Clan del Golfo que buscan controlar las rutas del narcotráfico y la minería ilegal en la región.
Según organizaciones sociales, el recrudecimiento de la violencia ha generado un ambiente de zozobra permanente entre las comunidades rurales.
La Corporación Cahucopana Nordeste, que hace presencia en el territorio, advirtió que estos hechos no son aislados.
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En un reciente pronunciamiento alertó sobre el aumento de los movimientos de grupos armados ilegales en zonas limítrofes entre el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño, lo que ha incrementado el temor entre campesinos y líderes comunitarios.
“Exigimos el respeto a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, así como la intervención urgente de organismos nacionales e internacionales para atender la situación de riesgo que enfrentan los habitantes del valle del río Cimitarra”, señaló la organización.
Mientras tanto, a unos 200 kilómetros al norte, la violencia también se intensifica en el Bajo Cauca antioqueño. En el municipio de Tarazá, los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo han provocado un nuevo desplazamiento masivo de civiles.
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De acuerdo con la Alcaldía de Tarazá, ya son 136 las personas desplazadas, todas alojadas en el coliseo municipal, luego de los combates registrados en las veredas Doradas Altas y El Thamí. La emergencia, que comenzó con 42 personas desplazadas, se ha agravado en las últimas dos semanas.
El alcalde Yomer Fabián Álvarez hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y al Departamental para que brinden apoyo humanitario inmediato y refuercen la presencia institucional en la zona.
“Queremos hacerle un llamado al Gobierno Nacional para que nos acompañe en la emergencia que tenemos en Tarazá por los enfrentamientos que hoy se tienen en el territorio. Las familias dejaron sus casas, cultivos y animales”, expresó el mandatario local en declaraciones a medios regionales.
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Entre las personas desplazadas hay varios menores de edad y al menos 12 adultos mayores, que permanecen en condiciones precarias sin poder regresar a sus hogares. La situación se agrava ante el riesgo de nuevos enfrentamientos y la presencia de minas antipersonales.
El pasado 3 de octubre, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 7 destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo encontrado en la vereda Corralejas, también en Tarazá, donde las autoridades sospechan que operan células del Clan del Golfo.
Organismos humanitarios y líderes sociales han alertado sobre el deterioro de la situación de seguridad en el Bajo Cauca, una de las zonas más afectadas por la confrontación entre el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, que se disputan el control territorial y las economías ilegales.
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La tensión se extiende igualmente al norte y nordeste antioqueño, donde el frente 36 de las disidencias de las Farc mantiene bajo intimidación a los municipios de Amalfi y Anorí.
La Gobernación de Antioquia advirtió que la presión de los grupos armados ha dificultado la movilidad de las comunidades rurales y obstaculizado la labor de las autoridades locales.