Activista que habría promovido protestas contra la Andi tendría jugoso contrato con Presidencia, según Daniel Briceño: “Aun así dicen que fue espontánea”

No cesan las críticas hacia los manifestantes que, en medio de las protestas en favor de Palestina y contra la detención de dos colombianas que estaban a bordo de la flotilla Global Sumud, terminó en el daño de fachadas de varias edificaciones y afectaciones a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

De hecho, en la mañana del jueves 2 de octubre, el concejal Daniel Briceño, del partido Centro Democrático, reforzó las críticas hacia el Gobierno nacional por haber, presuntamente, promovido dichas manifestaciones.

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Incluso, el cabildante capitalino compartió un documento en el que acusó directamente a Juan Camilo Villalobos, activista defensor de los derechos de Palestina, de promover las muestras violentas, además de vincularlo con el Gobierno nacional.

En su mensaje, Briceño compartió un contrato por un valor cercano a los diez millones de pesos que habría contraído Villalobos con la Presidencia de la República por tan solo treinta días de trabajo.

“Juan Camilo Villabos una de las personas que convocó el hostigamiento contra la ANDI ayer en Bogotá es contratista de la Presidencia de la República. Aún así, amigos del gobierno anti empresa dicen que lo de ayer fue una “acción espontánea del movimiento social””, cuestionó el cabildante.

Según el documento, a Villalobos se le habría contratado a través del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), con el fin de fungir como asesor en la Consejería para los Derechos Humanos.

“Prestar servicios profesionales por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario para apoyar las actividades de los subsistemas que conforman el Sistema Nacional de Derechos Humanos en el marco del proyecto de inversión”, se lee en el documento.

Entretanto, las recientes manifestaciones y asedios dirigidos contra las instalaciones y funcionarios de la Andi han provocado una ola de solidaridad entre los principales gremios empresariales del país. El episodio se desencadenó luego de que la Comisión Colombiana en el Movimiento Global a Palestina afirmara que la Andi opera como una red comercial de Israel en Colombia.

Ante estos hechos, el Consejo Gremial Nacional subrayó que “el asedio ejecutado contra los empleados de la Andi y sus familias en Bogotá, Cali y Medellín es un acto inadmisible que amenaza su integridad y libertades individuales”.

El organismo consideró que el respeto por los derechos ciudadanos no debe supeditarse a los intereses de actores políticos: “el respeto a los derechos de cada uno de los ciudadanos no puede estar subordinado a los intereses electorales de actores políticos”, añadió el gremio.

Además, advirtió sobre el uso de términos que pueden escalar situaciones de violencia: “el Consejo Gremial Nacional rechaza el uso de lenguaje estigmatizante que incita a la violencia poniendo en riesgo la vida y bienestar de los colombianos”.

Por su parte, la AmCham Colombia, que representa a empresas con intereses en Estados Unidos, consideró inaceptable que la Andi se convierta en objetivo de protestas relacionadas con asuntos ajenos a su misión.

En palabras de la entidad, “el Estado debe proteger la vida, la honra y los bienes, y la ciudadanía no puede abusar de sus derechos. Nada en el derecho a manifestarse ampara estigmatizar o paralizar a una organización por temas que no le competen”.

Sostuvo, además, que los actos ocurridos en la sede de Bogotá, incluyendo “concentraciones nocturnas, episodios de violencia y amenazas de continuidad”, vulneran libertades fundamentales como el derecho de asociación, el trabajo, la propiedad y la libre empresa.

La cámara colombo-estadounidense también extendió su apoyo a los empleados y empresas alcanzadas por estos eventos, solicitando tanto al Gobierno Nacional como a la Fuerza Pública medidas para “garantizar la protesta sin violencia, proteger a las personas e instalaciones, prevenir y contener el acoso, y actuar frente a quienes incurran en daños o amenazas”.

Según su pronunciamiento, “permitir que la protesta derive en señalamiento y coacción contra un gremio sienta un precedente peligroso y desconoce obligaciones: proteger personas y bienes, preservar la convivencia y actuar con protocolos proporcionales y verificados”.