El fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra siete exintegrantes de las extintas Farc-EP desató una nueva ola de críticas; esta vez, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, publicó un extenso hilo en su cuenta oficial en la red social X, en la que compartió su rechazo frontal a la decisión de la Sección de Reconocimiento de Verdad del mecanismo de justicia transicional.
Rodrigo Londoño, alias Timochenko; junto con José Lisandro Lascarro, alias Pastor Alape; Jaime Alberto Parra, alias El Médico; Jorge Torres Victorias, alias Pablo Catatumbo; Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Lozada; Rodrigo Granda, alias Ricardo Téllez; fueron hallados responsables de graves delitos como el secuestro masivo de más de 21.000 personas, torturas, tratos crueles y actos de violencia sexual durante el conflicto armado.
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Todos reconocieron su participación y aceptaron su responsabilidad, lo que permitió la imposición de sanciones propias bajo los parámetros de la justicia transicional. Las penas consisten en restricciones de derechos y libertades por un periodo de cinco a ocho años, así como la ejecución de proyectos de contenido reparador en favor de las víctimas.
Pero, la lectura del fallo por parte de la JEP no dejó satisfecha a la congresista Valencia, que cuestionó abiertamente los alcances jurídicos y morales de la sentencia. A través de siete puntos, desglosó lo que considera graves fallas que dejan al país “sin garantías reales para las víctimas”.
“¿Ocho años de espera para esto?”, preguntó Valencia en el primer mensaje. “La JEP condena a siete exjefes de las FARC por 21.396 secuestros masivos, reconocidos como crímenes de guerra y lesa humanidad. Sentencia: sin cárcel, con plata de los colombianos y cero garantías reales para las víctimas (sic)”.
En el primer punto de su publicación, Valencia se refirió a la permanencia de los exjefes guerrilleros en la política. Según ella, “los criminales de lesa humanidad siguen en la política. Exjefes guerrilleros llegaron orondos y sonrientes al Congreso, pese a las condenas. Son una burla a los colombianos”.
Luego cuestionó el tiempo que tomó la JEP para emitir la sentencia. “Justicia tardía: Ocho años para el primer fallo es una vergüenza. ¿No habían prometido celeridad en el acuerdo de paz de 2016?”, escribió, al lanzar un señalamiento directo a los compromisos asumidos durante la negociación entre el Estado colombiano y las Farc, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Otro de los puntos más duros de su crítica apuntó al tipo de sanción que recibirán los responsables. Valencia rechazó que los sentenciados no vayan a prisión, y afirmó que las penas no guardan proporcionalidad con la magnitud de los delitos cometidos.
“Sanción sin cárcel: Ocho años de trabajos sociales no equivalen al daño de miles de víctimas. La sanción no es proporcional, y su cumplimiento es incierto, según informes de la misma JEP”, se lee en una de sus publicaciones.
Uno de los aspectos que más genera desconfianza entre los sectores que criticaron el funcionamiento del mecanismo de justicia transicional es la falta de resultados visibles en la búsqueda de desaparecidos. La senadora abordó este tema en el cuarto punto de su mensaje: “La JEP ha exhumado fosas de militares y paras, pero ¿y las de las Farc? Solo unos 200 cuerpos identificados hasta ahora, y la deuda central persiste sin información clara de los condenados”.
La ausencia de un plan detallado para la implementación de las sanciones también fue parte del señalamiento: “Sentencia sin plata ni plan: No hay cronograma detallado, y el presupuesto vendrá de impuestos públicos. ‘Implementación progresiva’ suena a dilación eterna para las familias afectadas”.
En otro mensaje, criticó lo que ella considera una improvisación por parte de la jurisdicción. “Proyectos que acaban antes del tiempo: Y nadie sabe qué sigue. Sin tareas sustitutas definidas, la sanción se diluye, dejando a víctimas sin reparación real”, señaló la precandidata presidencial.
Valencia apuntó a la ausencia de garantías efectivas para evitar la repetición de estos crímenes: “Hablan de no repetición, pero no hay garantías para desmantelar economías criminales: Sin afectar redes, rutas ni finanzas de las disidencias, el riesgo de reincidencia sigue vivo”.