La reciente restitución de EPS Sanitas al Grupo Keralty, tras el fallo de la Corte Constitucional que revocó la intervención estatal, ha dado lugar a un reclamo público de la compañía al Gobierno colombiano.
Keralty exige el cumplimiento inmediato e integral de la decisión judicial, la reparación de los daños ocasionados durante los 17 meses de administración estatal y la adopción de medidas que garanticen la estabilidad financiera y eviten la repetición de intervenciones similares.
La empresa sostiene que la intervención, calificada por ellos como “ilegal y devastadora”, dejó secuelas profundas en el sistema de salud y en millones de usuarios.
En un manifiesto titulado “Un grito por la verdad, la justicia y la reconstrucción”, Keralty instó al Ejecutivo a asumir responsabilidades y a actuar con rapidez frente a los daños generados.
La compañía advirtió que desconocer el fallo representaría un nuevo atentado contra el Estado de Derecho y subrayó la urgencia de reparar el daño incalculable causado a la red de atención, al personal sanitario y a los usuarios.
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Lo que Keralty exige al Gobierno Petro
Entre las principales exigencias, el grupo solicitó el pago inmediato de las deudas pendientes con Sanitas y otras Entidades Promotoras de Salud (EPS), con el objetivo de asegurar la estabilidad financiera del sistema y la continuidad en la prestación de servicios.
Keralty también reclamó el cese definitivo de las campañas de desinformación que, según su denuncia, han buscado minar la confianza en el modelo de aseguramiento y sembrar división y desconfianza en la sociedad colombiana.
Además, la compañía planteó la necesidad de establecer garantías institucionales sólidas que impidan la repetición de intervenciones administrativas de este tipo, calificadas como un ataque directo a los derechos fundamentales en salud.
El manifiesto describe las consecuencias de la intervención estatal como una “tragedia de dolor silencioso” y atribuye al Gobierno una actitud “irresponsable y antihumana” al intentar, según la empresa, ahogar el modelo de salud.
La organización sostiene que la escasez de medicamentos esenciales, el colapso de las redes de atención y la erosión del sistema de salud son el resultado de una transformación improvisada, sin planificación ni humanidad.
“La actitud irresponsable y antihumana del Gobierno, al intentar ahogar el modelo de salud ha generado una tragedia de dolor silencioso y, en muchos casos, consecuencias irreparables”, señala el manifiesto.
Keralty también denunció la persistencia de campañas de desinformación y exigió que quienes orquestaron, ejecutaron o respaldaron con su silencio la estrategia de intervención respondan ante la justicia.
“Quienes orquestaron, ejecutaron o respaldaron con su silencio esta estrategia destructiva deben rendir cuentas. El daño causado, en muchos casos irreparable, no puede quedar en la impunidad”, afirma el documento firmado por Joseba Grajales Jiménez, presidente de Keralty.
Para Grajales, la jornada de restitución no representa un motivo de celebración, sino de duelo e indignación por el daño causado.
El presidente de Keralty recalcó que la organización no busca venganza, sino justicia y que los responsables enfrenten a los tribunales.
Con la recuperación de EPS Sanitas, Keralty anunció el inicio de una etapa de reconstrucción, aunque advirtió que revertir los efectos de la intervención estatal requerirá un esfuerzo sostenido y la colaboración de todos los actores involucrados.
En la mañana del lunes 8 de septiembre Juan Pablo Rueda, presidente global de salud de Keralty, se refirió en entrevista con Blu Radio al que se refirió como “deterioro financiero creciente, inédito, de un gran tamaño”, además de un deterioro en el servicio, lo que se ha visto reflejado en quejas y tutelas.
“Las quejas han aumentado más de 40% desde la intervención, así como las tutelas y los desacatos. Allí tenemos problemas operativos muy fuertes”, dijo Rueda, que enfatizó en la estrategia de recuperación de la normalidad de la operación, mejorando redes de atención, acceso a medicamentos, oportunidades de acceso a ciertos servicios, donde están los focos principales.
“Lo que tienen que esperar los usuarios es que esto mejore, pero ciertamente no lo podremos llevar al estado inicial previo a la intervención, mientras el Gobierno no participe por lo que es su responsabilidad”, dijo.
Frente a la entrega de medicamentos, se habló de fortalecimiento de capacidad de respuesta para disponibilidad de medicamentos.
Asimismo, Rueda plantea acercamientos con la industria farmacéutica para enfrentar escases en zonas vulnerables.