El Ministerio de Defensa anunció una serie de medidas orientadas a fortalecer la seguridad y la capacidad de respuesta frente a emergencias en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El plan contempla la llegada de nuevas unidades marítimas, el incremento de pie de fuerza en la Policía Nacional y proyectos logísticos de largo alcance.
En materia naval, está prevista la incorporación de tres embarcaciones: un bote de interdicción rápida, un bote insular construido en Cartagena y otra unidad proveniente de la cooperación con Estados Unidos. Estas naves se sumarán a las ya operativas en la zona y buscan mejorar el control marítimo, las labores de vigilancia y el apoyo a las operaciones contra actividades ilícitas. Adicionalmente, avanza el desarrollo de un buque logístico con capacidad superior a las 550 toneladas, concebido para prestar apoyo en situaciones de desastre, evacuar residuos y transportar recursos hacia las islas.
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“Estamos reforzando la seguridad y la capacidad de respuesta en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Llegarán tres nuevas unidades marítimas: un bote de interdicción rápida, un bote insular construido en Cartagena y otro apoyado por EE. UU. Además, avanza el proyecto de un buque logístico de más de 550 toneladas, clave para atender emergencias y retirar residuos”, se lee en un comunicado emitido desde la cartera de seguridad de Colombia.
El componente de seguridad interna también será reforzado. Según la información oficial, se incorporarán 35 policías adicionales, se duplicará el personal de Policía Comunitaria y entrará en funcionamiento un grupo Gaula, especializado en la lucha contra la extorsión y el secuestro. Asimismo, se fortalecerán las capacidades de investigación criminal con el fin de enfrentar con mayor efectividad fenómenos delictivos asociados a economías ilegales.
Con estas medidas, el Gobierno busca aumentar la protección de los habitantes y de los visitantes del archipiélago, al tiempo que se generan mejores condiciones para responder a emergencias naturales, un aspecto crucial en un territorio que con frecuencia enfrenta la temporada de huracanes en el Caribe.
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Gobierno de Colombia: Contra el fantasma de la descertificación
El posible retiro de la certificación antidrogas de Estados Unidos a Colombia se posiciona como una amenaza directa al equilibrio de la cooperación bilateral en seguridad y a la lucha contra el narcotráfico, que actualmente enfrenta su periodo más complejo en años. Así lo resaltó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien, durante una visita al municipio de Villagarzón (Putumayo), advirtió que cortarle a Colombia el respaldo estadounidense “beneficiaría a los narcotraficantes y sería una derrota para las naciones y sus alianzas internacionales”.
Sánchez explicó que la certificación constituye mucho más que un procedimiento burocrático. Según sus declaraciones a AFP, “ganan los ilegales, pierden las naciones. La certificación de alguna manera es un símbolo de cooperación, de alianza, de confianza, pero también de capacidades, de un apoyo importante para que nosotros podamos actuar más con mayor contundencia”.
En un entorno de diplomacia tensa entre Washington y Bogotá, donde la administración de Donald Trump debe definir en las próximas semanas la continuidad del multimillonario apoyo militar, la preocupación crece en el gobierno colombiano. Este respaldo resulta esencial para sostener las operaciones conjuntas dirigidas a frenar tanto cárteles del narcotráfico como guerrillas, organizaciones que continúan financiando su accionar armado a partir del tráfico internacional de cocaína.
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El propio Sánchez lideró una jornada de erradicación de cultivos ilegales junto a campesinos, extrayendo plantas de coca —materia prima de la cocaína— como parte de los compromisos oficiales con la sustitución de cultivos ilícitos. En ese contexto, subrayó: “La certificación representa un reconocimiento a la colaboración entre nuestros países y respalda el apoyo financiero, logístico y técnico, esencial en las operaciones conjuntas”.
Las cifras evidencian la magnitud del reto. De acuerdo al Ministerio de Defensa, “en el último mes y medio (desde mitad de julio y agosto de 2025) se han inhibido 802 ataques de este tipo”, en referencia a ofensivas mediante drones y artefactos explosivos lanzados por grupos armados. Además, los servicios de inteligencia calculan unos 22.000 integrantes activos en guerrillas y estructuras narcotraficantes operando actualmente en el país.
Pese al énfasis de la actual administración en abordar las causas sociales del conflicto y transformar el enfoque de la “guerra contra las drogas”, el ministro Sánchez sostuvo que la estrategia represiva sobre el terreno permanece activa. “Colombia tal vez es de los países que con mayor contundencia, integralidad, ataca el narcotráfico. (...) Es tal vez el país que más pone muertos”, afirmó. Añadió, al referirse al alcance gubernamental: “Tenemos una conciencia totalmente tranquila de haber entregado absolutamente todo. Aquí hay un empeño absoluto”.
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