El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, encendió las alarmas el sábado 6 de septiembre tras reportar un grave hecho ocurrido en el municipio de Marinilla, en el oriente del departamento. A través de su cuenta en X, el mandatario informó que un ciudadano, identificado como Sebastián López Jaramillo, fue interceptado por varios individuos que vestían chaquetas similares a las de la Policía Judicial (Sijín).
De acuerdo con el reporte oficial, los sujetos obligaron a la víctima a subir a un vehículo particular, lo que inicialmente generó confusión entre la comunidad. Sin embargo, tras la verificación adelantada por las autoridades, se confirmó que el automóvil utilizado en la retención no pertenece a la Policía Nacional de Colombia, lo que descarta de inmediato que se tratara de un procedimiento judicial legítimo.
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La situación adquiere mayor preocupación debido a que en Marinilla y otros municipios del Oriente antioqueño tienen presencia activa estructuras criminales como el Clan del Golfo y el grupo delincuencial organizado El Mesa, según lo advirtió el propio gobernador Rendón en su mensaje. Estos grupos son señalados de mantener economías ilegales y de protagonizar hechos violentos que afectan la tranquilidad de la región.
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Aunque no se ha establecido con claridad quiénes estarían detrás de la retención de Sebastián López Jaramillo, el contexto criminal de la zona obliga a las autoridades a contemplar todas las hipótesis, incluida la participación de estas organizaciones delincuenciales que operan bajo distintos mecanismos de intimidación.
El gobernador pidió a los habitantes de Marinilla y de los municipios vecinos colaborar activamente con las autoridades. En su publicación señaló que es fundamental que la comunidad aporte información veraz y oportuna que permita dar con el paradero de López Jaramillo, así como con la identificación de los responsables del hecho.
“Por favor entregar información a las autoridades que permita dar con el paradero de esta persona e identificar a los sujetos que se lo llevaron”, manifestó Rendón, señalando la importancia de la cooperación ciudadana para avanzar en la investigación.
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Recrudecimiento del conflicto en Antioquia
El norte de Antioquia atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años en materia de orden público. El avance de estructuras armadas ilegales, la disputa por corredores estratégicos y el control de economías ilícitas reavivaron un conflicto que parecía superado en varias zonas del departamento. Como consecuencia, la población civil se convirtió en la principal víctima de una guerra que, lejos de cesar, se intensifica con el paso de los meses.
El último episodio ocurrió el miércoles 3 de septiembre, en la vereda El Ceibo o Buenavista, jurisdicción de Ituango. Allí, tropas del Ejército Nacional sostuvieron un enfrentamiento armado con integrantes de la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del Clan del Golfo. Según el reporte de la Séptima División, los uniformados fueron atacados desde una zona boscosa y desde viviendas campesinas, lo que generó una situación de alto riesgo para los habitantes.
La denuncia más grave de la Fuerza Pública es que los miembros del Clan del Golfo utilizaron a los pobladores como escudos humanos, disparando de manera indiscriminada contra las tropas desde lugares habitados. Este comportamiento, señalaron las autoridades militares, constituye una violación flagrante de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, pues pone en riesgo directo la vida de la comunidad.
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En medio de la confrontación, las unidades del Ejército capturaron a cuatro integrantes de la estructura armada y reportaron la muerte de dos más, quienes portaban uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, fusiles y material de guerra. No obstante, el saldo más doloroso fue la muerte de una civil, Nohelia Monsalve Tobón, de 65 años, madre del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda y de una auxiliar de enfermería del hospital local.
El fallecimiento de Monsalve Tobón reflejó con crudeza cómo la confrontación entre grupos ilegales y la Fuerza Pública arrastra consigo a personas que nada tienen que ver con el conflicto. Tras confirmarse el deceso, el Ejército aseguró la zona para facilitar las labores de Policía Judicial y permitir el levantamiento del cuerpo.